Con la entrega de 335 nuevos permisos de taxis, el Ayuntamiento de Mexicali despertó la inconformidad de transportistas, y también de los socios de Uber, a quienes se les pretende cobrar igual que a los vehículos del servicio público.
El martes 22 de noviembre, representantes de empresas del transporte público en Mexicali advirtieron que se ampararán contra la expedición de nuevas placas aprobada la semana pasada por el cabildo, mientras que taxistas afiliados a la CROM se apostaron frente al edificio municipal reclamando no haber sido incluidos en la repartición.
A su vez, los choferes de Uber entregaron alrededor de 5 mil firmas, exigiendo al gobierno municipal una reforma al reglamento de tránsito acorde al servicio que prestan –mismo que aseguran es privado–, y manifestando su inconformidad por las modificaciones recientes que les obligan a pagar 32 mil 500 pesos, los mismos que pagan los taxistas por sus placas.
Los representantes del transporte público alegaron que dentro del Plan de Modernización del Transporte –año 2004– se acordó no aprobar más permisos para taxis de ruta. Hacerlo ahora, mencionaron, es desleal, pues aseguran que han hecho “inversiones cuantiosas” para mejorar: 200 millones de pesos en los últimos años.
De paso cuestionaron que la medida fue aprobada sin tomar en cuenta al Consejo Consultivo del Transporte, cuyos integrantes dicen desconocer el presunto estudio utilizado para justificar el aumento de taxis.
Además, agregan que el proceso para entrega de placas no fue transparente y calculan que los 335 permisos significarán en el mercado negro un monto de 131 millones de pesos.
Por su parte, los taxistas de la CROM, quienes deseaban ser beneficiados con los permisos, señalaron que en el padrón relativo hay 96 mujeres que no son taxistas.
En la lista, además aparecen César López Padilla, ex titular de jueces calificadores y actualmente brazo derecho de Ricardo Aguilera en el PRI Municipal, así como Mauro Quintero Badilla, actual titular de Comunicación del Instituto de Cultura.
El abogado Jorge Valderrama, Director de Políticas Públicas de Uber en Mexicali, dijo que el año pasado la Cofese (Comisión Federal de Competencia Económica) recomendó a los gobiernos de los estados regular este servicio haciendo hincapié en que no era un servicio de transporte público, y que de hacerlo de esta manera se correría el riesgo de que los beneficios de la innovación y la tecnología se perdieran.
El representante dijo que en Mexicali cuentan con más de 2 mil socios dados de alta en la plataforma y con el 15 por ciento de la población cachanilla como usuarios. “Es un servicio privado, es un acuerdo entre particulares donde la aplicación Uber media el acuerdo entre el socio conductor y el usuario”, sostuvo el abogado.
“Tal y como lo está haciendo ese documento, no existe otro documento igual en el país que regule a Uber como servicio de transporte público”, concluyó el abogado.
Luego, los líderes de choferes de la CTM, Ricardo Aguilera y Rubén Quiñonez, así como Benjamín Correa de la CROM –pese a que un grupo de la organización se manifestó- y Fermín Vega de los radiotaxis, respaldaron al Ayuntamiento de Mexicali, asegurando que en la entrega no hubo actos de corrupción, y que se cumplieron lineamientos del reglamento.
Sostuvieron que en el listado hay taxistas, sus familiares y empleados de empresas transportistas.
105 juegos de placas se distribuyeron en las rutas de taxis que ya están funcionando, 25 van para sitios convencionales, 100 para 18 empresas de radiotaxistas y 105 permisos se destinarán para una nueva modalidad de taxis ejecutivos.
