El diario estadounidense The New York Times dijo en su editorial titulada “Dos años después de la desaparición de los estudiantes mexicanos”, que el gobierno de Enrique Pena Nieto fracasó en sus intentos por encubrir la verdad de lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El rotativo aseguró que el gobierno de México encubrió a Tomas Zerón de Lucio, sacándolo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), para nombrarlo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a pesar de haber sido señalado por miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
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“En abril [2016] un grupo de expertos internacionales [de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)], denunció que funcionarios mexicanos manipularon, desestimaron y fabricaron evidencias, elevando con ello las posibilidades de que cometieron actos de encubrimiento”, indica el New York Times.
El editorial del diario estadounidense enfatizó en la visita de Zerón de Lucio al río Cocula, en Guerrero, hecho que incrementó las suspicacias sobre el encubrimiento gubernamental para ocultar la verdad sobre la masacre de los 43 estudiantes.
“Fue una filmación realizada el 28 de octubre de 2014 que muestra a Tomas Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de investigación Criminal de la PGR, cerca de un río, no lejos del lugar en el que desaparecieron los estudiantes. La filmación incluye imágenes de una bolsa que contenía restos humanos quemados. En la narrativa oficial, el gobierno clama que buceadores de la Marina encontraron los restos en el río, el día anterior a la filmación”, señaló el NYT.
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Zerón es considerado como el artífice de la “verdad histórica”, el argumento oficial sobre los 43 que presentó en su momento el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Su renuncia se dio el 14 de septiembre, 12 días antes de que se cumplieran dos años de la desaparición de los estudiantes. Pero duró apenas unas horas sin empleo.
“Parece inverosímil que el gobierno dé una explicación al respecto. Horas después de la renuncia de Zerón de Lucio, el presidente Peña Nieto lo designó en un puesto rimbombante […] movimiento que parece ser para protegerlo, por este momento, para que rinda cuentas sobre sus actos”, acusó el editorial del New York Times.
Pese a las dudas respecto a la “verdad histórica” que intenta imponer el gobierno mexicano, el medio informó que la presidencia de Barack Obama, por medio del Departamento de Estado, decidió certificar a México en materia de derechos humanos, para continuar financiando en su totalidad la parte correspondiente al año fiscal 2016 de la llamada Iniciativa Mérida, dedicada a combatir al narcotráfico mexicano.
“Calladamente el Departamento de Estado, el mes pasado notificó al Congreso [de aquel país] que después de deliberaciones considerables decidió certificar a México, porque ha hecho avances suficientes sobre la defensa de los derechos humanos que justifican la entrega de todo el paquete de ayuda por unos 155 millones de dólares”, indicó el rotativo en su editorial.
El cambio de posición en el gobierno de Obama, tomando en cuenta que el año pasado desertificó en materia de derechos humanos al gobierno de Peña Nieto, y lo castigó con la retención del 15 por ciento del financiamiento de la Iniciativa Mérida para el pasado año fiscal, contrasta con lo que piensan de esto en el Capitolio.
“La justificación del Departamento de Estado, que hasta hace poco salió a la luz, está lejos de ser convincente”, se lee en el editorial del NYT, sobre la obtención completa del paquete de ayuda, que es de alrededor de 155 mil millones de dólares.
En entrevista con el periódico neoyorquino, el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, consideró que el gobierno de Peña Nieto no ha logrado los progresos necesarios para contener la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
“Al contrario, hemos visto un patrón de fallas de investigación, de destrucción de evidencias, de amenazas a testigos y de encubrimientos para proteger a policías y militares abusivos y corruptos”, declaró el legislador.
