Héctor Díaz Cervantes, consejero de la Judicatura, representó a la aseguradora MetLife en un juicio por incumplimiento de contrato a una paciente de cáncer. La compañía rechazó pagar el tratamiento médico por alegar una falta de pago, argumento que resultó ser falso. El Juez Tercero de lo Civil sentenció a favor de los afectados, pero cuando Díaz Cervantes asumió funciones como consejero, redujo a una cantidad mínima el monto a pagar
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A sus más de 60 años de edad, tres de los cuales los pasó en tratamiento contra el cáncer, María del Carmen Herrera Nájera perdió la vida el 6 de noviembre de 2016.
Sin embargo, su enfermedad no fue la única batalla que la mujer y su esposo emprendieron. Al mismo tiempo, la pareja se enfrentó en tribunales a la empresa aseguradora MetLife México que rechazó cubrir el tratamiento médico que requería, a pesar de la existencia de una póliza de gastos médicos mayores.
En un juicio ordinario mercantil, el juez sentenció a favor de los afectados. “Se condena a MetLife, al cumplimiento del contrato de seguro para gastos médicos que celebró con José Ángel Arreola Garzón (…) y con ello al pago de las cantidades de dinero que tuvo que erogar con motivo de la intervención quirúrgica de que fue objeto la coasegurada María del Carmen Herrera Nájera, así como al pago de los gastos por su atención hospitalaria”, se lee en la sentencia definitiva del expediente 40/2014 en el Juzgado Tercero de lo Civil de Tijuana, fechado el 29 de octubre de 2014.
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Pero el 28 de enero de 2016, el juez Alfonso Fonseca Vizcaíno determinó que el total de los gastos a pagar sería de 56 mil 926 pesos, casi una décima parte de los 490 mil 812 pesos que el demandante había solicitado por el total del tratamiento.
“Me enfadé porque pagué por un servicio y no me la estaban dando. Tampoco me pagaban lo que me debían, así que pedí al juez que, por rebeldía de esas personas, me pagaran lo que había gastado y pude comprobar con facturas”, narra el afectado a ZETA.
Para José Ángel Arreola Garzón, la decisión del juez Fonseca Vizcaíno responde a que el abogado representante de MetLife México durante el juicio, Héctor Orlando Díaz Cervantes, inició funciones como consejero de la Judicatura de Baja California, el 1 de diciembre de 2014.
Su nombramiento, asegura, influyó en la determinación del juez para no hacer pagar a la empresa una cantidad mayor, ya que el juez forma parte del propio Consejo de la Judicatura, donde Díaz Cervantes funge además como presidente de la Comisión de Administración.
De ahí que Arreola Garzón presentara una denuncia por fraude ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la que además de MetLife México, aparecen como presuntos copartícipes del ilícito, el consejero Héctor Díaz Cervantes; el juez Tercero de lo Civil, Alfonso Fonseca Vizcaíno; y la abogada Ibeth María Mendoza Machado, representante legal de MetLife y quien llevó el caso al lado del consejero.
Así da cuenta la averiguación previa FED/BC/TIJ/0000527/2016, recibida el 30 de agosto en 2016 y cuya copia, junto a otra del expediente 040/2014 del Juzgado Tercero Civil, está en poder de ZETA.
El afectado asegura que la lucha legal ya no se basa en recuperar el millón de pesos invertido en el tratamiento médico, sino advertir de las prácticas de empresas aseguradoras que retiran los beneficios a quienes se comprometieron a ayudar cuando más lo necesitaran.
“Yo hubiera gastado toda mi vida, pero desgraciadamente no pude lograr salvarla”, explica el afectado días después del fallecimiento de su esposa.
Los pretextos para negar el servicio
En marzo de 2011, un agente de MetLifeMéxico llegó a la oficina de José Ángel Arreola Garzón, en la Zona Río de Tijuana, para ofrecerle una póliza de seguros para gastos médicos mayores.
Algunos de los documenteos e demanda civil y denuncia penal
La cobertura incluía gastos médicos de cualquier enfermedad, convalecencia y recaídas de enfermedad, hasta lograr la sanidad o hasta el fallecimiento del paciente. También gastos médicos de emergencia en el extranjero, hospitalización en el Hospital Ángeles en cualquier ciudad de la República Mexicana, el pago de medicamento, tratamiento, aparatos ortopédicos y gastos para la recuperación del paciente.
El 24 de marzo de 2011, Arreola Garzón firmó el contrato privado con MetLifeMéxico tanto para él como para su esposa María del Carmen Herrera Nájera, en la póliza 06001 I0168508. El 24 de marzo de 2012 renovó el contrato y la cobertura se extendió al 24 de marzo de 2013, en la póliza 06001 I0214868.
De acuerdo con Arreola Garzón, la empresa le notificó que tendría “un mes de gracia” para el pago de una nueva póliza, según se lo hizo saber el agente Fernando Tafoya Ortega. El 20 de marzo de 2013, durante una mastografía, a María del Carmen Herrera Nájera -esposa de Arreola- le detectaron un pequeño tumor en el seno derecho. Su esposo acudió con el agente de seguros para iniciar los trámites para la atención médica. La prima total que el hombre pagaba era de 48 mil 308 pesos al mes.
“Fernando Tafoya Ortega me hizo del conocimiento que no había problema alguno, que todo estaba liquidado y que tenía un mes de gracia para pagar la póliza referente al seguro médico, esto es, el día último para realizar el pago era el 24 de abril de 2013”, se lee en la denuncia interpuesta ante la PGR.
Fue así como el agente de MetLifeMéxico realizó los trámites y documentación para ingresar a María del Carmen al Hospital Ángeles. Por correo electrónico envió una carta autorización de pago directo para la internación de la paciente, refiere el demandante en el documento.
La autorización de honorarios al cirujano Alfredo Ornelas Abrego se aprobó por 21 mil 980 pesos, más 7 mil 799 pesos por anestesia, continúa el escrito. Antes que la cirugía de biopsia y extirpación del tumor se realizara, Arreola Garzón pagó 35 mil pesos al Hospital Ángeles por deducibles.
Al salir de la cirugía, a la paciente y a su esposo se les informó que el tumor era cancerígeno. Después, el cáncer de mama se extendería hasta los huesos. Conforme el médico explicaba a Arreola Garzón de los detalles del padecimiento, “se presentó el encargado de cobros del Hospital Ángeles para decirme que la aseguradora no iba a cubrir algún adeudo”, señala el escrito de denuncia ante el Ministerio Público federal.
Cuando el asegurado acudió a las oficinas de MetLife en Tijuana, Joanna Aquino León, representante ejecutiva de la compañía, le dijo que su póliza estaba cancelada desde agosto de 2012 por una supuesta falta de pago de la mensualidad correspondiente a junio de ese año.
Arreola Garzón le inquirió a la representante de MetLife por qué no le había sido notificado ese supuesto incumplimiento en los pagos y por qué habían aceptado los pagos subsecuentes, y mostró los recibos de pagos de las mensualidades.
De acuerdo con el denunciante, la empleada le manifestó que no era necesaria tal notificación “y a la vez me afirmó que la carta de autorización que fue expedida para ingresar a mi esposa al Hospital Ángeles y de pago directo, no era auténtica”.
CONDUSEF, la primera y fallida instancia
Al tratarse de una empresa aseguradora, el primer movimiento del señor Arreola Garzón, quien en la década de 1980 fungió como juez penal en Tijuana, fue acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
La empresaaseguradora ofrecio 23 mil pesos para la cobertra del tratamiento contra el cancer
Como abogados de MetLifeMéxico se presentaron Héctor Díaz Cervantes Díaz e Ibeth María Mendoza Machado -después representarían a la empresa en el juicio civil- para continuar con el argumento de la falta de pago.
En audiencia celebrada el 30 de octubre de 2013, la licenciada Mendoza Machado “acepta los pagos correspondientes a la vigencia de junio y septiembre de 2012, así como el pago en enero de 2013”, los cuales habían sido negados en un principio por la empresa, señala la averiguación previa levantada por fraude.
A decir de Arreola Garzón, la abogada justificó que “las primas se reportan a esta aseguradora como extemporáneas por 23 mil 846 pesos y manifiesta que, si así fuera el deseo del quejoso, esa cantidad se puede poner a disposición de él, siempre y cuando ponga en disposición de la aseguradora, los recibos correspondientes a los pagos de las vigencias referidas”.
De la no notificación de la cancelación, la apoderada legal de MetLifeMéxico manifestó “que la compañía en cuanto acreditó que hubo falta de pago, notificó la cancelación de la póliza al agente y no era posible acceder a mi petición de gastos médicos”, indica Arreola Garzón en la denuncia ante la PGR. De ahí que considere que se configuró el delito de fraude, ya que “si no hubiera reclamación y gastos por pagar, la compañía se iba a quedar con el dinero, obteniendo con lo anterior un lucro indebido”.
Sobra decir que los 23 mil 846 pesos que la empresa ofreció al quejoso no cubrirían siquiera el ingreso hospitalario de la paciente al Hospital Ángeles, uno de los más costosos en la ciudad, menos aún el tratamiento contra el cáncer.
Ahí radicaba la molestia de los asegurados, quienes contrataron el seguro, precisamente, para tener la garantía de una cobertura total en caso de presentarse una enfermedad de este tipo. “Cuando estábamos jóvenes, le teníamos mucho miedo al cáncer”, recuerda el viudo.
Inconforme, la pareja decidió presentar una demanda por la vía civil para que MetLife cumpliera con el contrato pactado.
Irregularidades al final del juicio
El 17 de enero de 2014, José Ángel Arreola Garzón presentó una demanda civil por incumplimiento de contrato ante el Juzgado Tercero de lo Civil, contra MetLifeMéxico, por el pago de los gastos médicos de la coasegurada.
En el expediente 0040/2014, la demanda fue admitida con los licenciados Héctor Díaz Cervantes e Ibeth María Mendoza Machado como representantes de la parte demandada.
El 29 de octubre de 2014, el titular del Juzgado, Alfonso Fonseca Vizcaíno sentenció a MetLife al cumplimiento del contrato de seguro para gastos médicos mayores, el cual declaró válido desde la fecha que se suscribió, 24 de marzo de 2011.
La sentencia fue emitida, pero la empresa seguía sin pagar. “Los licenciados Héctor Díaz Cervantes e Ibeth Mara Mendoza Machado me contactaron y me pidieron que no me preocupara, que le iban a mandar una lista de gastos a la aseguradora”, argumenta el demandante.
Transcurrieron los meses y, hasta el 27 de marzo de 2015, la compañía seguía sin pagar a los afectados, por lo que Arreola Garzón solicitó dictar sentencia ejecutoria, lo cual ocurrió el 14 de abril de ese año.
El 26 de octubre de 2015, el hombre presentó una planilla de gastos por el tratamiento médico de su esposa. Dos días después, Díaz Cervantes sería nombrado consejero de la Judicatura de Baja California por el Congreso local.
“El actuario Eduardo Magaña Becerra notificó en dos ocasiones el mismo acuerdo, lo que permitió a la parte acusada, objetar con tiempo la planilla de gastos y costos que presentó el denunciante”, afirma Arreola Garzón en su denuncia por fraude, y considera que esta acción favoreció al consejero Díaz Cervantes como representante de la empresa, ya que cuando reclamó al actuario la doble notificación, éste le respondió “donde manda capitán, no gobierna marinero”.
Lo anterior le hace pensar “que el juez le ordenó al actuario o que al juez le ordenó su superior, el licenciado Héctor Díaz Cervantes”. El 12 de enero de 2016, el Tribunal Superior de Justicia, ratificó al juez Fonseca Vizcaíno por cinco años más en su puesto.
Consejero intenta deslindarse
A través de la Oficina de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, tanto el consejero Héctor Díaz Cervantes como el juez Alfonso Fonseca Vizcaíno, negaron saber de la existencia de una denuncia en su contra por fraude ante la PGR.
También rechazaron ofrecer alguna versión o postura sobre los hechos de los que se les acusa. En específico, el consejero Díaz Cervantes refirió a la licenciada Ibeth Mendoza Machado, quien desde 2004 es apoderada legal de MetLife México, para hablar del caso.
Por vía telefónica, Mendoza Machado explicó que si bien el juez resolvió a favor de Arreola Garzón “esa sentencia no determina una cantidad, sino que deberá ejecutarse mediante un incidente para que presente facturas, sin embargo, esas facturas se valoran”.
Expediente de cuenta de la participacion del consejero en el uicio como representante de Metlife
Así que cuando éste presentó su incidente de ejecución de sentencia para solicitar el pago, ella mismo objetó algunas de las facturas exhibidas.
“Algunas facturas no pueden tomarse en cuenta porque fueron de gastos posteriores que no entraron en el litigio porque ya hay una sentencia ejecutoriada que el juez ya no la puede modificar”, señaló.
La abogada insiste en que incluso el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la sentencia “diciendo que el Juez Tercero de lo Civil está en lo correcto al determinar esta cantidad”.
De entrada, la abogada reconoció que MetLife incumplió con la póliza de seguro que durante dos años pagó la familia Arreola Herrera. “Hay una sentencia ejecutoriada que él ganó, fue favorable a sus intereses… tan así que él ganó el asunto”.
A la par, la litigante buscó deslindar al consejero Díaz Cervantes del asunto. “Él era representante de MetLife, creo que fungía desde antes que yo. Sin embargo, si te adentras al juicio, el juicio lo llevé yo, en todas las estaciones, aparece mi nombre, llevé audiencias”.
De acuerdo con al expediente 40/2014, el juez hace referencia, entre los considerados de la sentencia, a “la audiencia de fecha de 12 de agosto de 2014, quien respondió por conducto de su apoderado legal Héctor Orlando Díaz Cervantes”. Menciona las respuestas del abogado, quien admitió la celebración del contrato de seguros entre MetLife México y José Ángel Arreola Garzón, así como a la participación de Fernando Tafoya Ortega como agente.
— ¿Qué papel jugó entonces el licenciado Díaz Cervantes?, se le pregunta a la abogada.
“En su momento él contestó a la demanda. Sin embargo, el asunto me fue turnado y yo lo llevé. (El caso) Viene desde 2014, él renuncia al cargo de apoderado en este juicio y posteriormente yo lo llevo”.
Según lo fundamentado en la denuncia ante la PGR, Díaz Cervantes renunció como apoderado legal de MetLife hasta el 4 de diciembre de 2014, tres días después de entrar en funciones como consejero de la Judicatura.
— El señor José Ángel Arreola Garzón ve una participación del licenciado Díaz Cervantes con cierta influencia en la decisión del juez… (la abogada interrumpe)
“No, ese asunto se llevó como se tenía que llevar. A ambas partes se nos otorgó lo que legalmente nos corresponde”.
A través de sus oficinas en Tijuana y en la Ciudad de México, ZETA solicitó una versión de los hechos a la empresa MetLife México. Hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
Todas las de ganar para las aseguradoras
En su denuncia, José Ángel Arreola Garzón considera que “la táctica de la compañía es que cuando la enfermedad es incurable o difícilmente tratable y onerosa, recurre a judicializar y defenderse, escudándose en el Artículo 40 de la Ley sobre contrato de seguro”.
Este artículo reza que “si no hubiese sido pagada la prima o fracción correspondiente, en los casos de pago en parcialidades, dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente”.
Por lo que pide un cambio a la legislación de contratos de seguros, “para que den mayores garantías a los asegurados, ya que las compañías se convierten en fantasmas al momento de exigirles su obligación”.
Agrega: “Debería exigírseles una fianza por la totalidad de lo que se demanda y las compañías, al contestarla, deberían de exhibir una fianza, so pena de rebeldía por no contestar a tiempo en caso de no exhibirla y con ella liquidarse al asegurado que demanda”.
