Era ridículo. Los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, se documentó en expedientes ministeriales y judiciales en el segundo lustro de los noventa, pagaban un millón de dólares al mes por la impunidad que les privilegiaba vivir fuera de las rejas, a pesar de ser los narcotraficantes más buscados.
El millón de billetes verdes se iba en pagar a oficiales corruptos, agentes del Ministerio Público deshonestos, policías municipales, judiciales y federales para que les protegieran, y a funcionarios de la Procuraduría General de la República para que les notificaran de cualquier operativo establecido para lograr su captura.
Para los dineros del narco generados por la venta de droga y el trasiego a los Estados Unidos, así como del lavado de dinero, el millón de dólares destinado para corromper funcionarios del Estado Mexicano, resultaba una bicoca.
Por eso llamaba la atención que el gobierno de los Estados Unidos que los buscaba desesperadamente para juzgarlos por asociación delictuosa, introducción de droga, homicidio y organización criminal, ofreciera 5 millones de dólares por su captura. Si aquellos pagan un millón mensual, fácil podían comprar a sus delatores con más de lo que el gobierno ofrecía por información que llevara a su captura.
Lo mismo ocurrió con los capos más notorios en México. Ilustra el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, un hombre cuya fortuna según la revista Forbes, estaba valuada en mil millones de dólares y por el cual la Procuraduría General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que llevara a su captura.
Resultaba más fácil para el de Badiraguato, Sinaloa, comprar oficiales y voluntades por arriba de los 30 millones, que ser delatado para su captura. De hecho, las tres ocasiones que Joaquín Guzmán ha sido capturado por la autoridad mexicana, aquello no fue producto de una delación, sino de información proporcionada por corporaciones de inteligencia y operación de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ahora resulta ridículo que la propia PGR ofrezca 15 millones de pesos a quien proporcione información que lleve a la captura de Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, y por Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, ambos priistas, ambos en su momento cercanos al hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Si por sus desvíos les conoceréis, en 2015 la deuda heredada por Yarrington estaba tasada casi en mil millones de pesos, mientras la dejada por Javier Duarte -y reconocida por él- llegaba a los 44 mil millones de pesos. Además, de sus transas mucho se sabe. Propiedades en el extranjero, lujos en territorio nacional, lores de los bienes y raíces, y magnates de vehículos de todo tipo: de terreno, aéreos y marítimos.
Quince millones de pesos por la cabeza de Tomás Yarrington, 15 millones por la de Duarte, cuando han defraudado al Estado mexicano por más, y han transado con intereses externos.
Al de Tamaulipas lo buscan por nexos con el narcotráfico desde 2012, luego que ese año el Buró de Investigación Federal (FBI) de los Estados Unidos, iniciara investigaciones sobre el mandatario por crimen organizado y lavado de dinero, en concordancia, se sospecha, con el entonces poderoso Cártel del Golfo. Mientras que al gobernador con licencia de Veracruz, lo investigan por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A los dos mandatarios, como a muchos otros que en la actualidad administran un Estado, el Gobierno de la República les puso las condiciones para que se fugaran. A pesar de las denuncias ciudadanas y de las investigaciones en los Estados Unidos, Yarrington pudo concluir su mandato y huir del o en el país que le ha dado fama, partido, cargos y dinero. A Javier Duarte el gobierno de Enrique Peña Nieto tardó en abrirle una averiguación previa para investigarlo. Lo hicieron hasta que los priistas sintieron el agua hasta el cuello y cuando la sociedad civil ya exigía la caída de algún gobernador acusado de corrupción y traición. Aun así, le permitieron solicitar licencia al cargo de gobernador, acudir a un programa televisivo para conceder una entrevista, y no volver a verlo más.
Hay quienes piensan que en política priista, las órdenes de captura y la recompensa contra dos gobernadores de los suyos, es una cortina de humo para aplacar la sed de justicia de la sociedad, y aparentar ir tras los de casa para que perseguir a los de oposición no parezca una cacería de brujas o una vendetta político electoral.
Solo tres ex gobernadores permanecen en prisión. Mario Villanueva, quien dirigió el Estado de Quintana Roo y fue procesado y sentenciado en México por narcotráfico, y extraditado a los Estados Unidos en 2010. Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, quien permanece en una cárcel de México, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Por último, Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, a quien después de conceder una entrevista a un programa televisivo (¿será requisito de políticos transas que esa sea su última aparición pública?), se le juzga por delincuencia organizada y lavado de dinero.
De detener a Tomás Yarrington y a Javier Duarte, sea por pitazo de autoridad extranjera, por delación o porque se entregan -se duda que por capacidad del Ministerio Público-, serían cinco los ex mandatarios juzgados. Cuatro priistas y un panista. Pero esa es una posibilidad entre todas las que tienen de corromper con los millones de pesos que defraudaron a sus Estados.
Ahora los gobernadores tienen la misma capacidad corruptora de los capos de los cárteles mexicanos, y son acusados de los mismos delitos. La narcopolítica en su máximo esplendor.
