Dicen en el Gobierno del Estado que ya preparan entrevistas para el director de publicidad e imagen de Francisco Vega de Lamadrid, Jorge Cornejo Manzo, donde declarará que “el problema es personal” con él, por parte de periodistas de Baja California. Con esa estrategia pretenden minimizar la solicitud firmada por 42 periodistas, entre directores de medios, editores y reporteros, para que se audite, se investigue y se fiscalicen los recursos de la Coordinación de Comunicación que, de viva voz de directores y reporteros de medios, han sido utilizados de manera sistemática en los últimos tres años para manipular líneas editoriales, quitar notas, evitar que se toquen temas y sacar de circulación información que “perjudique” al titular del Poder Ejecutivo estatal. Reduciendo el problema de la estrategia gubernamental de comunicación a un “pleito personal”, es como pretenden neutralizar el caso que ha sido tomado por el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Universidad de Texas, medios nacionales como Proceso, Aristegui Noticias, Sin Embargo y El Universal; así como organismos como la Asociación Política de Baja California y la Federación Baja California de la COPARMEX, diputados del PES y el PT, entre otras entidades y muchos ciudadanos que han dado su respaldo a los periodistas. La otra estrategia, aseguran, es que la Procuraduría General de Justicia del Estado inicie una investigación para que llame a declarar a los periodistas (no se sabe si a los 42 o solo a unos cuantos) para que “aporten pruebas” y hacerle el trabajo al gobierno. Sorprende la actitud de Vega de Lamadrid, quien mandó publicar un desplegado donde da su “apoyo irrestricto a la libertad de expresión”, pero ha hecho mutis a la solicitud de los periodistas al no pronunciarse sobre el tema y mucho menos iniciar la investigación solicitada que, vaya, en un gobierno transparente, no tendría nada de malo. ¿O sí?
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