El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Tarek Abdalá Saad, ex Secretario de Finanzas de Veracruz y personaje cercano al gobernador interino Javier Duarte de Ochoa, fue inhabilitado por la Contraloría General del Estado, por un periodo de 10 años, para desempeñar un cargo en el servicio público.
La dependencia, encabezada Ricardo García Guzmán, emitió un procedimiento disciplinario administrativo con número 171/2015, con dicha resolución “tomando en cuenta los parámetros y tasación del elemento gravedad”, según lo informó el diario de circulación nacional Reforma.
Tarek Abdalá se desempeñó como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefilpan) en la administración de Duarte, de febrero del año 2012 a abril de 2014. La Contraloría inició el procedimiento contra el diputado a petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado las observaciones sobre el manejo de fondos federales del año 2014.
Según el rotativo, las acusaciones versan por presunta desviación de recursos destinados a Educación y Salud, de más de 300 millones de pesos. Además, la sanción establecida por la Contraloría ocurrió porque la falta rebasa mil veces el salario mínimo, además del incumplimiento de su responsabilidad como funcionario.
Hace un par de días, el bufete de abogados Viades, Llanes y Asociados, comenzó una petición en la plataforma de ciberactivismo Change.org para que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en el estado de Veracruz.
Con apenas 159 firmantes la petición se fundamenta en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se prevé la posibilidad de que la Cámara alta determine la desaparición de poderes en un Estado, y nombre un gobernador provisional.
“En México, esta decisión ha sido tomada para otros Estados en circunstancias mucho menos graves que las que acaecen actualmente en Veracruz, en donde es evidente que el orden jurídico está violentado: la sede del Poder Ejecutivo está tomada y hay una notoria incapacidad de quienes encabezan las instituciones para garantizar la gobernabilidad”, señala la petición.
Viades, Llanes y Asociados asegura que “de tomarse la medida, no se impediría que el gobernador electo entre en funciones el 1 de diciembre, ni que se instale le LXIV Legislatura del Estado”.
Los promoventes confían en que un gobernador provisional reinstaure el orden jurídico en los días restantes de noviembre y que se renueve en su totalidad el Poder Judicial del estado. Con las firmas suficientes, la solicitud se presentará a Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Hoy por la mañana, Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que las irregularidades en el uso de recursos públicos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, son “las más altas” que el organismo a su cargo ha detectado en sus 16 años de existencia, ya que el monto de las observaciones por los recursos cuyo uso no fue comprobado en Veracruz, sumado a las denuncias penales, asciende a 35 mil millones de pesos.
Entrevistado por diversos medios nacionales en San Lázaro, a donde acudió para la Entrega de Estados Financieros y Avances Académicos de las universidades públicas del País, Portal Martínez informó que la ASF ha presentado hasta el momento, 54 denuncias penales por irregularidades detectadas en el ejercicio de las finanzas públicas durante la gestión del gobernador con licencia de Veracruz.
