Mientras que en algunos países latinoamericanos los ciudadanos tienen acceso a elecciones alternas para definir relevantes en la vida nacional, en México “estamos todavía empezando” en ese aspecto de nuestra democracia, apuntó el consejero nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández en entrevista con ZOOM POLÍTICO.
Apenas el 2 de octubre pasado, los votantes colombianos decidieron decir no al acuerdo de paz con la guerrilla, representada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a través de un plebiscito en el que los colombianos tuvieron la oportunidad de acabar con una guerra de más de medio siglo.
En el caso de Venezuela, la Constitución establece que a la mitad del periodo de un funcionario, incluyendo el propio Presidente de la República, una quinta parte de los votantes podrán pedir al Congreso que se organice un “referéndum revocatorio”, herramienta con la que deciden si dicho funcionario continúa o no en el cargo, en base a su desempeño.
Nacif Hernández explicó que en el caso mexicano, dichas herramientas llevan por nombre “consulta popular”, que pueden o no tener carácter vinculante, es decir, pueden ser obligatorias o no para la autoridad; no obstante, solamente cuatro consultas han sido solicitadas, todas en 2015; ninguna procedió debido a una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró que las consultas planteadas no estaban apegadas a la Carta Magna, por lo que no era procedente llevarlas a cabo.
Según el funcionario electoral, se trata de un derecho ciudadano pedir una consulta nacional, pero requiere que por lo menos 32 millones de mexicanos, incluidos en el padrón electoral, participen para que su determinación sea obligatoria tanto para el Poder Legislativo como el Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República y los diputados; esa cifra equivale a alrededor del 40 por ciento del listado nominal nacional. En encuestas ha quedado de manifiesto que más de la mitad de los mexicanos desconocen esas herramientas para ejercer la democracia.
El 14 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular, que establece que además de legisladores y el propio Presidente de la República, el 2 por ciento del listado nominal de todo el país podrán presentar la solicitud de que se lleve a cabo la consulta, argumentado por qué consideran de que el hecho que la motiva es de transcendencia nacional.
Nacif Hernández fue claro: “hasta el momento no se ha materializado” ninguna petición de esa naturaleza, en un escenario muy evidente, con una pobre popularidad de los gobernantes mexicanos, sumergidos en una imagen de corrupción y desconfianza generalizada de la población, lo que no es gratuito: casos como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, prófugo de la justicia por haber desfalcado por miles de millones de pesos el erario público de esa entidad han marcado tendencia en la forma en que el ciudadano promedio percibe al sistema político.
