*Desde la tribuna del Congreso de Baja California diputados del PES, PT y el PRI, propusieron que las autoridades judiciales indaguen las denuncias de hostigamiento oficial hechas por periodistas en el estado
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*La diputada Agatón habló de la “…resistencia de algunos gobernantes que ejercen el poder de forma autoritaria y verticalista y para quienes la crítica resulta inaceptable”
*El legislador Luis Moreno propuso crear una Comisión Especial que incluya a profesionales externos para auditar el manejo del presupuesto de la Dirección de Comunicación del Estado, pero no tuvo respuesta
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El tema de la denuncia sobre la campaña de desprestigio que versiones públicas de reporteros, informaron, se pretende implementar desde el Gobierno del Estado en contra la titular de AFN Dora Elena Cortés y la codirectora de ZETA Adela Navarro Bello llegó al Congreso del estado donde en la sesión de pleno del jueves 10 de noviembre, tres legisladores –Blanca Patricia Ríos, del PRI; Claudia Agatón, del PT; y Luis Moreno, del PES– denunciaron los hechos, este último también propuso que se conforme una comisión camaral que investigue lo denunciado y en su caso que los funcionarios señalados sean separados de sus cargos.
Fue primero la diputada priista Blanca Patricia Ríos quien abordó el tema al que describió como uno de los hechos de mayor trascendencia en la opinión pública en los últimos días por considerarse va en contra de la libertad de expresión y atenta contra la integridad y ética de dos periodistas bajacalifornianas.
“En México ejercer el periodismo no ha sido sencillo, muchas vidas se han perdido en el ejercicio de esta profesión, y otras han sido calladas a través de la censura e intimidación utilizando la violencia y el efecto atemorizante en la vida de quienes han dedicado su existencia a informar a la sociedad”, expuso la joven legisladora.
Mencionó el caso concreto de Adela Navarro -codirectora de ZETA-, quien recientemente denunció públicamente la intención de emprender una campaña de desprestigio en su contra con la finalidad de detener el trabajo periodístico de investigación que ha venido realizando.
Calificó a la codirectora de ZETA como una de las periodistas más prestigiadas y refirió cómo la comunidad periodística nacional e internacional le ha mostrado su apoyo. La joven legisladora –hablando a nombre del grupo parlamentario del PRI– dijo condenar esta pretendida campaña en contra de mujeres y en contra del libre ejercicio de la libertad de expresión.
En el tema, se incluyó a la diputada y ex comunicadora Triny Vaca, quien a nombre de los diputados de la actual legislatura dijo pronunciarse por el libre ejercicio y respeto absoluto a de la libertad de expresión. “Es un derecho consagrado en nuestra Constitución y quienes ejercemos un cargo público estamos doblemente comprometidos en hacer validar su vigencia y cumplimiento”, expuso la legisladora postulada por el PAN.
En su turno, Claudia Agatón del Partido del Trabajo, mencionó la realidad mexicana donde la transición democrática no acaba de consolidarse por la resistencia de algunos gobernantes que ejercen el poder de forma autoritaria y verticalista y para quienes la crítica resulta inaceptable.
En ese contexto la diputada ensenadense recordó que del año 2000 a la fechan han sido asesinados 114 periodistas en México, a los que se suman 20 desaparecidos. “Me parece inaceptable y retrograda que en la actualidad existan presiones para acallar ese derecho a la libertad a un sinnúmero de periodistas”.
Luis Moreno, dirigente estatal y legislador por el Partido Encuentro Social también mostró su rechazo a la pretendida campaña de desprestigio contra las dos periodistas.
“Esta situación pone en evidencia que en Baja California la libertad de expresión no es un derecho respetado sino que la autoridad al verse exhibida por medios críticos eligen la peor de las soluciones en una democracia libre y participativa”, dijo en alusión a los intentos de echar andar campañas negras a través de portales y redes sociales contra el prestigio de Adela Navarro y Dora Elena Cortés.
El diputado pesista consideró que ambas periodistas no solo han puesto en alto el ejercicio del periodismo en la región, sino que además han contribuido al fortalecimiento de la justa participación de la mujer en asuntos de la vida pública.
“El que el gobierno pretenda atacar la vida privada de las comunicadoras no solo es un atentado a la libertad de expresión sino que además trata de coartar el derecho que tenemos los bajacalifornianos de estar debida y suficientemente bien informados”.
Moreno cuestionó el desplegado gubernamental publicado el pasado miércoles considerando que la respuesta a los señalamientos fue vaga, poco comprometida y sin asumir un liderazgo activo que plantea siquiera una investigación formal para deslindar responsabilidades.
“Exigimos una respuesta urgente de la autoridad estatal y que no solo deslinde responsabilidades, sino que inmediatamente separe de su cargo a las personas que han sido señaladas”, expuso el diputado Moreno.
Al final propuso crear una Comisión Especial –conformada por diputados, periodistas, colegios de contadores, auditores externos y el Orfis– que trate de investigar a cabalidad el manejo del presupuesto de la dirección de Comunicación Social del Estado.
Esto con la idea de confirmar lo que ha sido la opinión generalizada de que “el dinero público se usa para presionar, coaccionar y difamar a adversarios políticos y periodistas”, investigación que podría derivar en causas penales.
La sesión del pleno legislativo finalizó sin respuesta a esa propuesta.
