Con el antiguo sistema de justicia penal, Guillermo Padrés Elías y su hijo podrían permanecer en la cárcel mucho tiempo antes que se les dicte su sentencia. De ser condenatoria, la pena aplicable al ex gobernador de Sonora sería de entre 38 y 94 años de prisión. Formalmente preso por delincuencia organizada, defraudación fiscal equiparable y lavado de dinero, en diversas modalidades, aún podría ser enviado a un penal federal si pierde el amparo tramitado para permanecer en el Reclusorio Oriente
La pesadilla para el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, apenas comienza, luego que le fueron decretados dos autos de formal prisión en igual número de causas penales. Al sonorense le esperan largos juicios en el antiguo sistema de justicia, otros posibles cargos en la entidad que gobernó y el riesgo de que sea recluido en una prisión federal de máxima seguridad.
Tan solo de los primeros dos procesos instruidos en su contra, en caso de ser condenado, Padrés podría ser sentenciado a una pena que va desde los 38 hasta los 94 años de cárcel. Sus abogados consideran injusta la captura y los autos de bien preso, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) asegura se trata de una investigación sólida, seria y bien fundamentada, sometida a la sanción judicial.
El mismo derrotero sigue al hijo del ex mandatario, Guillermo Padrés Dagnino, a quien también le fue decretado el inicio de un proceso penal por delincuencia organizada y se encuentra internado en el famoso Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano en el Estado de México, prisión que en un futuro podría albergar también al progenitor.
El juicio de garantías promovido el mismo día de su entrega, jueves 10 de noviembre, ha permitido a Guillermo Padrés Elías mantenerse en el Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, pero solo goza de la suspensión provisional de un amparo que no ha sido resuelto en el fondo. El Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la capital del país podría negar la protección solicitada por Padrés para no ser trasladado a un penal federal.
En Sonora continúan las investigaciones para comprobar un faltante de 10 mil millones de pesos durante la administración que encabezaba el hoy encarcelado y que denunció la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado. En su momento, el órgano fiscalizador acumuló mil 500 observaciones sin solventar, correspondientes al sexenio del panista.
Entre los principales faltantes señalados, resaltan 2 mil 200 millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del ISSSTESON; 600 millones que el Poder Legislativo concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el transporte urbano; y 60 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Agricultura estatal sin que se haya presentado la documentación comprobatoria.
Tampoco se ha llevado a juicio al ex gobernador por las imputaciones que formuló en su contra Gisela Peraza Villa, quien trabajó nueve años como niñera de los hijos del ex mandatario y fue encarcelada porque supuestamente robó 600 mil pesos entre efectivo y joyas. Luego de ser absuelta, la mujer denunció penalmente a su ex patrón y otros funcionarios por tortura y abuso de autoridad.
Fraude fiscal y lavado de dinero
En el asunto por el que se entregó a las autoridades, Guillermo Padrés Elías recibió su primer auto de formal prisión el miércoles 16 de noviembre. En la causa penal 55/2016, el Juez Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, decretó el inicio del periodo de instrucción en contra del ex funcionario por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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En el cargo por defraudación fiscal equiparada, se estima que Padrés habría incurrido en la modalidad de “al que consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos conforme a las leyes”, delito que no es calificado como grave y que tiene derecho a la libertad provisional bajo caución.
En cuanto a la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que sí está catalogado como grave y no tiene derecho a libertad bajo fianza, el juzgador encontró acreditada la presunción de que el imputado habría incurrido en las siguientes hipótesis:
* Transferir por sí, recursos de territorio extranjero al territorio nacional, cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita.
* Ocultar el origen de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita.
* Ocultar el destino de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita.
* Ocultar la propiedad de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita.
Padrés Elías no se acogió al beneficio de la libertad bajo caución respecto del delito de carácter fiscal, ni tampoco solicitó la sustitución de la prisión preventiva por alguna otra medida cautelar en el caso de lavado de dinero, derecho que le asiste de acuerdo a la última reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y que está plasmada en el Transitorio Quinto.
Delincuencia organizada
En la misma fecha, pero en la ciudad de Toluca, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó un segundo auto de formal prisión al ex gobernador de Sonora, en la causa penal 25/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de tres delitos calificados como graves; razón por la cual no tiene el beneficio de la libertad provisional bajo caución.
Nuevamente se enjuicia a Padrés Elías por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en dos hipótesis:
* Quien por sí y por interpósita persona adquiera dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos; y
* Quien por sí deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, de dichos recursos.
Además, se le inició proceso penal por su probable participación en la conducta de delincuencia organizada, en la hipótesis de cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer el diverso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Esta resolución le fue notificada al inculpado en el Reclusorio Preventivo Oriente; en tanto, a Guillermo Padrés Dagnino, abogado e hijo del ex mandatario sonorense, preso en el penal del Altiplano, le fue dictado el auto de formal prisión por los mismos delitos.
El junior participaba como accionista del Pozo Nuevo de Padrés, empresa que recibió dinero de una cuenta del banco HSBC, registrada a nombre de su tío, Miguel Padrés Elías, y de Ernesto Alonso Castorena Fraire, ex funcionario del gobierno de Sonora, cuyos fondos son considerados por la PGR como irregulares.
También Guillermo Padrés Elías transfirió a la cuenta bancaria de su hijo, un millón 453 mil pesos, en depósitos de 20 mil a 50 mil pesos, durante varios años, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Reacciones opuestas
Entrevistado por medios de comunicación capitalinos, una vez enterado de los primeros fallos contra su cliente, el abogado Fernando Antonio Lozano Gracia aseguró que analizará las resoluciones para determinar si interpone el recurso ordinario de la apelación, o bien, un juicio de amparo en contra de los autos de formal prisión dictados contra los Padrés.
El que fuera procurador general de la República en la administración presidencial de Ernesto Zedillo, dijo que los jueces fueron influidos por presiones políticas y que en los Padrés encuentran “chivos expiatorios”.
Lozano Gracia, quien encabeza la defensa junto con los litigantes Julián Angulo Góngora y Juan José Medrano Castillo, enfatizó que existen graves violaciones de forma en la integración de las averiguaciones previas, entre ellas el monto de la acusación por lavado de dinero, que se señala es de 8.8 millones de dólares, a pesar de que en documentos se asegura son 1.2 millones de dólares.
Por su parte, la PGR emitió un comunicado de prensa en el que asegura que los hechos por los que es acusado Guillermo Padrés, son producto de una profunda y cuidadosa investigación, sin escatimar recursos humanos ni materiales.
“Se trata de una investigación sólida, seria y bien fundamentada, sometida a la sanción judicial”, refiere la información que celebra las resoluciones vertidas por dos jueces al vencer el término constitucional ampliado. En ambos casos, la PGR estima que ha aportado los elementos de prueba que han sido valorados y calificados como “suficientes para dictar los autos de formal prisión contra el mismo”.
Luego de resaltar que la dependencia federal es respetuosa de las determinaciones del Poder Judicial federal y de la libertad de expresión, remata su comunicado señalando que “… el combate a la corrupción es una prioridad toral del Gobierno de la República, como lo exige la ciudadanía. Con base en ello, la Procuraduría, y en específico, el Ministerio Público, han reiterado que todas las acciones den vigencia plena al Estado de Derecho”.
