Durante años, Martha Solórzano ha denunciado y documentado arbitrariedades y abusos de agentes de la policía municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, muchos de ellos vinculados con robo de vehículos. En septiembre documentó dos casos de agentes municipales que quitaron vehículos a la ciudadanía sin reportarlos al corralón, y un cateo ilegal en el domicilio de una familia humilde.
La activista realizó denuncias públicas y manifestaciones en la comandancia de policía, gestionó por las víctimas su liberación, hechos que asegura la ha expuesto a amenazas.
Respaldada por la Asociación Esperanza Contra Desapariciones Forzadas, Solórzano es directa: “Denuncio que un porcentaje muy alto, un 70 por ciento de todos los delitos en San Luis, tiene que ver con la policía; están involucrados, todo el tiempo que alguien tiene una agresión de parte de municipales no falta quien diga ´a mi vecino, a un tío´, todos los sanluisinos tenemos algo que decir de la policía municipal”.
Señaló que muchos de los vehículos que utilizan los policías de San Luis son carros que fueron decomisados por no estar importados, se los quitan a la ciudadanía: “hace un año agarran a un policía (de) apellidado Mendoza, con 18 carros robados, todos semi nuevos, no había salido ninguna nota, solo un periodista, Santiago Barroso, publicó la información, el periódico se lo llevé al cónsul de Nogales”.
A raíz de ese decomiso la quisieron involucrar debido a que uno de los vehículos era similar a la camioneta blanca que le proporcionó el Mecanismo de Protección de Personas y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, al cual está adherida.
Martha Solórzano
El activismo de Solórzano inició cuando se enteró del caso de un policía municipal, Diego Navarro, acusado de violación de menores en 2008; interpuso una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y un comandante de apellido Velazco (fallecido) le pidió que no lo hiciera público, que Navarro se había escapado al día siguiente de su detención cuando estaba arraigado en un hotel en San Luis, que otro agente de apellido Ibarra, lo habría llevado en su carro hasta Hermosillo.
Martha Solórzano cree que debido a estas denuncias en el 2012 se presentaron 3 cargos, intento de homicidio hacia el agente Viviano Villalobos Olivaría y la privación de la libertad de 2 personas, contra su hijo Jorge Luis Zavala, y fue sentenciado a 11 años, aunque fue absuelto dos años después, tiempo en el que veía a su hijo en el Cereso y ambos fueron ingresados al Mecanismo de Protección, por lo que el visitador de la CEDH amenazó de represalias en caso de no renunciar al programa. Ante las advertencias, hizo pública la situación y el visitador fue despedido.
Solórzano sigue en su activismo. A finales de septiembre una mujer le pidió ayuda. Policías municipales habían detenido a su hijo Alejandro y le habían retirado el carro, pero éste no apareció en el corralón, se manifestaron y hubo un intento por arrestarla.
La afectada señaló que el miércoles 21 de septiembre, agentes ingresaron a su domicilio cuando su pareja y ella se encontraban trabajando en la pepena. Los municipales entraron por la fuerza y catearon la casa sin una orden pese a los protestas de las hijas de Rubí. Una de ellas fue esposada y amedrentada mientras se robaban los ahorros de 400 pesos, finalmente la joven fue liberada y los policías se retiraron.
La familia se cambió de domicilio pero los agentes los localizaron e intentaron ingresar a la nueva casa, ya con los padres y con la advertencia de que harían un escándalo, se retiraron.
“Para mí estos casos, 2 de ellos públicos, me ponen en peligro porque están enojados” afirmó la líder social, y señaló responsables: “En primer lujar al policía Felipe Don Juan Galaz, el segundo es Nazario Ibarra Cruz y Jesús Patiño Negrete, ellos son a los que señalo directamente porque ellos me han dicho ‘hija de tu puta madre, vas a amanecer con la panza boca arriba en el canal’ y se los digo en su cara a estos criminales”.
