Tras la promulgación en febrero de 2014 de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Sistema DIF Estatal cuenta con facultades para vigilar y controlar las casas hogar privadas, comentó la Procuradora en Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda.
DIF Estatal debe certificar las casas hogares mediante el otorgamiento de licencias de operación, la cual se obtiene al cumplir una docena de requisitos, como la constitución legal como asociación civil de quienes operan recintos de alojamiento residencial a menores sin cuidados parentales, contar con un representante legal, padrón actualizado y evaluación psicológica del personal, plan interno de protección civil, esquema de financiamiento definido, permiso de uso de suelo, dictamen de bomberos y la propiedad legal del predio en que se encuentra la edificación, entre otros.
El propósito es asegurar que dichas instituciones cuenten con modelos de atención adecuados para el perfil de los menores que residen en los mismos, comentó Luna Pineda. Esta labor de vigilancia también les permitiría emitir recomendaciones para corregir irregularidades e incluso sancionar con clausura y desalojo de los menores.
En Baja California son 128 los solicitantes de esta licencia de operación, ya habiéndose entregado 11. Luna afirmó que 69 de las instituciones interesadas en obtener la licencia ya han cumplido con al menos 7 requisitos, siendo la fecha límite el 31 de diciembre de 2016, aunque existe la posibilidad que se otorgue una prórroga hasta por 90 días. El proceso inició desde julio de 2015.
Luna Pineda aseguró que han estado cerca de los solicitantes que están teniendo problemas para cumplir con los requisitos, habiéndose entregado incluso cerca de 22 millones de pesos en apoyos en efectivo y en especie.
Martha Beltrán, Directora de la casa hogar Ciudad de los Niños, comentó a ZETA que sucesos como el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora mostraron la vulnerabilidad de las estancias y albergues infantiles, por lo que asegura que la institución a su cargo comenzó a mejorar su seguridad incluso antes que fueran requeridos por DIF estatal.
Aunque considera que un año y medio es un margen estrecho para que las instituciones reúnan los requisitos para la licencia de operación –por el trabajo y costo que representan–, el presupuesto de las casas hogar se utiliza casi únicamente en el funcionamiento de las mismas, por tanto, la regularización ayudará a las instituciones. “Sí creemos que es la vía que tenemos que seguir, sí esperamos más apoyo de las autoridades…por ejemplo que ponga a nuestra disposición las capacitaciones permanentes de protección civil sin costo”, declaró.
