Ante Ministerio Público Federal se presentó a declarar la mañana de este lunes 14 de noviembre el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, en seguimiento a la demanda penal que interpuso en su contra la empresa Media Sport, propiedad de Jaime Bonilla Valdez, presidente estatal de Morena, quién reclama el pago de 630 mil dólares.
Desde 2015 un juez federal determinó procedente el monto de los dalos que un policía ebrio, contratado al Ayuntamiento de Tijuana para cuidar de las instalaciones de la firma, causó daños millonarios a la misma.
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A finales de agosto de 2016 el cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana aprobó la venta de varios terrenos para que la administración de Jorge Astiazarán obtuviera liquidez para cubrir compromisos concernientes a la última etapa de su periodo, siendo el pago a la deuda con Bonilla, uno de ellos, expuso entonces el propio alcalde.
De lo obtenido por la subasta de predios, 11 millones de pesos se dispondrían para el pago de los 630 mil dólares, con lo que se cubriría la deuda principal, quedando pendiente intereses y costas judiciales.
El caso se dirime en tribunales desde 2006, por lo que además de los 630 mil dólares en que se tasó la suerte principal, a la fecha se ha sumado un promedio de 2 mil 240 millones de pesos entre intereses y costas judiciales.
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No obstante, a la fecha la administración del XXI Ayuntamiento no ha tenido ningún acercamiento para cumplir con este compromiso de pago, por lo que el proceso judicial interpuesto por Media Sport continúa su curso, refirió a ZETA el apoderado legal de la firma, Héctor de Isla Puga.
Por el desacato a la resolución judicial, Jorge Astiazarán Orcí ha sido citado en dos ocasiones, desatendiendo el primer citatorio y acudiendo al segundo a las 10:00 horas de este lunes.
De su presentación ante el agente de MPF solo se limitó a declarar: “Estoy muy tranquilo, el que nada debe nada teme”, sin abundar más, aludiendo que por ser un caso que está en proceso judicial son las autoridades correspondientes las que tienen que informar.
Por su parte, el secretario de gobierno municipal, Carlos Mejía López, indicó que de la venta de los terrenos no se dispuso partida alguna para pagar los daños reclamados por la empresa de Jaime Bonilla, porque el recurso se dirigió a la cobertura de gasto corriente.
