De acuerdo al Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015, “…los migrantes internacionales suman alrededor de 232 millones (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas DAES, 2013), mientras que los migrantes internos representan 740 millones de personas en todo el mundo (PNUD 2009)”, y alrededor del 50 por ciento de los migrantes internacionales quieren ir a Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Alemania, España y Reino Unido; Rusia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (DAES 2013).
Así que se le informa a la gente que reside en Baja California y ha promovido campañas de odio -particularmente en redes sociales-: a los afrodescendientes no les interesa quedarse ni en Mexicali, ni en Tijuana. Pero si lo desearan, las leyes nacionales e internacionales los protegen y respaldan.
Rodulfo Figueroa, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, explicó esta semana que de mayo a la fecha, en Chiapas se han entregado 14 mil permisos a personas que han asegurado ser nativos de Somalia, el Congo y Haití. De éstos, 11 mil ya llegaron a Baja California y 7 mil ya se fueron, cruzaron a Estados Unidos.
Entre 3 mil 500 y 4 mil son los que permanecen en la entidad, de esa cifra, el 12% son infantes, alrededor de 250 niños, de esos 90 son menores de 3 años y 14 las mujeres embarazadas. Y permanecen en Tijuana en espera de su turno para ser atendidos por el gobierno de Estados Unidos, a ninguno se le ha vencido su permiso de 20 días, el cual se les otorga por razones humanitarias con el fin que regularicen su situación legal en México, pero ellos no lo han hecho… porque no les interesa.
Siguen en territorio mexicano porque los turnos de cita que ofrecen los estadounidenses a diario son insuficientes frente a la demanda. “Hay 200 personas en fila y entregan 120 turnos, entonces diario se nos acumula un rezago de 80 turnos” detalló Figueroa.
Pero además, en México, durante la presidencia de Felipe Calderón en 2008 se aprobó la reforma legislativa que despenalizó la migración irregular y se comprometió a facilitar la movilidad internacional de personas, por lo que existen múltiples formas de obtener una visa sin problemas. Cuando a estos migrantes se les venzan los permisos podrán solicitar y obtener una visa permanente.
Bajo esta legislación, cualquier gobierno responsable estaría obligado a incluir en sus planes y presupuestos -en México y Baja California, por lo menos desde hace ocho años- políticas que consideren el fenómeno…pero no lo hacen.
Porque no deberían ser las Organizaciones No Gubernamentales las que estén enfrentando la contingencia humanitaria. Es una crisis que lleva ocho meses y localmente el gobernador Francisco Vega apenas decidió pararse por los desayunadores. Cierto, en las últimas tres semanas el mandatario ya fue a México a hablar con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y con Canciller Claudia Ruiz Massieu, pero a la fecha los resultados han sido mínimos, ni siquiera perceptibles.
El fenómeno de la migración no es nuevo, por razones de mínima humanidad, por los millones de mexicanos en Estados Unidos, las decenas de miles en Canadá y en Europa, no tenemos derecho de abordar el tema con ese racismo ramplón que exhibió al pueblo mexicano en la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2010 que reportó que en México, el 23.3% de los mexicanos no estaría dispuesta a compartir casa con personas de otra raza, el 54.8% afirmó que a la gente se le insulta por su color de piel, y 4 de cada 10 personas trata de forma distinta dependiendo el tono de piel.
Es todavía más vergonzante e irónico que esto suceda en dos ciudades que han recibido y dado cobijo, que han sido construidas por migrantes, aunque sean en su mayoría internos.
En medio de la contingencia también están los cientos de bajacalifornianos conscientes, solidarios, empáticos y tolerantes, que han decidido apoyar con trabajo social y donativos en especie a las organizaciones que están atendiendo a estas personas.
La contingencia está encima “y va para largo”, han reconocido diversos funcionarios, por lo que el esfuerzo ciudadano se debe concentrar en apoyar a las organizaciones que están ayudando a este grupo vulnerable, y en presionar a los funcionarios y representantes políticos a cumplir con la Ley, con la obligación “… de vincular las políticas económicas y urbanas con el fenómeno de la migración (interna e internacional) como un factor decisivo de la configuración de las ciudades sostenibles”, un tema que de entrada los gobiernos no pueden dejar fuera de los presupuestos municipales, estatal y federal para 2017.
Porque las leyes, o las aplicas, o las cambias.
