Atinadamente el alcalde de Tijuana hace un llamado público para que no se politice la inseguridad que se vive en estos momentos en Tijuana, ya que está en su más alto nivel de incidencia delictiva de todas las épocas, donde los partidos políticos se cruzan señalamientos de ser automáticamente responsables del alza en la criminalidad en Baja California.
Tales acciones de señalamientos cruzados dejan en evidencia a los dos niveles de gobierno (del estado y municipio), ya que precisamente la falta de coordinación ha sido la causa del desorden existente en las corporaciones.
Lo más grave es que ni el gobernador ni el presidente municipal de perdida ponen en su lugar o les llaman la atención a los mandos, porque la situación está empeorando en la seguridad de la sociedad, quienes somos los inocentemente blanco directo de los asesinatos por estar en el momento y en el lugar equivocado.
Los jefes encargados de la seguridad están enfrascados en su egolatría de que están haciendo las cosas bien, mientras que las corporaciones andan en la calle siendo comparsas de la inseguridad.
Sin dudarse que ya existen las evidencias de que los niveles de inseguridad alcanzaron a los años 2008 y 2009, así lo aseguran las organizaciones civiles y empresariales en sus reuniones, y los valientes se atreven a hacerlo público, como el presidente de la CANACO.
Pero en este broncón de inseguridad que tiene Baja California no debe de estar fuera de la jugada el gobierno federal, en cambio ningún partido político lo señala, o sea que sí están politizando este fenómeno que afecta a todos los bajacalifornianos, porque está claro que los tres niveles de gobierno no están coordinados para combatir al crimen organizado, ni a las bandas del narcomenudeo, y por supuesto los asaltos frecuentes a ciudadanos, robos domiciliarios, de vehículos, secuestros y ejecuciones, donde todos estos flagelos están en su mero apogeo. Nadie se salva, las noticias así lo señalan: secuestro de empresarios, policías ejecutados y balaceados.
El desorden en las corporaciones está a la orden del día, los testimonios de la sociedad así lo señalan: no hay orden. Policías que han sido detenidos extorsionando, otros cargando con droga y armas a los ciudadanos, personas inocentes con identificación que los suben a las patrullas para completar la cuota que les imponen los mandos (que son 14 detenidos por día y por patrulla) para recluirlos en la instancia de la vía rápida; destrucción de documentos de personas que son detenidas, extorsiones a los ciudadanos por parte de policías municipales y de tránsito, malos tratos, groserías, torturas (un claro abuso de autoridad), violación a los derechos humanos y a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero dicen los mandos que todo está bien, que no pasa nada. Se atreven a afirmar que todos los flagelos van a la baja. Les falta agregar que hay otros estados con mayor inseguridad. “Para qué nos preocupamos”.
Ramón Rosendo Otáñez Sánchez
Tijuana, B.C.
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