La PGR investiga desde 2014 a personas y compañías relacionadas con los hijos de Rafael Caro Quintero. Las investigaciones han encontrado a más empresas que las señaladas por Estados Unidos en presuntas acciones de lavado de dinero. El periodo de las pesquisas solo abarca 2012-2013. Indagan contubernio de funcionario bancario en Guadalajara
A tres años y tres meses que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a su listado de cabecillas y empresas del narcotráfico, a familiares y socios del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el gobierno mexicano ha asegurado 19 cuentas bancarias de 16 empresas y personas físicas, que entre los años 2012 y 2013 realizaron movimientos bancarios por más de 130 millones de pesos.
Así se desprende de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/AP/049/2014 y de los diversos juicios de amparo promovidos por representes legales de las compañías presuntamente vinculadas a familiares del fundador del Cártel de Guadalajara.
A la fecha, algunas de las compañías investigadas y que sufrieron del congelamiento y/o aseguramiento de sus cuentas bancarias, todas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, han obtenido algunos fallos favorables en los amparos interpuestos; sin embargo, hasta ahora a ninguna de las quejosas se les ha levantado la medida precautoria.
El señalamiento
El 12 de junio de 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a 18 personas y 15 empresas señaladas de formar parte de la red criminal de Rafael Caro Quintero, a quien no se perdona el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985; en esa fecha, Caro aún estaba preso en el penal de Puente Grande.
En esa acción del gobierno norteamericano fueron incluidos en la lista, que hace una especie de “padrón de enemigos”, a los hijos y ex esposa del narcotraficante sinaloense, así como a algunas personas muy allegadas a los mismos. Se les acusó de “formar parte de una red de familiares y testaferros -de Rafael- para invertir su fortuna en empresas aparentemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara”.
Adam Szubin, director de la OFAC, dijo entonces que con la ayuda de las autoridades mexicanas “continuamos apuntando a los traficantes de drogas, el blanqueo de sus ganancias mal habidas, y los que les ayudan en sus actividades ilícitas”.
Los boletinados en esa ocasión fueron Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibrán, de apellidos Caro Elenes; así como la madre de éstos, María Elizabeth Elenes Lerma. También se mencionó a Denisse Buenrostro Villa, Humberto Vargas Correa y se apuntó hacia los hermanos de apellidos Sánchez Garza, Sánchez Barba y Sánchez González, relacionados con Caro Quintero y con Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.
Las empresas señaladas, dedicadas a giros diversos, fueron: ECA Energéticos, S.A. de C.V.; El Baño de María, S. de R. L. de C.V.; Zapatos de Pronto, SAB de C.V.; Hacienda Las Limas, S.A.; Grupo Fracsa, SAB de C.V.; Dbardi, S.A.; Grupo Constructor Segundo Milenio, S.A. de C.V.; Restaurante Bar Los Andariegos; y Piscilanea, S.A., entre otras.
El 31 de octubre de 2013, la OFAC agregó al listado otra serie de compañías presuntamente relacionadas con los Caro Elenes en Jalisco y en Sinaloa. Se citó a Arrendadora Turín, S.A.; Barsat, S.A. de C.V.; Desarrolladora San Francisco del Rincón, S.A. de C.V.; Dinermas, S. de R.L. de C.V.; Energéticos Vago, S.A. de C.V.; Estación de Servicio Atemajac, S.A. de C.V.; Fortanas, S. de R.L. de C.V.; además de Grupo Barsterra, S.A. de C.V.
Otras entidades fichadas fueron: Grupo Espanol Elcar, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Prominente, S.A. de C.V.; Minerales Nueva Era, S.A. de C.V.; Minerales Nueva Generación, S.A. de C.V.; Nueva Terra, S. de R.L. de C.V.; Operadora Engo, S.C.; Petro London, S. de R.L. de C.V.; Petro Mas, S. de R.L. de C.V.; Promi Fel, S. de R.L. de C.V.; Servicio y Operadora Santa Ana, S.A. de C.V.; Taxi Aéreo Nacional de Culiacán, S.A.; y Villas del Colli, S.A. de C.V.
La indagatoria
En México, las acciones de los norteamericanos tuvieron eco, y el titular “B” de la Dirección General de Procesos Legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), formuló denuncia de hechos el 7 de febrero de 2014 ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En una agencia ministerial de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se inició la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/AP/049/2014.
La primera acción del fiscal responsable de las pesquisas fue girar oficios a instituciones financieras y de crédito para solicitar el aseguramiento de las cuentas de ahorro, cheques y/o contratos de inversión que estuviesen a nombre de las personas físicas o morales señaladas por autoridades hacendarias.
Entre las sorpresas que encontró la Unidad de Investigación Financiera se hallaron empresas no señaladas por Estados Unidos, pero que coincidían en los mismos números de cuentas y de apoderados o autorizados.
De esa forma, el 12 de febrero de 2014, el agente del Ministerio Público de la Federación consiguió que las instituciones bancarias, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), procedieran al aseguramiento precautorio de 19 cuentas bancarias y los recursos depositados en ellas por 16 empresas.
La acusación principal refiere que los implicados, ya identificados, y otros sujetos que aún no identificados plenamente, “muy posiblemente realizaban la introducción de recursos al sistema financiero, con muy alta probabilidad de que se trate de recursos producto de actividades ilícitas, y una vez hecho lo anterior, realizaban su envío a cuentas de personas físicas y morales que aparentemente mantienen una relación con las personas contratantes de los instrumentos bancarios de los que proceden los recursos”.
Según algunas operaciones detectadas por la UIF, “se observó la inversión de los recursos a muy corto plazo, ocultando o pretendiendo ocultar el origen o destino final de los recursos operados”.
Fotos: Archivo
Movimientos
En el lapso de un año aproximadamente se advirtió de la existencia de operaciones dentro del sistema financiero mexicano por cantidades superiores a 130 millones de pesos. Las transacciones entre las cuentas de las personas morales se realizaban con la contribución especial de un ejecutivo de una sucursal bancaria, donde se contrataron las 19 cuentas.
Aunque se trata de 16 empresas diversas, las que presuntamente tenían incumplimiento de obligaciones de carácter fiscal, eran representadas ante el banco por solo dos personas, cuyos nombres se reserva la indagatoria, y quienes eran las únicas autorizadas para girar en contra de las cuentas, registran el mismo domicilio ante la autoridad fiscal, comparten correos electrónicos y teléfonos.
Presuntamente algunas de las compañías enviaban recursos económicos a uno de los hermanos Caro Elenes, “quien se conoce, se encuentra en la lista del OFAC de fecha 12 de junio de 2013, identificado como hijo de Rafael Caro Quintero, conocido narcotraficante y cofundador del Cártel de Guadalajara y a quien se identifica como propietario de varias empresas en Guadalajara, Jalisco”, afirma la averiguación.
La SEIDO estima que aunque solo dos de las entidades investigadas están relacionadas con grupos delincuenciales, “a consideración de esa autoridad se puede colegir fundadamente que los recursos implicados en los hechos denunciados, tienen origen en el despliegue de conductas ilícitas y se efectúan con el único propósito de ocultar el origen y destino de los recursos; generando en consecuencia de forma evidente una afectación al bien jurídico tutelado por el tipo penal”.
Los movimientos bancarios realizados para depositar o retirar dinero de las cuentas afectas a las pesquisas se realizaron en las entidades federativas de Jalisco, Colima y la Ciudad de México.
La PGR sustentó la orden de aseguramiento en su facultad para perseguir e investigar los delitos del orden federal y determinó durante la averiguación previa, las medidas y providencias necesarias que impidan se pierdan, destruyan o alteren las huellas, vestigios, instrumentos, cosas, objetos o producto del delito; evitar que el ilícito se siga cometiendo y ordenar el aseguramiento provisional de bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito para que no se destruyan o desaparezcan.
Sospechas
Algunas de las empresas que se vieron afectadas por el aseguramiento de cuentas bancarias y no aparecen en las listas de sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, son: Comercializadora de Productos Comesa, S.A. de C.V.; Global Diseño y Formas, S.A. de C.V.; Principal Construcciones Materiales y Tubos Piedra Roja, S.A.; y Premier Acción Empresarial, S.C., por citar algunas.
Otra coincidencia entre estas compañías se hizo patente: todas son proveedoras de diversos gobiernos municipales en Jalisco. Comesa se dedica a dotar de servicios a escuelas y colegios; Global Diseño y Forma tiene giro de agencia de publicidad; Piedra Roja pertenece al sector de la construcción y Premier se dedica a impartir cursos relacionados con prevención de riesgos.
La totalidad de personas jurídicas antes referidas han promovido juicios de amparo en tribunales federales de Jalisco. Los jueces han encontrado inconsistencias en la fundamentación y motivación del Ministerio Público Federal para que los bancos congelen las cuentas y han ordenado la reposición del procedimiento dentro de la averiguación previa para que se subsanen las pifias que dejan en estado de indefensión a los quejosos.
La unidad especializada que investiga, ha dado largas para cumplir con las ejecutorias de amparo, en tanto, las investigaciones al grupo familiar de Caro Quintero, Caro Elenes y sus allegados continúa.
“El Chapo” sigue en espera
Las horas y los días siguen su curso después de que el lunes 26 de septiembre fueron desahogadas las audiencias constitucionales de los juicios de amparo promovidos por el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, sin que hasta el cierre de edición se conozca la resolución del juzgador.
Sin contratiempos, la defensa del quejoso y el Ministerio Público de la Federación ofertaron sus últimas pruebas y formularon sus alegatos ante el personal Juzgado Décimo Tercero de Distrito de en Materia Penal de la Ciudad de México; sin embargo, las sentencias no fueron dictadas.
Es cuestión de horas, de días o hasta de semanas para se conozca el esperado veredicto, que no será el definitivo para que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera sea o no extraditado a los Estados Unidos de América, pues quedarán para una u otra parte, los medios de impugnación que establece la Ley de Amparo.
El juez de garantías estudia a conciencia las pruebas aportadas por ambos bandos, pues se trata de dos asuntos completamente diversos. Uno, es el proceso que se le seguirá en una Corte Federal de California y el otro, los cargos que enfrentará el mexicano en una Corte Federal de Texas, por delitos diferentes, pero coincidentes en cuanto al trasiego de drogas al país del norte.
Mientras el fallo llega, abogados del ex líder del Cártel de Sinaloa mediatizan su encarcelamiento revelando lo que los peritajes ofrecidos por ellos –en un juicio de amparo diverso– concluyen: “El Chapo” sufre de tortura en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 “Norte”, en Ciudad Juárez.
Lo que los defensores no dijeron, ni los periodistas preguntaron, es, que los peritajes constan de dos partes. Una de ellas la aporta la defensa y la otra los expertos oficiales. Hasta el momento sólo se conoce la “verdad” que a los representantes legales de Guzmán les conviene. Falta que los peritos ofrecidos por la Procuraduría General de la República realicen sus experticias y emitan sus dictámenes.
Por lo pronto, Guzmán Loera seguirá siendo noticia por diversos factores, en tanto se dicta la sentencia de los amparos que podrían reponer el procedimiento de extradición, o bien, referir que no existe ninguna violación constitucional en el dictado de las órdenes de procedencia y que la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores está bien dictada. Luis Carlos Sáinz Martínez
