Dentro de un par de semanas, los bajacalifornianos tendremos nuevos alcaldes. Gustavo Sánchez en Mexicali, Juan Manuel Gastélum en Tijuana, Nereida Fuentes en Tecate, Marco Novelo en Ensenada y Mirna Rincón en Rosarito. Tres del PAN, dos del PRI. Por primera vez en la historia del Estado, dos mujeres fueron electas Alcaldesas.
A los panistas en particular, habría que recomendarles que administren sus ayuntamientos con independencia del Gobierno del Estado que encabeza su correligionario de partido, Francisco Arturo Vega de Lamadrid. El mandatario estatal desafortunadamente no tiene buenas cuentas que rendir, como para seguirle el ejemplo o la política pública.
En materia de seguridad, el 2016 que aún no concluye, es el año más violento desde 2006. El año en que más personas han sido asesinadas (982 a octubre) relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico, en once años. Ni en la crisis de 2007 a 2010 que subió a Baja California en una estela de sangre producto de la guerra entre los cárteles Arellano Félix y Sinaloa, hubo tantos muertos de manera violenta como los ha habido en este tercer año de gobierno de Vega de Lamadrid.
Los cinco alcaldes por venir, tendrán la seria, delicada, responsabilidad de elegir a la persona que encabezará de entrada la Secretaría o Dirección de Seguridad según sea el caso. Quienes tendrán en su responsabilidad y facultad la prevención del delito e importantes áreas de investigación criminal y operación policíaca.
Hoy día tenemos en Baja California ejemplos de lo que no deben hacer los Alcaldes entrantes. Por ejemplo, la falta de coordinación con las áreas de investigación, inteligencia y operación de otras instancias como la Policía Estatal Preventiva. O, el nombramiento de personas sin compromiso ni experiencia en el desarrollo de estrategias de combate y prevención, como el caso de Tijuana, donde el actual Secretario de Seguridad Pública, llegó a sentarse en un escritorio y esperar el fin del trienio.
O la contratación de personas con intereses ajenos a la seguridad y la prevención, como sucedió en Tecate, con la elección del Presidente Municipal César Moreno de dejar en el cargo a quien ya había estado y no tenía precisamente buenas referencias, tan así que en aquel municipio los homicidios se incrementaron de una forma alarmante a la par que la presunción de corrupción policíaca comenzó a ser tema en corporaciones estatales, y evidencia de la descomposición en la prevención del delito.
Hay quienes, como Juan Manuel Gastélum Buenrostro, dicen que someterán a probación del Cabildo para la Secretaría de Seguridad, a quien le sugieran el Gobernador y el General Comandante de la II Zona Militar, Ricardo Bárcenas Rosiles, obviando dos importantes hechos:
1.- El Gobernador Vega ha mostrado poco compromiso por la seguridad. No es un tema del que sepa, del que declare, del que se siente a armar una estrategia, o del que sea experto a pesar que los números de delitos y de homicidios se han incrementado en los últimos tres años. Tan es así, que aceptó la permanencia de un experimentado Secretario como Daniel de la Rosa, para concentrar sus esfuerzos –es evidente– en otras áreas de mayor rédito.
2.- El General Bárcenas es, de los militares que han encabezado la II Zona Militar desde 2007, el más desapegado al tema de la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado que se haya tenido en Baja California. En parte por evidente actitud propia, aunque mayormente porque a la entrada del Presidente Enrique Peña Nieto, la orden a las Regiones Militares fue regresar a los cuarteles, dejar de perseguir a criminales, y ser solo coadyuvantes de las autoridades locales, y no cabezas, ni coordinadores, así como obviar áreas de inteligencia, retenes y operativos de combate al crimen.
En esas condiciones, y considerando que la coordinación entre las fuerzas del orden, las instituciones de seguridad y las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno en Baja California, es inexistente, los cinco futuros alcaldes tienen el compromiso de tomar la decisión de quién encabezará el área de seguridad en sus Ayuntamientos, especialmente considerando que la responsabilidad será solamente suya. Que de ellos dependerá el giro que tomen las corporaciones policíacas municipales en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
Esencialmente, los Alcaldes estarán solos en el tema de la seguridad/inseguridad, como lo estuvieron quienes en unos días dejarán la administración municipal. Si por lo sucedido en estos tres años de Gobierno de Vega nos guiamos, así será.
La labor que durante los seis años del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán desempeñó Daniel de la Rosa Anaya en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, está muy alejada de la que encabeza actualmente en el sexenio kikista. La diferencia es que en el pasado de la Rosa tuvo la confianza del Gobernador, la libertad para actuar, la coordinación con el General Alfonso Duarte, e incluso y a regañadientes, con el Procurador que fue Rommel Moreno Manjarrez. Hoy día ni uno de esos elementos es factor positivo en el contexto en el que se desempeña de la Rosa. Los resultados de ello, de esa descoordinación, de ese desapego con el tema de la inseguridad, de esa ausencia de otros liderazgos, se reflejan en que este 2016 aún sin terminar, es el año más violento en Baja California en los últimos once.
En este contexto, y otro más intrincado que observarán cuando reciban las Secretarías y corporaciones policíacas, respecto nóminas, administración, equipo táctico, unidades, talleres, corrupción, exámenes de control, evaluación y confianza, laudos, y otros, los futuros Alcaldes deben saberlo; es la seguridad, señores y señoras, ése es el punto a accionar.
