Miembros del Cártel Arellano Félix que están encarcelados, ganan y pierden amparos como jugar a la baraja. “El Ingeniero” Sánchez Arellano pierde amparo contra formal prisión por delincuencia organizada, pero gana otro juicio para que le trasladen del CEFERESO Número 13 de Oaxaca al penal del Altiplano. Francisco Sillas y “El Muletas”, en Puente Grande, promueven amparos frecuentes para no ser trasladados
Mientras que el ex líder del Cártel Arellano Félix (CAF), Fernando Sánchez Arellano, estuvo a punto de librar acusaciones de delincuencia organizada y del atentado contra el ex director de la Policía de Playas de Rosarito, Eduardo Montero, otros de sus correligionarios entablan sus propias batallas en cárceles mexicanas.
Múltiples causas penales en su contra, privación de la libertad en prisiones de máxima seguridad y una salud deteriorada como consecuencia del encierro, es lo que viven algunos de los ex miembros del CAF, quienes a través de los tribunales buscan resoluciones que alivien sus condiciones legales o una mejora en su estancia intramuros.
Las volteretas en los acuerdos y sentencias de los Juzgados hacen que la vida de quienes un día fueron sicarios, distribuidores de droga o jefes de la organización criminal no sea aburrida, pero sí coexista con la incertidumbre sobre su futuro. En una fecha les anuncian que les fue concedido un amparo y en otra les notifican que el fallo fue revocado. Es su “pan” de cada día tras las rejas.
El bache legal del “Ingeniero”
Primero le enseñaron el “dulce”, luego se lo negaron. Así le ocurrió a Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, quien el 21 de abril de 2016 recibió la noticia de que fue amparado por el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito con sede en el Estado de Tamaulipas.
Sánchez saltó de gusto al ser notificado en el penal de máxima seguridad Número 13 en Oaxaca, donde se encuentra desde el 30 de septiembre del año pasado como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas tras la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano.
La protección de la justicia federal ordenaba al Segundo Tribunal Unitario y al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.
Se trata del proceso penal 130/2009 por el atentado en contra del ex director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, Capitán Eduardo Montero Álvarez, en hechos perpetrados en diciembre de 2007, cuando pistoleros irrumpieron en las instalaciones policiales y fallaron en su intentona de matar a Montero. Sin embargo, quien sí murió, fue el escolta del funcionario, Guillermo Castro Corona.
Raydel López Uriarte, “El Muletas”
Sicarios detenidos con posterioridad, entre los que había ex policías rosaritenses, acusaron a Sánchez Arellano de ser el autor intelectual del ataque armado. En declaraciones ministeriales aseguraron que la molestia del entonces líder del CAF era porque Montero no se quiso alinear ni permitir a sus elementos -algunos ya infiltrados- que operaran a favor del grupo criminal.
Desafortunadamente para “El Ingeniero”, el amparo conseguido fue impugnado por el Ministerio Público federal, y hace un par de semanas, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional al quejoso, por considerar que los testimonios de los testigos protegidos sí fueron introducidos a la averiguación previa de manera oportuna.
Pero no todo han sido malas noticias para Fernando Sánchez Arellano, quien el 3 de noviembre reciente volvió a ganar un amparo, pero esta vez para que sea regresado del penal federal oaxaqueño a Almoloya de Juárez. El trámite tenía más de un año y finalmente el juez de amparo estimó que la orden de traslado no fue emitida por una autoridad competente, ya que los directivos carcelarios no tienen facultades para ordenar traslados sin la autorización de un juzgador.
“El Ingeniero” no la ha pasado bien en el CEFERESO Número 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, donde a finales de 2015 se quejó de no recibir atención médica adecuada a sus malestares y sufrir incomunicación, golpes, tortura y malos tratos. El juicio de garantías sobre estos actos reclamados fue sobreseído al no poderse acreditar su existencia.
El posible traslado de Sánchez Arellano al penal de Almoloya se suma al de varias decenas de presos que están pendientes de ser reubicados por órdenes judiciales y que no hallan respuesta inmediata del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que en su defensa argumenta no contar con los elementos humanos y materiales suficientes para hacerlo.
Una de caballos
Otro personaje que muestra gran actividad ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en Juzgados para tener todo listo al momento en que se decrete su libertad, es Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”, uno de los hombres señalado de ser fundador de la organización criminal de los hermanos Arellano Félix y su operador financiero.
Los escritos de su defensa para solicitar información de los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) son constantes. Al no recibir la esperada respuesta, en el sentido de saber sí Aguirre Galindo “tiene la calidad de inculpado en alguna averiguación previa”, entonces se promueven amparos.
“El Caballo”, que pudo ser excarcelado del penal de máxima seguridad Altiplano para ser internado en un reclusorio de mediana seguridad de la Ciudad de México, tuvo un tiempo la obstinación de conocer si existía una orden de extradición en su contra. Hoy la duda persistente es saber si la PGR le tiene reservadas algunas averiguaciones en el sigilo para consignarlas cuando pretenda recuperar su libertad.
Recientemente, un Tribunal Colegiado en Materia Penal en la capital del país confirmó un amparo a favor de Manuel Aguirre para que al quejoso “no se le aplique en lo presente y futuro, el Artículo 16, párrafos segundo, tercero y sexto, del Código Federal de Procedimientos Penales”, y se le informe sin traba alguna si existe alguna indagatoria en su contra respecto de hechos delictuosos que se le atribuyan.
Otros arellanistas que también han recibido amparo son Marcos Assemat Hernández, Luis Ernesto Ramírez Vázquez y Rubén Ríos Estrada, quien se cambia el nombre por el de Pedro Ignacio Zazueta “El Pit” o “Carlos”, recluidos en el CEFERESO Número 5 en Villa Aldama, Veracruz, acusados por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
El 17 de septiembre de 2015, el Quinto Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, le concedió el amparo a Marcos Assemat para que el juez de la causa dejara sin efecto el auto de formal prisión dictado por delincuencia organizada, a razón de que “las pruebas existentes en el sumario penal no resultan aptas y eficaces para acreditar, en lo que atañe al inculpado de que se trata, la corporeidad del referido delito”. Al “Pit” y Ernesto Ramírez les negó el amparo.
Sin embargo, en el recurso de revisión, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resolvió conceder el amparo a los tres imputados en contra del delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso reservado para las Fuerzas Armadas, debido a que los dictámenes en materia de balística emitidos por peritos oficiales no fueron ratificados por sus suscriptores. La pifia es subsanable, no así la libertad de Assemat por delincuencia organizada.
Del “Sillas” al “Muletas”
Dos de los más temidos jefes de células del CAF hoy palidecen en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Se trata de Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas” y Raydel Rosalío López Uriarte “El Muletas” o “El Raydel”, quienes los últimos meses los han pasado angustiados ante una amenaza de traslado a otra prisión federal.
Sillas Rocha, quien lucha jurídicamente contra la Secretaría de Relaciones Exteriores para que no se materialice la orden de extradición decretada el 18 de diciembre de 2012 que ordena su entrega al gobierno de los Estados Unidos, ha interpuesto varias demandas de amparo para no ser cambiado de reclusorio.
Juan Francisco Sillas Rocha, “El Sillas”
“El Ruedas” ha solicitado la protección de la justicia para que las autoridades penitenciarias le permitan tener en su celda libros y revistas; no le cambien de módulo, sección, estancia y de cama; así como le brinden la atención médica que reclama, específicamente “el estudio clínico de depuración de orina de 24 horas o depuración de creatinina”.
La Dirección del CEFERESO Número 2 “Occidente” niega la falta de atención médica y asegura que se ha atendido oportuna y adecuadamente al interno, quien ha manifestado contar con un solo riñón, por lo que se le realizó un plan de tratamiento y exámenes de laboratorio de “función renal”, además de otras exploraciones, cuyas fotocopias fueron anexadas al juicio de amparo.
Por su parte, Raydel Rosalío López Uriarte, que apenas en agosto pasado concluyó la educación secundaria en el penal de Puente Grande como el alumno de “mejor promedio”, también tiene su historial en Juzgados reclamando el posible traslado a otra cárcel, incomunicación, falta de atención médica general y de una dieta adecuada.
“El Muletas” ha recorrido tres penales federales de máxima seguridad desde su detención en 2010. A saber: Matamoros, Hermosillo y Puente Grande. No quiere seguir rodando en las instituciones del sistema penitenciario mexicano.
El 7 de abril de este año, López Uriarte obtuvo un amparo para que el Ministerio Público federal investigue los presuntos actos de tortura que sufrieron nueve reos durante el cambio de estancias verificado en octubre de 2015. Algunos de los presos reubicados, entre ellos Mateo Díaz López, José Villanueva Ramírez y Raydel tenían algunas huellas de golpes.
ZETA ha documentado en fechas recientes otros casos de ex miembros del CAF que en prisión han acudido ante la justicia para pedir garantías, entre ellos Saúl Montes de Oca Morlett “El Ciego”, al que se le negó el derecho de poseer en su celda la trilogía literaria de “Cincuenta Sombras de Grey”; a Melvin Gutiérrez Quiroz, un amparo le permitió recibir sus revistas de carros “arreglados”; en tanto, Manuel Martínez González “La Mojarra”, espera un fallo que le otorgue un beneficio de libertad anticipada.
Carlos Herrera Ávalos, mejor identificado como Gustavo Rivera Martínez “El P1”, tramita varios juicios de amparo. Entre los más relevantes, uno para que sea trasladado del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez a una prisión bajacaliforniana, y otro, en contra de la orden de extradición que la cancillería mexicana concedió a los Estados Unidos.
