Ya no son únicamente periodistas quienes exigen al Estado una respuesta y una investigación por sus políticas y el manejo discrecional de los millones de pesos que se ejercen desde la partida de Comunicación Social y Publicidad. Empresarios se unen al reclamo, al igual que sociedad civil. Jorge Cornejo, en la mira de los Ministerios Públicos
Por órdenes de su titular y a partir de una denuncia pública hecha por más de 40 periodistas en Baja California, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una averiguación previa para esclarecer los posibles delitos que se han cometido desde la dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja California.
En otras palabras, será una dependencia del Poder Ejecutivo que encabeza Francisco Vega de Lamadrid la que persiga mediante una investigación a los empleados del propio mandatario, particularmente su jefe de imagen, Jorge Alberto Cornejo Manzo.
Por ello, en una carta pública y una entrevista con ZETA, la Asociación Política de Baja California (APBC) condenó en forma enérgica la campaña difamatoria orquestada desde el Estado y el mal uso de los recursos públicos; asimismo, solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE),
“Ante la falta de interés, que se entiende como un aval a la impunidad que ha mostrado el Poder Ejecutivo de Baja California, demandamos una intervención pronta y expedita” de la justicia federal.
De igual forma, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) exigió una indagatoria imparcial mediante la creación de un grupo interdisciplinario coordinado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), lo anterior fue dado a conocer por Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión de Derecho Democrático de la cámara empresarial.
En la mesa donde se pidió una investigación a Francisco Vega de Lamadrid y castigar a los responsables de los actos de hostigamiento, estuvieron presentes, Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de COPARMEX; Francisco Fiorentini Cañedo, presidente de COPARMEX Mexicali; y Jorge Nava Jiménez, presidente de COPARMEX Ensenada.
Coparmex y Canaco exigen al gobernador
Por su lado, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) se sumó al tema. “Por el bien de la libertad de expresión y del propio gobierno”, Gilberto Leyva, su presidente de Tijuana, exhortó al Ejecutivo investigar a fondo y esclarecer las cosas.
El dirigente de los comerciantes anotó que no se debe intentar coartar el derecho a la libertad de expresión por medio de campañas negras como las señaladas por los periodistas, ni de presiones o amenazas de quitar u otorgar publicidad a cambio de acallar o promover acciones del gobierno. Para que la situación “no pase a mayores, el gobernador debe hacer una aclaración”, insistió Leyva.
El que calla otorga, y el gobierno hizo mutis
A pesar que la carta firmada y publicada por decenas de periodistas estuvo dirigida al gobernador, al encargado del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado, de la Contraloría del Estado, de los diputados federales, únicamente y a petición de ZETA, fue la titular de la PGJE quien explicó que la investigación la encabezaría el subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza.
El jueves 17 de noviembre, frente a la prensa, Perla del Socorro Ibarra declaró: “Todo lo que a nosotros nos llega al área de la procuraduría, lo remitimos al subprocurador de zona para su análisis. Entonces el subprocurador, a él se la voy a remitir… Como ahí (en la denuncia pública) se habla de generalidades, tendrá que hacer la investigación para determinar si existió la comisión de un delito”, comentó la procuradora.
De ahí en fuera, excepto dos diputados locales, (Luis Moreno Hernández, del PES y Blanca Patricia Ríos, del PRI) fijaron un posicionamiento en defensa de los comunicadores y señalando al Poder Ejecutivo.
La denuncia de los periodistas que se hizo a través de un documento, refiere que “las conductas de funcionarios del Gobierno del Estado, que han actuado con indicaciones, complacencia o ignorancia del Gobernador del Estado, son inéditas en Baja California”.
Y remembró que en 2015 el gobierno “rechazó (refiriéndose a un diario) la política de chantaje…”.
El documento de los periodistas agrega: “Esa expresión, describe el actuar, actitud y comportamiento de uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Alberto Cornejo Manzo, quien ha sido señalado por directivos y periodistas (…) por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender neutralizar las revelaciones de la corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad…”.
Ni el gobernador, ni el contralor, ni el titular en funciones del ORFIS, ni un diputado federal, salvo el senador Marco Antonio Blásquez, se han pronunciado.
