Política Breve y de Emergencia
El que los Guillermos Padrés de Sonora, padre e hijo, se encuentren encarcelados hoy, uno al voluntariamente entregarse a las autoridades que lo querían aprehender y el otro detenido al cumplimentársele una orden para su arresto, definitivamente pone una fuerte presión política en el gobierno del Presidente Peña Nieto.
Si bien Guillermo Padrés, el ex gobernador, estaba en condición de prófugo de la justicia, no era el único ex gobernador en ese predicamento; también y sigue libre, está Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz a quien busca la Procuraduría General de la República para detenerlo y encarcelarlo.
Es imposible separar la filiación partidista de los dos políticos señalados de malos manejos de recursos públicos, porque uno es panista, el de Sonora, y el otro priista, el de Veracruz, y aunque los partidos políticos en los dos casos separaron de sus derechos a los ex gobernadores, en su momento fueron los más importantes militantes en sus respectivas entidades.
Y pone presión al gobierno federal porque el detenido es el del PAN y no el del PRI, y porque el panista se entregó voluntariamente para esclarecer su situación y al priista no se le ha podido localizar a pesar de los esfuerzos de la PGR por llevarlo a cuentas. Porque si se pretendía empatar los cartones de los señalamientos de corrupción y políticamente dar la imagen de una actuación equilibrada, la balanza ahora se encuentra en contra del priista Duarte y la asociación política con Peña Nieto es inevitable.
El proceso en contra de Padrés inició en Sonora con la investigación de las autoridades estatales, sin embargo, transcurrió poco más de un año y la PGR (a decir de la actual gobernadora Claudia Pavlovich) como que no apretaba el paso para procesar a Padrés. Pero con la autorización de la licencia de Duarte al cargo de gobernador se desencadenaron los eventos, la Procuraduría accionó y la cosa se veía por lo menos equilibrada. Pero no contaban con la actitud del ex gobernador sonorense.
Raúl Cervantes, el nuevo Procurador General de la República, está obligado a dar resultados en el corto tiempo, cada día que pasa sin que se pueda detener a Duarte se puede interpretar como un espacio de protección para el priista.
Si la PGR no logra la captura antes de la toma de posesión del nuevo gobernador de Veracruz, el momento político estará del lado del panista Miguel Ángel Yunes y de su partido, no solo en Veracruz sino también en el Estado de México, donde las elecciones a la gubernatura definitivamente tendrán una influencia de las acciones de corrupción de los gobiernos señalados y de la imagen que resulta de la actuación del gobierno federal para combatirla. Será por eso que la Procuraduría ofrece 15 millones de pesos de recompensa por Duarte.
Que la historia lo registre.- En los casos de los relevos de gobierno en Sonora, Veracruz, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, independientemente de las responsabilidades investigadas y señaladas hay un elemento común en estas administraciones: “Crecimiento desbordado de la deuda pública y serios señalamientos sociales de corrupción”.
Botón rojo.- En Mexicali el ex alcalde Francisco Pérez Tejada fue vinculado a proceso por el desvío de 700 millones de pesos durante su gestión. También creció la deuda pública.
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas.
