Del Cártel Arellano Félix, el sicario y mandadero Manuel Martínez González reclama se aplique en su favor la ejecución de prisión preventiva en dos sentencias. Así recuperaría su libertad. Suma condenas de 12 años seis meses de prisión por delincuencia organizada y 7 años seis meses de cárcel por lavado de dinero. En un Tribunal Unitario le concedieron un amparo para que se estudie la posibilidad de liberarlo
Fue el hombre de las confianzas del mafioso Benjamín Arellano Félix y sus descuidos llevaron al Ejército a la captura de ambos en Puebla hace más de 14 años y medio. El gobierno pretende que purgue sus condenas hasta marzo de 2022, pero su defensa estima que el pistolero debió abandonar la prisión hace casi cuatro años. La latente libertad del recluso se encuentra ahora en manos de un Tribunal Colegiado en el Estado de México.
Se trata de Manuel Martínez González alias “La Mojarra”, cuyo apodo deviene de su consanguineidad con el afamado pistolero del Cártel Arellano Félix (CAF), Fabián Martínez “El Tiburón”, quien se suicidó en Zapopan en 1998 al verse rodeado por la policía. Por ser su hermano menor y un novato, a Manuel le correspondió el mote de un pez menor.
Tareas de inteligencia militar le siguieron la pista desde 2001. “La Mojarra” era el encargado de llevar y entregar 30 mil dólares semanales a Ruth Serrano, la esposa de Benjamín, que también vivía en una residencia de Puebla, cercana a la de su marido. El seguimiento duró varios meses hasta que un operativo efectuado el 9 de marzo culminó con la detención de Arellano Félix y su fiel escudero.
Martínez González fue internado -cuatro días después- junto con su patrón en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahí quedó a disposición del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en esa entidad acusado de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Al rendir su declaración preparatoria, Manuel dijo contar con 23 años de edad y dedicarse a la compra venta de automóviles. Negó en todo momento las imputaciones formuladas en su contra. Dijo desconocer cualquier tipo de actividad criminal de Benjamín Arellano y se desligó de su presunta pertenencia al entonces llamado Cártel de Tijuana. El juez le dictó el inevitable auto de formal prisión 144 horas después.
En octubre de 2003, a “La Mojarra” le fue instruido un nuevo proceso en el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), junto a la contadora Ivonne Soto Vega “La Pantera” y los casacambistas Ruelas Martínez.
Con el paso de los años llegaron las sentencias de ambas causas penales. En el Juzgado Segundo, Manuel Martínez fue condenado a 12 años seis meses de prisión por delincuencia organizada y se le absolvió de la portación de arma de fuego. Tras un recurso de apelación, la condena fue confirmada en segunda instancia y quedó firme el 20 de abril de 2006.
En el Juzgado Quinto fue declarado culpable de lavado de dinero en la hipótesis de transportar por interpósita persona recursos a sabiendas de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar o impedir conocer su origen, localización y propiedad de dichos bienes. La pena original fue de 10 años de prisión, pero modificada en la apelación a siete años seis meses de cárcel. Causó estado el 31 de mayo de 2007.
El defensor de oficio asignado a “La Mojarra” interpuso en 2010 un incidente no especificado para promover que se aplicara a favor de su defendido la reforma de los Artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, para efectos de que en ambas condenas se computara la prisión preventiva de forma simultánea, debido a que las dos causas penales guardaban relación al emanar de los mismos hechos.
En septiembre de ese año, el Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales del Estado de México consideró fundado el incidente; sin embargo, aplicó indebidamente –a consideración de la defensa- una tesis jurisprudencial para la aplicación sucesiva de las penas, lo que le causa agravio, pues se pretendía la simultaneidad del cómputo de la prisión preventiva (tiempo encarcelado antes del dictado de las sentencias). El Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito confirmó el fallo.
Debido a lo anterior, Martínez González recurrió al juicio de amparo. La pretensión es que la pena de 12 años seis meses se tenga por compurgada en fecha 28 de julio de 2010, y que la segunda condena, la de siete años seis meses, se tenga por cumplida el 7 de noviembre de este año, según las cuentas alegres del defensor de oficio.
De esa forma, “La Mojarra” estaría con tiempo de sobra en el Centro Federal de Readaptación Social número 8, Nor-Poniente, en Guasave, Sinaloa, a donde fue trasladado a inicios de la presente década.
El Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito con residencia en Toluca resolvió en el juicio de garantías 5/2016 conceder el amparo y protección de la justicia de la unión a Manuel Martínez para el efecto de que el Quinto Tribunal Unitario deje sin efecto la resolución confirmatoria y en su lugar emita otra en la que atienda de manera precisa el análisis de los agravios expuestos por el sentenciado y su defensor.
El Ministerio Público de la Federación, que pretende que “La Mojarra” cumpla de forma sucesiva sus dos condenas hasta marzo de 2022, interpuso el recurso de revisión, por lo que el asunto se encuentra en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, donde se resolverá la controversia.