El Doctor Onofre Muñoz Hernández, titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y presidente del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), dijo que la medicina debe ser una profesión vigilada, refiriéndose a las clínicas y doctores que trabajan sin certificación.
Reiteró que todo médico especializado debe tener en exhibición su título profesional, la autorización para operar un consultorio y la certificación vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del CONACEM.
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Cada documento avala un aspecto distinto de la profesión, y todos son indispensables, aseguró el Doctor Muñoz durante conferencia el lunes 24 de octubre, por lo que invitó a la ciudadanía solicitar ser atendidos únicamente por médicos que operen dentro del marco legal para garantizar su seguridad.
El problema de la certificación no son los médicos jóvenes que egresan de las universidades, sino aquellos que llevan más de 10 años ejerciendo y no encuentran utilidad en el documento que se volvió requisito desde el año 2011, dijo el especialista. Considerando las cifras actuales, Muñoz Hernández estima que dentro de cinco años se encuentren certificados casi el 100% de los especialistas del país.
Por otra parte, el Doctor Agustín Escobar Fematt, comisionado estatal de arbitraje médico, dijo a ZETA que durante el 2016 se han atendido cerca de 600 servicios consistentes en quejas, asesorías y gestiones sobre inconformidades en la atención profesional. La comisión opera atendiendo la queja y organiza una reunión entre el paciente y el médico, para que por medio del diálogo se llegue a un acuerdo, como una vía amigable, refirió Escobar, sin involucrar demandas ni procesos legales.
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En caso de que este método no funcione, agregó que también cuentan con un equipo de peritaje especializado que opera de manera solidaria e independiente de la ley, con la intención de resolver las quejas que no tuvieron éxito en la conciliación.
Mencionó que la comisión brinda una resolución más rápida y logra una efectividad de conciliación del 50 por ciento de los casos atendidos, mismos que a nivel nacional llegan a los 15 mil anuales.
