De manera sorpresiva, la tarde del lunes 17 de octubre se citó a una reunión extraordinaria del Cabildo de Mexicali, donde se aprobó un tema que había sido negado hasta en dos ocasiones, e incluso con el voto en contra de la propuesta del alcalde y de los regidores de su propio partido.
Trata del adeudo del XXI Ayuntamiento al ISSSTECALI, generado en la anterior administración del priista Francisco Pérez Tejada, y que actualmente se calcula en 707 millones de pesos, cifra que incluye el no pago de 170 millones de pesos por cuotas, 330 de aportaciones, 74 de retenciones, más los recargos.
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El caso es que presionado, el gobierno municipal del panista Jaime Díaz -tanto por ISSSTECALI como por el Gobierno del Estado- había intentado en ocasiones anteriores que el Cabildo firmase con el Instituto un convenio de reconocimiento de adeudo por esos 707 millones de pesos, pero el documento implicaba el comprometer las aportaciones federales por los próximos 20 años, es decir, hasta 2036 y endilgarles el adeudo a las próximas seis administraciones.
En su momento se opusieron a la firma virtualmente todos los regidores -salvo dos o tres casos de aliados- y el síndico municipal Humberto Zúñiga, quien llegó al puesto por la alianza PAN-PRD, postulado en la misma fórmula que el alcalde.
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Victoria Bentley, insistente
Total, Jaime Díaz no había logrado convencer ni a sus propios regidores, y ahora -a mes y medio que concluya esta administración- de manera sorpresiva se logró el voto casi unánime, de hecho el único voto contra fue el del síndico perredista.
Desde la perspectiva de Zúñiga, se trata exactamente de la misma propuesta ya presentada que incluye la creación de un fideicomiso, se capitaliza ISSSTECALI al cubrírsele el adeudo, pero se vende la deuda a los bancos, comprometiendo las participaciones federales de los próximos 20 años.
De acuerdo con el propio síndico, la Constitución General prohíbe a los municipios contraer cualquier tipo de obligaciones o empréstitos para cubrir gasto corriente. Además, con este mecanismo el ISSSTECALI -considera el síndico- se desatiende del problema que en parte ocasionó con su inacción o displicencia a la pasada administración.
Es decir, el Ayuntamiento está abriendo un hoyo para tapar otro que aún no ha sido ni siquiera sancionado y, en la práctica, le endilga a los ciudadanos un adeudo a 20 años, hasta el año 2036.
El de ISSSTECALI es un tema de muchas aristas y que en la práctica el gobierno estatal no ha logrado descifrar desde que en diciembre de 2014 empujaron para modificar la Ley, y en esa estrategia incluían un préstamo de 2 mil 800 millones de pesos para el rescate financiero -tan solo para el Estado- y otros 2 mil para los ayuntamientos, lo cual no ha sucedido en ninguno de los dos casos.
Además, las cifras muestran que también organismos paraestatales adeudan al Instituto -con cifras hasta mediados de este año- como el INIFE, CESPE, Comisión Estatal de Agua y el INDIVI, sumando cerca de 185 millones de pesos.
A la par habría que estar pendientes de lo que pasa con la demanda penal contra el ex alcalde mexicalense Francisco Pérez Tejada, quien finalmente parece tendrá que comparecer en audiencia ante un Juzgado del Nuevo Sistema de Justicia Penal la mañana del jueves 10 de noviembre, en sesión donde en la silla acusadora estaría la ahora diputada y aún líder de la burocracia local, Victoria Bentley.
Por cierto, los más malpensados aseguran que el inesperado convencimiento a los regidores no fue de gratis.
Comida
El fin de semana pasado se distribuyeron en la zona aledaña al Centro de Readaptación Social de Mexicali, una serie de volantes donde se cuestiona la calidad alimenticia de la comida que reciben los internos de ese centro penitenciario. Acusan directamente a la concesionaria del servicio de alimentación, una empresa conocida como La Cosmopolitana que atiende a los cerca de 3 mil 500 reos.
En el documento denuncian la mala calidad de la comida y se menciona que en otros penales han tenido una serie de denuncias relacionadas con el tema. De acuerdo con la página de la empresa -con sede en la Ciudad de México-, ofrece diariamente más de un millón de comidas en las concesiones y comedores de toda la República.
Lo que no aclara es que efectivamente hay varias denuncias, como la planteada en el penal federal de Puente Grande en Jalisco, donde en mayo del año pasado resultaron intoxicadas 450 internas, o incluso en el del Altiplano, donde en febrero de 2015, un numeroso grupo de presos se quejaron de la mala calidad de los alimentos, denuncia que hicieron llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, plasmada y detallada en una carta de 11 cuartillas.
Poder Judicial
Pareciera un tema trivial pero no lo es, y tiene que ver con los presupuestos para la llamada publicidad institucional, en este caso del Poder Judicial, donde trascendió que el monto aprobado por el Congreso para difusión institucional -de apenas 256 mil pesos-se había distribuido en Mexicali y a unos cuantos medios. En el Gobierno del Estado, para este año se establecieron cerca de 90 millones de pesos, en el Ayuntamiento de
Castañeda, presidente del Legislativo, Jorge Vásquez, del Judicial y Octavio Paz
Mexicali 14, y en el Congreso del Estado 22 millones, por lo que el monto del Poder Judicial pareciera insignificante.
Pero hubo señalamientos de “mano negra” que tuvieron que ser aclarados por el propio presidente del Tribunal, Jorge Armando Vásquez, quien explicó, se trata de una campaña para promover entre los abogados su inclusión en el proceso judicial vía electrónica -por lo que deben registrar su firma, como lo hace el SAT-, negando que se estuviera discriminando a medios. Y es que el tema no es sobre montos y reparticiones, sino sobre el mecanismo, los criterios.
