Llevan poco más de un mes en sus curules y los diputados de la XXII Legislatura del Congreso de Baja California ya dejaron claro que no están ni siquiera un poquito interesados en representar los intereses de la ciudadanía que votó por ellos.
Los problemas que afectan a los bajacalifornianos, las injusticias cometidas en contra del derecho a la vida digna de algunos grupos específicos y la corrupción en el gobierno, ni los alcanzan, ni les importa.
En el edificio del Poder Legislativo lo único que parece interesar son los deseos del gobernador Francisco Vega de la Madrid y las instrucciones de su gabinete, además de blindar el poder del Partido Acción Nacional en Baja California.
Qué más da si para eso los 13 diputados de Acción Nacional -supuestamente electos por méritos propios- deben olvidar el concepto de dignidad y servir de tapaderas, mientras algunos de sus colegas negocian las voluntades de diputados de una oposición que evidentemente desconoce la responsabilidad que adquirieron como contrapeso.
Cumplían apenas los 13 días como legisladores locales, estaban a punto de cobrar su primera y onerosa quincena, cuando los 13 panistas y cinco secuaces decidieron convertirse en escoltas del gobernador. Los cinco priistas se quedaron solos.
Entonces la bancada tricolor presentó una propuesta para citar a comparecer al gobernador Francisco Vega para que aclare la deuda de 476 millones de pesos que tiene con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), entidad a la que dejó de entregar los apoyos comprometidos desde abril de 2014.
Varios de los que votaron en contra de defender los derechos de la Máxima Casa de Estudios cursaron sus carreras en la mencionada institución, casi gratis, saben lo importante que es crecer la matrícula, pero no les importó.
Contraargumentaron que esa no era la propuesta original porque ellos a lo único que estaban dispuestos era a “exhortar” al gobernador y los secretarios de Educación y al de Finanzas en el Presupuesto 2017, el incremento al subsidio estatal para la UABC. Pero no más.
¿Así cómo, pues? ¿Se les olvida acaso que una de sus funciones es vigilar el correcto gasto del erario? Son ¡476 millones! Dinero que está perdido desde hace más de dos años ¿qué les pasa? ¿Qué no están siquiera un poquito indignados, no sentirán por lo menos curiosidad, morbo?
Si había alguna duda respecto al entreguismo del “Poder” Legislativo, quedó aclarada el 25 de octubre, cuando arrancaron las comparecencias de los secretarios por la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid. Cuando le aplaudieron y lanzaron innecesarias -y fuera de lugar- alabanzas al secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, sin cuestionarle por los millones del erario federal que ha aprovechado para sus empresas familiares, algunas por cierto establecidas de manera irregular, incluida la explotación laboral, pero de eso hicieron mutis.
Otra a la que le aplaudieron sin importar los cientos de homicidios sin resolver con sus respectivos asesinos en libertad, fue a la procuradora Perla Ibarra, incluso se ganaron la burla de los empleados de la PGJE quienes comentaron que los diputados “se pasaron” de zalameros. En esa ocasión, acaso Luis Moreno, del Partido Encuentro Social, intentó hacer su trabajo y salvar el honor legislativo sin mucho éxito.
Sí fueron prácticamente todas las comparecencias, los diputados no hicieron la tarea, no se prepararon para preguntar, los pocos cuestionamientos a los funcionarios -como el secretario de Educación y al de Finanzas- fueron de parte de grupos afectados como los maestros jubilados que, en un momento, tumbaron la puerta para acceder al Congreso, ahí sí presionados por la opinión pública medio preguntaron, sin mucha energía tampoco.
Otro pequeño detalle: ¿Qué han hecho los diputados para apoyar al personal y los usuarios del Hospital General de Tijuana, quienes en una primera conferencia denunciaron que no hay insumos, falta personal y el recurso que debería entregar el Gobierno del Estado no llega? Y después debieron realizar una segunda presentación pública para reiterar que seguían sin apoyarlos.
El legislador Miguel Osuna se comprometió a aportarles 25 mil pesos al mes durante un año, que se agradecen, pero resulta obvio decir que esos fondos son insuficientes y los médicos no están solicitando dádivas. ¿A qué hora estos diputados electos le van a exigir al gobernador que cubra las necesidades del Hospital General? Porque el presupuesto aprobado para 2016 fue para 12 meses, no para 10.
Por lo pronto, al cierre de esta edición de ZETA, nuestros recién estrenados legisladores ya cobraron un mes de sueldo, casi 94 mil pesos, más 250 mil pesos para gestión social, otros 250 mil para comisiones, 60 mil para módulos, 15 mil en vales de gasolina, todo procedente de los impuestos ciudadanos… y los bajacalifornianos seguimos sin ver resultados.
Con este triste inicio, mal harían los organismos sociales y los partidos de oposición en quedarse callados, porque es más que evidente que los diputados necesitan recordar a quién están obligados a servir, y más vale que sea rápido, antes que se malacostumbren al cinismo, al servilismo y a la impunidad.
