Este mes comenzará la búsqueda de las personas que habrán de integrar el Sistema Nacional Anticorrupción; el gobierno de Enrique Peña Nieto, el mismo que ha exonerado y no ha castigado, tiene la oportunidad de permitirle a la sociedad elegir a los suyos, sin meter las manos y ensuciar un proceso inédito en nuestro país.
Generalizar no es una buena manera de unificar esfuerzos. Una política pública no puede —ni debe— estar basada en el principio de que todos son culpables, o dar por sentado que una acción ilícita, irregular, es parte de la idiosincrasia, de la cultura y esencia de una comunidad.
En dos ocasiones, Enrique Peña Nieto, el presidente de México, ha generalizado cuando intenta justificar los altos niveles de corrupción, y la percepción de un país de corruptos que sobre México se cierne.
La primera ocasión fue cuando un grupo de periodistas auspiciados en Televisa le hicieron una entrevista. Respondió a León Krauze sobre la corrupción en México, a la cual el mandatario se refirió así: “…Creo que hay un tema cultural, lamentablemente que ha provocado corrupción, en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público, no es un tema exclusivo del orden público…”.
La segunda vez sucedió en septiembre de 2016. Justo en un acto de transparencia, muy orondo, Peña discursó: “Este tema que tanto lacera, la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra, todos somos parte de un modelo que estamos desterrando y deseando cambiar…”.
Interesante que el presidente dé cuenta de corrupción en la iniciativa privada, de manera reiterada —y en otros sectores de la sociedad ajenos al gubernamental— no tanto porque señala sin probar, cuanto más porque una persona como él, que solo se ha desempeñado en el sector público, no ha destacado, con todo el conocimiento que tiene de la corrupción en todos los sectores, por ser un perseguidor del delito. No hay cuenta de empresarios, maestros, comerciantes que hayan sido juzgados por algún gobierno encabezado por Peña Nieto.
Es decir, el presidente que dice que la corrupción es un tema cultural, y que está en todos los sectores, el público y el privado, y que nos hace percibir que conoce casos, que sabe de lo que habla, que tiene fundamentos para tales declaraciones, no ha juzgado a personaje alguno por los delitos asociados con la corrupción, mucho menos encarcelado a un delincuente de tal calibre.
Cosa contraria, ha exonerado al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ha dado trabajo a un momentáneo, a Arturo Escobar, se ha tomado fotos con Javier Duarte, solo despidió a David Korenfeld, de Emilio Gamboa Patrón no dice nada, y mientras los empresarios que lo han apoyado de manera sistemática en los cargos de gobierno que ha ostentado siguen concursando para ganar licitaciones y convenios gubernamentales.
Ni hablar de que él y su esposa también fueron exonerados por uno de sus más cercanos colaboradores, a pesar de que tiempo después y en dos ocasiones pidió perdón por el escándalo público al conocerse de la adquisición de la ensombrecida casa blanca.
Nada, el presidente que señala la corrupción en todos sus niveles no ha sido capaz de perseguir a un corrupto, de investigarlo, procesarlo y encarcelarlo. Cosa contraria, pues, Peña ha destacado por su condescendencia a funcionarios corruptos o poco eficaces.
La corrupción, y no es un asunto de percepción sino de estudios y sondeos, se ha incrementado en los últimos años en México. Particularmente en los que ha gobernado de nueva cuenta un representante del Partido Revolucionario Institucional —sin demeritar los casos que en los dos sexenios administrados por el Partido Acción Nacional se señalaron, también cercanos a la pareja presidencial en el primero, y de funcionarios y empresas privadas en el segundo—; México aparece en los primeros lugares de los países más corruptos en los índices ex profeso, y en los últimos sitios cuando de competitividad se trata.
Recientemente se publicó un documento en el Foro Económico Mundial que da cuenta de ello. Explica y deduce el analista: “Alguna vez considerado un país con un potencial maduro para el crecimiento, la inversión y la productividad, los recientes escándalos de corrupción y la inconformidad social han disminuido el nivel de confianza y han tenido un impacto negativo en la economía mexicana y la percepción pública.
“Para abatir la corrupción y crear condiciones de transparencia, México necesita abrir los canales de comunicación entre las instituciones públicas y las privadas para identificar áreas de riesgo, oportunidades y herramientas para el desarrollo. No será algo fácil de llevar a cabo especialmente con las críticas condiciones para el desarrollo económico.
“Además de una pobre infraestructura, México tiene otras prioridades y recursos limitados. Adicionalmente, la burocracia y la opacidad en los procesos permanecen como los grandes obstáculos para los inversionistas”.
La corrupción, pues, no somos todos los mexicanos, ni está en todos los sectores. Conozco personas que no juegan ni el papel de corrompido ni el de corruptor, en muchos ámbitos, pero particularmente en la ciudadanía alejada del gobierno y la iniciativa privada. Sé de empresarios que cuentan anécdotas de cómo con los gobiernos del PRI el costo de la corrupción para lograr un permiso —ya no digamos un contrato— estaba (está) incluido en el presupuesto de obra, de negocio, comercio o proyecto. Y también de hombres y mujeres que cedieron tierras, autos, departamentos, personal, joyas y dinero, para poder lograr los permisos necesarios del gobierno para el desarrollo de sus actividades, la generación de empleos, el flujo de inversión, el crecimiento urbano y la ampliación de la infraestructura.
En Transparencia Internacional, México ha mantenido su nivel de corrupción en los últimos 20 años con variaciones de tres, dos puntos, y se promedia en los 35 que se obtienen con este gobierno a la cabeza, en una escala donde 0 es el más corrupto y 100 el menos. De igual manera, en el Foro Económico Mundial el país aparece en posiciones delicadas; para ese organismo nuestra nación es la decimotercera más corrupta del mundo, solo superada por países de economías tercermundistas. En la percepción ciudadana, en ambos análisis, la concepción es que la corrupción está en el sector público. La corrupción comienza en el gobierno. La corrupción son ellos y no todos los mexicanos.
Hace unos días también, el historiador mexicano Miguel León Portilla lo refirió muy a su estilo y con esa calidad moral y sapiencia que le asisten, a propósito de hablar del legado de dos culturas preponderantes para México, la mesoamericana, la mediterránea: “¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué? Pues por flojos y por corruptos”, se preguntó y respondió el afamado filósofo e ideólogo mexicano, para continuar: “Tuvimos la suerte de nacer en un país maravilloso, que tiene muchos problemas, muchísimos, pero tenemos nosotros que superarlos, tenemos nosotros que transmitir un México mejor a quienes nos hereden, a quien venga luego”.
Ciertamente en México falta más actividad de la sociedad civil para denunciar, exhibir, perseguir la corrupción, y supervisar a los gobiernos. Dejar la pereza de lado y tomar la iniciativa para ir tras los corruptos a partir de un voto, de una carta, de una delación, de una manifestación pacífica.
La participación de la sociedad es hoy más necesaria en el combate a la corrupción como nunca antes lo fue. Especialmente cuando se tiene un presidente de la república que sabe de ello, pero no actúa en consecuencia.
En el análisis del Foro Económico Mundial ya no se buscaban soluciones para acabar con la corrupción en México, mejor plantearon tres claves “para convertir la corrupción en un riesgo menor”: identificación y evaluación de los riesgos de corrupción, promoviendo el compromiso de la cero tolerancia y la transparencia en los procesos de negocios y de gobierno; asociaciones públicas y privadas para la inversión en el desarrollo, que sume la necesidad de un gobierno de ganar en términos políticos, y el interés de la empresa de obtener ganancias; y mitigar los riesgos de la regulación.
Este octubre comenzará en México la búsqueda de las personas para el comité seleccionador de los hombres y mujeres que habrán de integrar el Sistema Nacional Anticorrupción, que nos regirá y que, con la ayuda de la ciudadanía, vigilará las prácticas de gobierno, las relaciones entre las instituciones del sector público y la iniciativa privada para sancionar los actos de corrupción, los conflictos de intereses, la mala práctica de gobierno.
El gobierno de Peña Nieto, el mismo que ha exonerado y no ha castigado, tiene ahora la oportunidad de permitirle a la sociedad elegir a los suyos, sin meter las manos y ensuciar un proceso inédito en nuestro país para combatir la corrupción que no es cultural ni generalizada, que comienza en un gobierno que nos hace ser percibidos como un país de corruptos, cuando lo que tenemos es un gobierno corrupto, de donde brota la turbiedad que tanto ha flagelado a un México en estado ya crítico.
