Políticos califican de cortina de humo el
anuncio de la recompensa de 15 millones
de pesos para localizar y detener al ex
gobernador de Tamaulipas, Tomás
Yarrington. El ex mandatario tiene
denunciados penalmente a ex funcionarios
de la Procuraduría General de la República
por filtrar información de sus presuntos
nexos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
Aunque algunos de sus bienes continúan
asegurados, la averiguación previa
muestra falta de solidez en las acusaciones
A pesar de que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, presuntamente era “perseguido” por las autoridades desde 2012, cuando se dictaron dos órdenes de aprehensión en su contra, es hasta ahora -cuatro años después- que se anuncia una recompensa de 15 millones de pesos a cambio de la información que lleve a su captura.
El anuncio realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) es considerado una burla por diversos actores políticos, pues se da en el marco de una pretendida renovación de la dependencia para reivindicar su imagen socialmente ante su ineficacia para llevar a juicio a ex gobernadores señalados de saquear las finanzas de sus respectivas entidades, como el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, entre otros.
Además de pasearse intocable por el país, tras el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, Yarrington ha dedicado los últimos años a demandar periodistas por ventilar lo que él llama su “vida privada” y denunciar a funcionarios de la propia PGR por filtrar información a los medios nacionales sobre sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La cabeza de Yarrington, igual que la del fugitivo Duarte, tiene un precio de 15 millones de pesos, de acuerdo a la publicación del 23 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El monto del pago ofrecido se entregará “de manera proporcional con relación a la veracidad, utilidad y oportunidad de la información relacionada con las investigaciones que se llevan a cabo, la cual será estrictamente reservada y confidencial”.
El ex mandatario tamaulipeco es presunto responsable en la comisión de delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero, según datos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en dos causa penales instruidas en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas.
La senadora tamaulipeca por el Partido Acción Nacional, Sandra Luz García, calificó como cortina de humo el anuncio de la recompensa por Tomás y dijo que, sin embargo, contra el también ex gobernador Eugenio Hernández no se han investigado los señalamientos por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y apoyos del crimen organizado. En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Fernando Yunes (panista) y Miguel Barbosa (PRD).
Los cargos
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa alcanzó a consignar la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 iniciada en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba, pero solo en contra de este último ejercitó acción penal por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas, ex brazo armado de dicha organización.
El 5 de junio de 2012, agentes adscritos a la SEIDO irrumpieron en la finca marcada con el número 7 de la calle Nápoles, Fraccionamiento Río, en Matamoros, Tamaulipas. Orden de cateo en mano, los federales aseguraron el inmueble propiedad de Yarrington y de su esposa, María Antonieta Morales Loo.
También quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF) el departamento número 12 de la calle Rubén Darío 267, en la colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, y fue congelada la cuenta 908091163 Perfiles de Banamex, abierta a nombre de Tomás Jesús.
Declaraciones de los testigos protegidos con las claves “Óscar” y “Pedro” señalaron que el Cártel del Golfo y sus capos financiaron la campaña de Tomás Yarrington como aspirante a la gubernatura de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional en 1998, realizando aportaciones en varias ocasiones hasta por un millón de dólares.
Por investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR, se estableció que Yarrington contaba con un seguro de vida de Grupo Nacional Provincial, S.A. por un millón de dólares, y en su cuenta bancaria de Banamex tuvo movimientos inusuales en la primera década del nuevo milenio, con millonarios depósitos en efectivo.
El 8 de agosto de 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dictó orden de aprehensión en contra de Tomás por considerarlo presunto responsable en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza.
En la misma resolución, el juzgador negó al Ministerio Público Federal la emisión de la orden de captura solicitada contra el mismo personaje por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, en otra causa penal, el propio juez de referencia concedió otro mandamiento de aprehensión contra el ex gobernador por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otro por delincuencia organizada.
El contraataque
Luego del aseguramiento de su cuenta bancaria y algunas de sus propiedades, las órdenes de aprehensión giradas en su contra y la emisión de alerta migratoria para impedir su salida de la República Mexicana, así como de informar sobre los registros de entrada y salida del país, Tomás Yarrington no se quedó de brazos cruzados y promovió diversos amparos en contra de todos los actos señalados. Incluso llegó a demostrar lo endeble de algunas de las imputaciones, pues en el caso del aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, la PGR aún no acredita que fueron adquiridos con dinero producto de la comisión de delitos.
Sin embargo, la información de los presuntos nexos de Yarrington Ruvalcaba con el narcotráfico se expandió con gran rapidez, al grado que en algún libro se hizo énfasis de las investigaciones, lo que movió al enojo del aún encumbrado priista, quien demandó civilmente al autor y a la editorial, sin éxito.
Con el regreso del PRI al Ejecutivo federal, el tamaulipeco denunció penalmente ante la Visitaduría a diversos ex funcionarios de la PGR, incluida la saliente primer fiscal Marisela Morales Ibáñez y al ex titular de la SEIDO, Cuitláhuac Salinas, por ser directamente los responsables de “garantizar la secrecía de las averiguaciones previas” de la dependencia.
Los señalamientos formulados contra los ex funcionarios más relevantes de la institución federal no prosperaron, determinándose el 22 de mayo de 2015 el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la indagatoria 155/AP/DGDCSPI/2013. Inconforme por esta determinación de la Visitaduría General de la PGR, Yarrington promovió un juicio de amparo el 30 de junio de ese año.
El ahora prófugo se duele de que “la autoridad responsable dejó de realizar diligencias pertinentes y desahogar pruebas a efecto de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas que fueron denunciadas”. El Ministerio Público federal redujo la investigación a lo publicado en el Diario Reforma del 3 de febrero de 2012, sin analizar las notas periodísticas posteriores que revelan la filtración de datos por quienes resultan garantes de la secrecía de la averiguación previa, por lo cual se dejaron de analizar la totalidad de los hechos denunciados, aseguró el quejoso.
El 30 de octubre de 2015, el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó la protección constitucional de la justicia federal a Yarrington para que el agente del Ministerio Público Visitador General deje sin efecto el archivo de la averiguación previa, pues se detectó existieron pifias “de forma” que violan la garantía de seguridad jurídica del reclamante.
El asunto no ha concluido, pues la PGR interpuso el recurso de revisión a finales de noviembre del año próximo pasado y el medio de impugnación se turnó al conocimiento del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sin que a la fecha se haya dictado el fallo correspondiente.
Independiente
Uno de los personajes que ha pugnado porque se investigue a los ex gobernadores del Estado de Tamaulipas, es el abogado y luchador social Primo Feliciano Reyes Pérez, conocido de décadas por su activismo en Yucatán, Guerrero, y en la frontera norte del país. Incluso ha promovido juicios de garantías a favor del fundador y ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde.
Reyes Pérez promueve también un amparo para que se le permita tener acceso a la averiguación previa que se sigue en contra de los ex gobernadores Manuel Cavazos Lerma -hoy senador de la República- y Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, quienes de alguna forma obstaculizaron su ejercicio profesional como litigante, e intentaron acallar sus expresiones políticas.
A la fecha no se ha resuelto el juicio de amparo 218/2016 tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, al que se acumuló otro juicio de derechos fundamentales (250/2016), en espera de verse favorecido y caminen las investigaciones en contra de los ex mandatarios.
Juez admite amparo de Duarte
Al gobernador con licencia de Veracruz le fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado a cambio de 100 mil pesos. No conforme con la protección parcial, que no le sirve contra delitos graves, la defensa de Javier Duarte de Ochoa presentó un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado. Autoridades federales aseguran que “en breve habrá resultados” para detener al ex mandatario, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
De manera muy sigilosa, una semana después que la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 15 millones de pesos, el 16 de noviembre próximo pasado, cuando en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal fue recibida su demanda de garantías bajo el número 1031/2016, dejando su identidad bajo reserva.
Dos días después, el juzgador declaró admitido el juicio de amparo y, a petición del quejoso, le concedió la suspensión provisional del acto reclamado, fijándole la exhibición de una garantía económica por 100 mil pesos para que la protección parcial surta efectos.
Mientras Duarte de Ochoa anda prófugo, el juez ya solicitó informes a los jueces de distrito de procedimientos penales federales en la Ciudad de México y otras autoridades para conocer la existencia del acto que el quejoso reclama, fijando el 15 de diciembre venidero para el desahogo de la audiencia constitucional.
Inconforme porque pretendía que se le concediera una protección más amplia dentro del incidente de suspensión provisional al ex gobernador veracruzano, su defensor, Alejandro Francisco Jaimes Gutiérrez, interpuso el recurso de queja para que un Tribunal Colegiado en Materia Penal conozca de su petición.
A mediados de octubre de 2016, un juez federal dictó una orden de captura en contra de Javier Duarte de Ochoa por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El fugitivo fue visto públicamente por última ocasión en una entrevista televisiva en la Ciudad de México el 15 de octubre, la búsqueda de las autoridades, el aseguramiento de propiedades y la recompensa de 15 millones ofrecida para localizar y cumplimentar una orden de aprehensión en contra del gobernador con licencia de Veracruz, no han funcionado. Como tampoco el congelamiento de 112 cuentas bancarias y el aseguramiento precautorio de cinco empresas y cuatro propiedades.
El jueves 17 de noviembre de 2016, en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, elementos de la Policía Federal detuvieron a Mario Medina Garzón, un joven que llevaba consigo pasaportes falsos con fotografías de Javier Duarte de Ochoa y de su esposa, Karime Macías Tubilla, aunque con los nombres de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga.
El detenido, que además tenía en su poder 7 mil dólares en efectivo, declaró que los documentos eran para Duarte y su mujer, quienes pretendían abandonar el país para ocultarse en Guatemala. Horas más tarde, el Ministerio Público Federal dejó en libertad provisional bajo caución a Medina Garzón.
El martes 22 de noviembre, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, entrevistado en la Cámara de Diputados, aseguró que “en breve habrá resultados” para detener a Duarte, para lo cual se mantienen acciones coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas.
