Además del pleito de las células del narcotráfico que suma más de 800 ejecuciones en el Estado, ahora la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal permite el regreso de presuntos delincuentes a las calles, “sabemos que optamos por el NSJP porque en el viejo sistema se abusó, nos excedimos ciertamente, pero ahora el exceso es del otro lado”, expuso el subprocurador de Investigaciones Especiales de Baja California, José María González
Solo el 12 de octubre de 2016, en Tijuana fue localizado un cadáver putrefacto en un bote de basura en el fraccionamiento Mariano Matamoros. Además, los cuerpos ensangrentados de madre e hijo quedaron tendidos, lesionados, a un costado de un puesto de comida en la colonia Salvatierra. Esta ciudad sumó 15 muertos en la semana, 26 en los primeros 13 días del mes de octubre y 660 en lo que va del año.
El mismo miércoles en Rosarito, asesinaron a cuatro personas -en uno de los casos de nuevo madre e hijo-, dos de los muertos fueron mujeres, y un quinto sujeto resultó lesionado de bala; adicionalmente, tras una persecución la Policía capturó a dos hombres armados. El quinto municipio contabiliza 63 asesinatos durante 2016. En Mexicali, ese Día de la Raza localizaron un cuerpo calcinado, el cuarto en los últimos 15 días; la capital de Baja California registra ya 90 ejecuciones.
Con la inseguridad desbordada, los diferentes grupos empresariales reclaman a través de la prensa la ausencia de coordinación más allá del discurso, piden cambios de estrategia, exigen un alto a la violencia, la corrupción, la inseguridad y la ingobernabilidad, pero no van más allá de las palabras; consignas que los representantes de gobiernos estatal y municipales, han decidido ignorar sin mayores consecuencias.
En ese contexto, la única que gana terreno es la impunidad.
A las protestas ciudadanas por el baño de sangre en las calles y las balaceras en territorio bajacaliforniano, se suma la inconformidad por la liberación de algunos de los pocos criminales que sí son capturados, o la reclasificación por otros delitos con sanciones menores, todo esto, basados en el proteccionismo que facilita el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“Sabemos que optamos por el NSJP porque en el viejo sistema se abusó, nos excedimos ciertamente, pero ahora el exceso es del otro lado, demasiado garantista”, expuso el subprocurador de Investigaciones Especiales de Baja California, José María González.
Ejemplificó con el narcomenudeo: “Las tienditas no podemos combatirlas porque no hay una figura que amerite la prisión preventiva, cateamos, lo detenemos y el presunto responsable lleva su proceso en libertad, así que paga fianza y sale a seguir vendiendo, y anda armado para pelearse con sus contrarios, y regresa a firmar cada cierto tiempo. Esto hasta que podamos volver a capturarlo en flagrancia, o que deje de acudir a firmar.
“Y qué mensaje enviamos a la persona que se animó a marcar al 911…”, planteó.
Respecto a los casos donde los presuntos responsables de los crímenes han sido presentados y liberados por los jueces o les han reclasificado el delito, agregó: “Sí hay varios casos; nosotros no judicializamos a menos que consideramos tenemos los elementos suficientes, a quienes hemos presentado es porque tenemos la convicción que son culpables. Pero se han dado tecnicismos, y aunque no estemos en lo más mínimo de acuerdo con el juez, estamos obligados a respetarlo, no queda otra.
“Cuando los liberan no queda más que verlos partir, retomar las facultades investigadoras para presentar otros elementos y solicitar orden de aprehensión, sabemos que difícilmente se van a quedar, que la gente quisiera que cuando los dejan en libertad, los rodeamos de policías, pero el asunto es que mientras no me den la orden de aprehensión, esa persona puede caminar entre los policías, subir a cualquier medio de transporte e irse a donde quiera”.
Pedro Ariel Mendívil García, presidente de la Federación Estatal de Colegios Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, A. C. (FEDABO), opinó. “No basta con leer la carpeta de un caso y decir ‘esto se declaró’, se tiene que hacer una argumentación donde se enlacen los hechos con el Código Penal y demás leyes. La carga probatoria la tiene el Ministerio Público, si no tienes elementos, no debes llevar a judicializar a la persona porque hay muchos riesgos; si tenemos un sistema muy garantista, debemos ser precavidos”, sugirió.
“Si la petición es deficiente, si tenemos argumentos deficientes, los delincuentes pueden salir libres. Si en la defensa es deficiente, entonces un inocente puede quedar en la cárcel”.
De presuntos delincuentes liberados, tres casos han llamado la atención en la opinión pública en los últimos 22 días; uno acusado de homicidio en Mexicali, otro señalado por secuestro en Tijuana y un ladrón en Tecate.
Liberan a joven presentado por homicidio de su madre
Hasta el cierre de esta edición, continuaba impune el homicidio de Rosa María Vásquez González, de 57 años de edad, encontrada el martes 27 de septiembre en su domicilio en la colonia Portales III en Mexicali. Presentaba 22 heridas entre escoriaciones y moretones, la principal en el cuello, que le seccionó las venas yugulares internas.
En primera instancia señalaron a Sergio Guadalupe Saldaña Vásquez, su hijo, quien fue detenido minutos después que los vecinos reportaran a una persona con sus características y vestimenta. Fue imputado por el crimen de su madre, pero en la audiencia inicial, la jueza Hilda Maritza Morales Mercado lo dejó en libertad al encontrar inconsistencias en su detención; bajo ese tenor no se le pudieron fincar medidas cautelares.
La última información sobre el caso tiene que ver con diversas diligencias de pruebas periciales que sigue realizando la PGJE, las cuales estaría buscando para vincular al joven en caso de ser positivo.
“Lo que nosotros tenemos en la carpeta es que los vecinos escuchan el forcejeo, sale corriendo el muchacho, lo ven los testigos, lo detienen los policías en flagrancia, y la juez no determinó porque el Ministerio Público no había acreditado mediante sus argumentos muerte violenta, porque no lo dijo”, detalló el subprocurador González.
“Pero son tecnicismos, el Informe Policial Homologado (IPH) que se le dio a conocer dice que llega la Cruz Roja y los paramédicos a la casa y la mujer está bañada en sangre sobre un charco, el médico certifica que se encuentra sin vida, que la señora tiene huellas de degüelle. Entonces hubo circunstancias que te hacen presumir la muerte violenta.
“Sí, el MP lo omitió, pero creo que es irrelevante porque está en el informe policial homologado y tiene la facultad de preguntar si tiene duda”, expuso el funcionario de la Procuraduría del Estado.
“Ahora, recuperamos la facultad de investigación, en su momento se va a solicitar una orden de aprehensión, ya obviamente este sujeto difícilmente va a estar aquí en la ciudad, pero ya es otra cosa”.
Pero la versión que tiene la contraparte es diferente. Jorge Armando Vásquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, recordó:
“Según los hechos el argumento de la defensa fue que el muchacho vio a su madre tirada en el suelo ensangrentada y trató de ayudarla, por eso tenía sangre, que fue él quien pidió llamar al número de Emergencia, la otra parte puede presumir que no es cierto, pero que diga que se manchó intentando ayudar a su madre, es un argumento razonable, una coartada razonable.
““No se le vinculó porque no hubo nadie que pudiera señalar haberlo visto cometer el delito, no hubo flagrancia, no se aportaron los elementos suficientes para acreditar que pudo haber participado, si el Ministerio Público o algún testigo lo hubiera señalado fuera diferente, entonces no se puede calificar de legal la detención y no se puede privar de la libertad, al juez lo tiene que convencer de acuerdo a los datos que le aportan”, concretó el magistrado.
Postura que fue respaldada por el abogado Mendívil: “Así como hay quienes piensan que pudo ser responsable, hay quienes piensan que es inocente, el tema es que no fue sorprendido en flagrancia. Y no se puede judicializar un delito que no está probado, el Ministerio Público está obligado a aportar más elementos”.
Tecate: juez libera a ladrón
El juez de Tecate, José Guadalupe Sigala Andrade, dejó en libertad a Daniel Alejandro Cárdenas Raya (nacido el 19 de octubre de 1984), identificado plenamente por sus víctimas como quien robó a mano armada una casa de cambio el 21 de septiembre.
El argumento del juez para dejarlo en libertad sorprendió incluso a la defensa del presunto responsable, pues supuso que los policías ministeriales se habían quedado con parte del botín que se le encontró al delincuente, quien ya ha estado preso por delitos en Estados Unidos y se dedica al tráfico de personas.
El día de los hechos, dos hombres asaltaron a una mujer propietaria de una casa de cambio, ubicada en el centro de Tecate. En el reporte inicial describieron a dos sujetos vestidos de negro a bordo de una camioneta Grand Cherokee de color oscuro, la cual abandonaron cuadras después para transbordar en un Honda Acoord plateado con “placas” 665664 de una asociación civil pintadas con una bandera de México.
El cambio de vehículo de los asaltantes fue visto por testigos, quienes dieron parte a la Policía, incluyendo el número de placas y la descripción de los individuos. Eso hizo que los policías ministeriales se abocaran a buscar la marca y el modelo del carro sedán y los periciales en revisar la camioneta abandonada.
El operativo de la Policía Ministerial del Estado dio resultados, al localizar el vehículo y uno de sus tripulantes en la Plaza Encinos comprando en la tienda departamental Coppel con dinero en efectivo.
Al entrevistarse con los agentes, Daniel Alejandro Cárdenas Raya aceptó haber participado en el asalto y dedicarse a traficar personas, lo cual coincide con la base de datos del sistema de justicia de Estados Unidos consultados por ZETA, que arroja fue liberado en el país vecino el 6 de julio de 2015 por cargos federales.
Incluso, policías ministeriales refieren que el detenido les ofreció el dinero que llevaba todavía junto a las bolsas en las que fueron arrebatadas, las cuales estaban en el vehículo.
El abogado del delincuente fue Rigoberto Caballero Zambrano, quien trabaja para José Alfredo Martínez Moreno, abogado penalista que ha llevado casos de diversos acusados por narcotráfico.
El 30 de septiembre y confundido de vez en cuando con sus propias palabras, el juez Sigala Andrade causó indignación al Ministerio Público y a las víctimas, quienes reconocieron plenamente al acusado: “No está demostrada causa que extinga el delito o lo excluya, que excluya la acción penal o excluya el delito. Pues bien, una vez que he escuchado los datos de prueba estimo que resultan insuficientes para la iniciación de un acto de vinculación a proceso”.
Luego sus razones: “En el marco que lo voy a decir, lo voy a decir con todas sus palabras: no es nuevo que en nuestro país existen prácticas corruptas en el ámbito policiaco, también somos conocedores todos que precisamente en los casos de robo donde se roban cantidades de dinero, los policías tienen una urgencia por llegar al lugar de los hechos y usualmente reportan menos dinero que el que realmente detuvieron, en este caso se señala”.
El planteamiento es qué pruebas tendría el juez para que bajo una especulación de parte de los ministeriales dejara en libertad al acusado, y si las tenía, por qué no ejerció acción penal contra los agentes. De esta manera, el delincuente con antecedentes penales por cruzar personas a Estados Unidos quedó en libertad.
Al respecto, el subprocurador José María González refirió: “Les dice que los primeros en llegar son los policías para ver cuánto se llevan. Eso es algo que en plática informal tú y yo podemos especular y decirlo, pero en una audiencia no puedes ir más allá de los que le exponen las partes y lo que hay en la carpeta. Se pasó, eso no debemos permitir que pase como autoridad. Ahí el Poder Judicial tiene que asumir su responsabilidad con argumentos, decir lo que sí estamos mal, pero cuando no estamos, no se vale”.
Por su parte, Jorge Armando Vásquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, argumentó que la frase que se ha cuestionado al juzgador fue su punto de partida, no el elemento de su resolución, la cual fue negativa porque “no encontró elementos suficientes para vincular.
“En ese caso si hay inconformidad tenemos un órgano de control para evaluar si hubo un exceso peros y hace a petición de parte, no quiero ni voy a prejuzgar, si se presenta una queja el Consejo de la Judicatura en la Comisión de Disciplina y Vigilancia evaluaría, dependiendo de la trascendencia del tema”.
Por lo pronto, comentó que con todos los jueces tienen reuniones mensuales “conversatorias” donde discuten el funcionamiento del sistema, y en la más reciente se habló con “todos” sin ningún señalamiento especifico, “lo destacamos” , y se les dijo que debían evadir las prácticas no adecuadas de un juzgador.
“Técnicamente lo que yo advierto es que el juez como parte de su argumentación dice que no va a vincular a personas sobre prácticas deshonestas o contrarias a la Ley. Si el policía como primer respondiente no se apega a los principios constitucionales de respeto a Derechos Humanos y los parámetros de flagrancia, siempre el resultado será éste”, continuó la defensa del presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO).
De secuestradores a privación de la libertad
El 21 de septiembre de 2016, previa denuncia que un hombre había sido secuestrado, elementos de la Policía Municipal de Tijuana capturaron a dos sujetos que siete meses atrás habían sido parte de la misma corporación, Fabián Chan Velázquez y Francisco Gómez Casillas; los acompañaba en el delito el civil Johan Rosales.
Los tres llegaron a un taller mecánico en la colonia Buenos Aires en Tijuana y, pistola en mano, se llevaron a uno de los clientes como víctima, mientras le apuntaban en la nuca le advirtieron: “Esto es un secuestro, no hagas ni digas nada…”.
En lo que lo trasladaban, hablaron por teléfono con un cómplice y lo amenazaban, le advirtieron que matarían a su familia, y que sabían que poseía permiso de taxi y terrenos donde sembraba aguacates en Michoacán, por si tenía duda le dieron informes de dónde vivía. Los ex policías metidos a delincuentes fueron detenidos en flagrancia en el fraccionamiento El Dorado.
En audiencia celebrada el 29 de septiembre, la jueza Leonor Garza Chávez decidió que no tenía elementos suficientes para vincular por secuestro porque nadie había solicitado dinero a nadie. La palabra de la víctima y el hecho de que hubieran investigado y conocieran de sus propiedades y su dirección, tampoco tuvo la relevancia necesaria. Decidió reclasificar por un delito que implica una sanción menor que es privación ilegal de la libertad. Así la posible sentencia de 40 a 80 años por secuestro, se redujo a de tres a siete años.
“Dentro de los males el menor, no fueron libertad debido a que lo realizaron con un arma de fuego y fue privación de la libertad con violencia. Pero reclasificar es una facultad que tiene el juez, seguimos trabajando la carpeta y se decidió no apelar, pero creo que ahí es un error de apreciación” puntualizó el subprocurador José María González.
“El juez dice que no se materializó la petición de dinero, yo le diría al juez que no tiene que materializarse para acreditar el delito, es suficiente que sea con el propósito, si llego con un arma de fuego, te abordo y llega la policía, no puedo salirme diciendo que nada más te quería asustar”, ejemplificó. “Aquí el propósito es algo relevante que quedó en el informe policial homologado, es que la víctima dice que cuando lo privan de la libertad uno de los sujetos activos habla por teléfono y corrobora que sea su nombre, le dicen qué recursos tiene, taxis y terrenos aguacateros en Michoacán y que se trataba de un secuestro, pero no fue suficiente para el juez.
“Estamos obligados a respetarlo, afortunadamente no es una constante tampoco, pero si seguimos así, entonces en qué van a aquedar los temas donde la Policía actúe con efectividad y rescate en minutos, ¿por qué no se formalizó, no negociaron y lo rescataron antes del pago, no van a vincular? Entonces, ¿equivaldría a que el secuestro no existiría?”, reflexionó González para después reiterar que los ministerios públicos y jueces siguen trabajando, y aprendiendo con el NSJP.
El magistrado Vásquez reiteró que si un juzgador escucha los hechos y no advierte los elementos que configuren el delito no puede vincular, sin embargo, puede reclasificar. “Aquí no se pidió dinero a cambio de la libertad, recuerden el caso de los beisbolistas en Mexicali -en noviembre de 2014, dos policías fueron detenidos por el secuestro exprés de cuatro jugadores de Águilas de Mexicali-, los elementos les pidieron una cantidad de dinero, pero no se pudo acreditar que en algún momento los hayan privado de la libertad para pedir rescate”, en ese caso, los policías declararon que les recibieron el dinero, después que los jugadores confesaron traer marihuana.
Agregó que el MP no está obligado a aceptar: “Esa reclasificación no implica que se tenga que conformar, se puede inconformar”.
Cambiar leyes
Desde la PGJE, el subprocurador José María González advirtió la necesidad de replantear algunos puntos en el NSJP, por ejemplo, revisar los delitos agravados, y recordó que ahora la venta de droga no amerita prisión preventiva, así como la portación de armas largas.
“Entendemos que se despenalice el consumo, pero alguien que obtiene provecho económico de vender droga es distinto”, y al igual que los detenidos en posesión de armas, salen pagando fianzas de 5 mil pesos.
El legislador federal por Baja California, Jorge Ramos, habló al respecto: “Tenemos carencias legislativas que contribuyen a que no se haga un trabajo eficaz, pero sería bueno que nos enteraran los implicados, tenemos que andar pescándolas, por ejemplo hoy, después de cuatro años de gobierno, ,el Gobierno Federal nos está diciendo que necesita una reforma para hacer efectivas las detenciones de lavado de dinero relacionadas con narcotráfico porque tiene dificultades, dado que deben acreditar dos delitos, además del lavado, la delincuencia organizada.., pero no dicen; y en el Informe de Gobierno 2016 tienen cero organizaciones desarticuladas.
“También el tema del armamento, que no hay efecto legal que permita al Ministerio Público negar la libertad caucional a personas detenidas con armas de alto poder. Eso se tiene que recomponer, pero deben decirlo”, concluyó el panista. (Con información de Isaí T. Lara Bermúdez y Cristian Torres Cruz)
Atentado contra municipal
Durante la madrugada del martes 11 de octubre fue atacado el agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Ismael Batalla Hernández, cuando se encontraba realizando una multa a un vehículo sin placas; actualmente se encuentra en terapia intensiva por los impactos de bala que recibió.
Pese a que aún quedan dudas del móvil, la información confirmada hasta el momento señala que sería alrededor de la una de la mañana cuando el agente detuvo al conductor de un vehículo sedán color blanco en Bulevar Francisco L. Montejano, a unas cuadras de Calzada Independencia.
Al acercarse al conductor, otro vehículo se le emparejó y disparó en diversas ocasiones, logrando impactar al agente Batalla en tres ocasiones, en la parte posterior de la cabeza y a un costado con arma 9 milímetros; de igual manera, otra bala dio en el conductor que se encontraba infraccionando, aunque fue en un pie, por lo que se le reportó fuera de peligro.
El titular de la Policía Municipal de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega, señaló que Batalla Hernández cuenta con 12 años en la corporación y los últimos siete los ha pasado en el área de Tránsito, por lo cual no ha participado en alguna detención de riesgo que pudiera arrojar algún móvil en la cuestión laboral.
Monreal afirmó que se están manejando otras líneas de investigación relacionadas con el entorno personal tanto del agente como de la persona infraccionada, asimismo, confirmó que al momento del ataque, el agente no contaba con el chaleco antibalas puesto y, por las cámaras de video vigilancia, se logró captar las placas del vehículo Camry color blanco que se utilizó en los hechos.
Por último, el director de la DSPM Mexicali negó que se tuvieran amenazas directas a la corporación, pero han establecido protocolos de seguridad por las detenciones que se han realizado en las últimas semanas.
Vinculan a sicario en moto
Carlos Gómez Hernández fue vinculado a proceso el 13 de octubre por el homicidio calificado de Édgar Holguín Chalaca, acaecido el día 6 del presente mes en Tijuana.
No solo su detención con el arma de fuego calibre 9 milímetros utilizada en los hechos lo vincula al homicidio, sino el reconocimiento de la participación en el mismo frente al Ministerio Público, donde Gómez confesó ser parte de una organización criminal para la cual fungía como sicario por 300 dólares semanales.
15 asesinatos en siete días; dos entambados
La violencia en Tijuana sigue imparable, en siete días 15 personas fueron asesinadas -dos cuerpos fueron encontrados en tambos- y, en el transcurso de octubre, hasta el cierre de esta edición sumaban 26 ejecuciones, mientras que en el año la estadística se eleva a 660 crímenes.
Los últimos hechos violentos datan el jueves 13 de octubre, cuando se reportó que sobre el Bulevar Fundadores, esquina Rumorosa, Sección Lomas de la colonia Valle del Rubí, se hallaba un vehículo abandonado, en cuyo interior estaba el cuerpo putrefacto de un hombre en un contenedor de basura.
El miércoles 12, alrededor de las 11:25 pm, fue reportado que en una casa en construcción en Calle Cecilia Sierra y Pinos en la colonia Campos, se encontraba el cadáver de un hombre de entre 40 y 45 años de edad. Tenía tres lesiones de arma punzocortante en tórax y abdomen.
Antes, los olores fétidos que se desprendían de un bote de basura, alertaron a un transeúnte a solicitar apoyo policíaco, se trataba del cadáver de un hombre en el interior de un recipiente, en Calle Eligio Valencia de la colonia Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada.
El martes 11, un sujeto fue lesionado en las costillas por arma de fuego en la calle 18 de Marzo de la colonia México Lindo.
El lunes 10 se informó que sobre la calle Mutualismo, entre Michoacán y Baja California en la Zona Norte, un hombre identificado como Francisco Tránsito Gutiérrez, de entre 40 y 45 años de edad, había sido ultimado con arma blanca. Ese mismo día, en la calle Atotonilco de la colonia El Pípila, se localizó el cuerpo de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, con heridas de bala en cara y tórax.
El domingo 9, tres hombres fueron encontrados asesinados y sus cuerpos abandonados sobre el Bulevar 2000. El primer hecho se suscitó en la colonia Valle Bonito, a la altura de una gasolinera, donde se encontró el cadáver de un hombre en estado putrefacto, con tres heridas por arma de fuego.
Posteriormente, en la colonia El Realito se localizaron dos hombres muertos de entre 30 y 35 años de edad, atados de pies y manos, además de tapados con una sábana. Las víctimas presentaban un surco en el cuello y lesiones contusas en cara y cabeza.
El sábado 8, en el interior de un negocio de comida rápida de Los Altos, una mujer fue ejecutada. Una fuente señaló que los presuntos responsables huyeron en un auto compacto color café.
El viernes 7, el cuerpo sin vida de Francisco Javier Ortega López “El Culichi”, de 45 de edad, fue hallado en Andador Guanajuato y Colima de la colonia Camino Verde. Presentaba heridas irregulares en tórax y abdomen. Se dedicaba a la venta de droga.
El jueves 6, un hombre de 30 años, fue asesinado en la colonia Infonavit Latinos, Delegación Sánchez Taboada. Los hechos ocurrieron sobre Avenida Acueducto y Cubanos.
En Rosarito ejecutan a cuatro
El municipio de Playas de Rosarito vivió una semana sangrienta; en un solo día fueron asesinadas cuatro personas y una más resultó herida, en dos hechos distintos y con 40 minutos de diferencia.
El primer ataque armado se suscitó alrededor de las 7:00 pm en el fraccionamiento Los Ángeles, a escasas diez calles de donde habita el alcalde Silvano Abarca. Un vehículo tipo sedán que circulaba por la calle Mexicali fue baleado con armas largas por un camioneta en movimiento donde viajaban varias personas. En el hecho murió una mujer identificada como Laura Clarisa Escamilla Sánchez, de 55 años de edad y otro individuo, de nombre Christian González Villagón. En el hospital falleció otra víctima, Javier Castillejo Escamilla “El Javi Gordo”.
Un testigo de los hechos identificó a uno de los agresores como un sujeto “pelón y con tatuajes”.
Cuarenta minutos después, en el Ejido Primo Tapia, una mujer fue acribillada y un hombre resultó herido de bala, aparentemente con arma corta.