Después del evidente fracaso electoral del Partido Revolucionario Institucional en la entidad -apenas lograron dos de las cinco alcaldías y cuatro de las 17 diputaciones-, al interior de la militancia tricolor se generó una inquietud relacionada con la permanencia del actual presidente estatal, el tijuanense y hankista Chris López Alvarado, el cual llegó a la dirigencia en octubre del año pasado, apoyado por entonces líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
El antecedente tiene que ver con la renuncia, en octubre de 2015, de la entonces dirigente -y ahora diputada federal- Nancy Sánchez Arredondo, quien dejó el cargo al acceder a una curul por la vía plurinominal. En 2013, ella suplió a René Mendívil cuando éste llegó como diputado al Congreso local.
Posteriormente, en la elección federal de 2014 y conforme a estatutos, finalmente los priistas designaron a Nancy como presidenta del partido y a Lauro Aréstegui como secretario general.
En la elección federal de 2015, la señora Sánchez se integró como legisladora al Congreso de la Unión, por lo que tuvo que renunciar la dirigencia bajacaliforniana, para entonces Aréstegui ya había dejado la secretaría que titulaba para irse a la delegación de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en la entidad; y en su lugar, por prelación, había ocupado ese cargo el ex alcalde de Tecate, Javier Urbalejo, quien se fue al mismo tiempo que Nancy.
En ese contexto, como dirigente nacional del PRI fue designado -se supone que por el dedo presidencial- el ex mandatario sonorense Manlio Fabio Beltrones.
En la entidad, Chris López y Vicky Noriega ocupaban de manera respectiva la Secretaria de Organización y la de Acción Electoral, entonces, por instrucciones de Beltrones, López alcanzó la presidencia estatal, y Noriega la Secretaría General del PRI Baja California. Esto fue en octubre del año anterior y, dado que ya estaban en tiempos de campaña electoral, los estatutos marcan que en ese lapso no puede haber elección de dirigentes.
De acuerdo con el propio estatuto partidista, los dirigentes que llegan en esa prelación tienen 60 días para convocar a elecciones, pero debido precisamente a las campañas 2016, López Alvarado no lo hizo y hay quienes aseguran que debería haber convocado apenas pasado el proceso electoral de junio de este año.
El ejemplo de todo esto se dio a nivel nacional, cuando Manlio Fabio Beltrones “renunció” a la presidencia nacional del PRI, relevándole la entonces secretaria general, Carolina Monroy, quien convocó a la oficial renovación -en sustitución-, así emergió como nuevo líder Enrique Ochoa Reza, quien fungía como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pero como no ha habido convocatoria, Obed Silva, militante priista, ex encargado de la Comisión de Elecciones del tricolor -durante años fungió como representante del PRI en el Instituto Estatal Electoral-, presentó un recurso ante el Instituto Nacional Electoral para que el Consejo General de ese organismo dilucide acerca de la renovación priista. El antecedente tiene que ver con algunas resoluciones del INE en el Estado de México y Nayarit, donde esa instancia obligó a los panistas a convocar a la renovación de las direcciones estatales.
Aparte de los magros resultados electorales, a Chris López le cuestionan un reciente albazo, por haberse presentado ante el líder nacional con tres diputados electos -se calcula que aún faltan al menos dos de representación proporcional- y de esa reunión salir ya con “coordinador de la bancada” en la figura del ensenadense y ex delegado del INFONAVIT, Alejandro Arregui.
Otro tema tiene que ver con la multa que recién le impuso precisamente el INE al PRI bajacaliforniano por más de 6 millones de pesos, al detectar una serie de anomalías en el gasto relativo a las pasadas campañas electorales.
Además, sin muchos elementos de por medio, a López Alvarado le adjudican la intención de “tumbar” a Marco Corona como diputado de representación proporcional, dado que ahora hay una pugna bajo el argumento de equidad de género porque la mexicalense Anahí Martínez ha interpuesto un recurso para que se considere ese elemento a la hora de asignar las curules locales.
“El comité estatal está desintegrado”, asegura Obed Silva en referencia a la situación del tricolor en la entidad, donde apenas hace seis años se llevaron las cinco alcaldías y la aplastante mayoría en el Congreso local. Y es que además no hay secretario de Acción Política, los comités municipales ya vencieron su periodo y a los empleados del partido tienen meses sin pagarles.
Por lo pronto, para los priistas inconformes la pelota quedó en la cancha del Consejo General del instituto, el cual deberá resolver en torno a la dirigencia del antes invencible partido tricolor.
Selección panista
En lo que fue quizá una de las últimas decisiones de trascendencia del Congreso local, la semana pasada eligieron a dos magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un numerario y otro supernumerario, en las figuras de Guillermo Moreno Sada y Roberto Romero Blas. Pero resulta que ambos son de reconocida militancia panista.
En el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo había una lista de 26 aspirantes que llenaron los requisitos, pero finalmente se decidió por los dos abogados de militancia blanquiazul: Moreno Sada está en el padrón del Partido Acción Nacional desde enero de 1993, y Romero López desde septiembre de 2006.
En el Tribunal de lo Contencioso suplen a Marta Soleno -ahora ex magistrada numeraria, quien fungió por dos periodos- y a otro panista, Roberto Vidrio, al no ser ratificado en el cargo como magistrado supernumerario. Aunque trascendió que este último tramitó un amparo para evitar su salida, procedimiento que no ha concluido.
De pesos y centavos
En las filas académicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se está presentando un singular fenómeno que tiene que ver con la jubilación de maestros decanos de algunas áreas que ahora se sienten amenazados por la posibilidad de que se reforme y les afecte -nuevamente- la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y, previendo esa posible circunstancia, han optado por abandonar los puestos ocupados por varias décadas.
En el caso del Campus Mexicali, en la Facultad de Derecho destacan los casos de Arnoldo Castilla, Ricardo Rodríguez Jacobo y Francisco Postlethwaite; y en Investigaciones Sociales, Luis Llorens y Leticia Figueroa, por mencionar algunos. A la par, parece que existe la norma de no contratar a mayores de 40 años por la responsabilidad patronal que implica “cargar” con el pago de la seguridad social, lo cual es sumamente criticable, dado que son políticas más contable-administrativas que de corte académico, científico.
