Este viernes 4 de noviembre toma lugar el “Foro Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad y su Derecho a Decidir” en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana (CECUT), empezando a las 9 de la mañana.
El Foro es el más completo que se haya realizado en la entidad respecto a este tema, aseguró la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Olvera, contando entre los expositores al Doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, José Bariffi, quien participó en la redacción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
Con el evento, se pretende acercar a Baja California las buenas prácticas internacionales en cuanto al respeto y protección al derecho de decidir de las personas con discapacidad intelectual, siendo que en el derecho vigente se encuentran figuras como la interdicción, lo que los priva de dicha prerrogativa.
Durante 2016 se han presentado en la entidad 36 quejas relacionadas a la violación de derechos de personas con discapacidad, contra 6 que se registraron en 2015, informó Olvera, siendo las autoridades más señaladas como responsables de dichas violaciones el Sistema Educativo Estatal (SEE), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana.
“En la discapacidad intelectual o discapacidad mental las principales barreras son actitudinales, son prejuicios que están en todos nosotros, porque vienen desde muchísimo tiempo, desde modelos históricos donde no se les ha dado a las personas con discapacidad esa personalidad jurídica, ese reconocimiento a la dignidad, la dignidad del derecho a decidir”, comentó Bariffi.
Esta concepción social y jurídica impide a las personas con discapacidad intelectual el tomar decisiones como casarse, tener hijos, votar o cambiar su domicilio, entre otras cuestiones de índole personal. Mediante la protección de estas personas a través de tutores o curadores, se nulifica su voluntad y se les segrega, apuntó el jurista, lo que no evita abusos contra los derechos de estas personas, sino que incluso empeora.
La apuesta del derecho internacional es establecer sistemas de apoyo informales de familiares y amistades y en caso de ausencia la intervención del Estado. Bariffi argumentó que cualquier persona consulta antes de tomar decisiones importantes, teniendo discapacidad intelectual o no.
“Hay que respetar el derecho a decidir de las personas con discapacidad y también la dignidad del riesgo, es decir, a equivocarse también”, concluyó.
