En tres semanas, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, deberá presentar su Tercer Informe de Gobierno, exactamente a la mitad del camino de su sexenio iniciado en 2013, con una elección en la que se llevó 442 mil votos -de un padrón de 2.4 millones-, con una abstención del 63.2 por ciento, lo cual significó llegar a la silla gubernamental con apenas 18.3% del apoyo ciudadano.
En su toma de protesta prometió rescatar a los ayuntamientos, abatir la pobreza extrema, austeridad, mayor prevención en seguridad, recortar salarios y, ya encarrerado, prometió educación física, inglés y computación en todos los planteles. “Aquí la gente manda”, acuñó como frase favorita. Pero se ha quedado corto en el cumplimiento de promesas y los bajacalifornianos no están mandando.
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En este trienio, pese a los rezagos e incumplimientos, su equipo inicial ha tenido una mínima sacudida, como si todos estuvieran haciendo su trabajo a la perfección.
Hasta hoy, las salidas de funcionarios no han tenido que ver con su débil rendimiento, las renuncias se han dado en dos vertientes:
Una, por “factores externos”, como fue el del doctor Guillermo Trejo, quien dejó la Secretaria General tras girársele una orden de aprehensión, luego fue apresado, liberado y está de nuevo en el gabinete, ahora en Salud.
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Dos, los empleados de gobierno que renunciaron para participar en la más reciente campaña electoral, como Rosario Rodríguez, Ricardo Magaña, Óscar Vega, Miguel Osuna, Salvador Morales, entre otros.
A mitad del camino podría suponerse que es el momento ideal para reforzar el equipo de gobierno y evaluar desempeño y resultados. Son los tiempos propicios para hacer cambios
Tan oportuno es el momento, que vale mencionar el ejemplo dado desde la Federación, donde el Presidente Enrique Peña Nieto hizo a un lado al número uno de su equipo: el ideólogo e implementador de las Reformas Estructurales, coordinador de campaña y hombre de todas sus confianzas, Luis Videgaray, en medio de conjeturas que lo señalan como el orquestador de la visita del candidato Donald Trump. Son sus desafortunados resultados.
Pero en Baja California difícilmente podría verse un cambio similar, aun cuando los desempeños de algunos funcionarios dejen mucho que desear.
Está claro y es públicamente conocido que existen áreas donde difícilmente, Vega de Lamadrid ordenaría cambios, como la Oficialía Mayor y su brazo derecho, Loreto Quintero, en la Procuraduría con su otro brazo, Perla Ibarra -a quien el 7 de noviembre de 2013 le concedieron licencia hasta por tres años de su cargo como magistrada numeraria en el Poder Judicial del Estado-, o en Finanzas, uno más de sus cercanos, Antonio Valladolid.
Pero si realmente la gente mandara, Kiko estaría obligado a escuchar a los ciudadanos más allá de sus filias personales. Debería sondear, encuestar a sectores, a grupos intermedios, a liderazgos y realmente hacer un balance de lo hecho y dejado de hacer, pero tendría que salir a la calle y hablar con sus gobernados.
Cada vez es más amplio el núcleo de personas que comentan que el Ejecutivo estatal ha descuidado Baja California por priorizar sus negocios personales. En teoría hace esto porque confía la administración a su fuerte y cohesionado equipo, pero estos son calificativos que no aplican al actual gabinete estatal.
Hay quienes aseguran que ante un triunfo electoral tan débil, el gobierno se debe legitimar en la práctica. Pero aquí ya van tres años y seguimos esperando.
Transición nada tersa
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a más tardar el 15 de septiembre deberán entregar credenciales e identificaciones a los diputados que asumirán el cargo el 30 de septiembre -en tres semanas más-, aunque hasta el momento solo 17 de los 25 legisladores cuentan con la constancia de mayoría que expide el Conejo Estatal Electoral. El resto están a la espera de la decisión de la Sala Regional del TRIFE con relación a las impugnaciones presentadas por varios partidos y varios distritos, entre éstos el 01 de Mexicali.
La misma Ley incluye que la actual Mesa Directiva -que encabeza la panista Mónica Bedoya- se constituye en Asamblea de Transición, la cual convoca a la sesión del 30 de septiembre para la toma de protesta y, horas después, el 1 de octubre, iniciaría sesiones la XXII Legislatura, la cual será dominada por el Partido Acción Nacional -contará con 13 diputados, más los aliados que logren sumar, lo cual aparentemente no sería muy difícil-.
Por lo pronto el PRI -con apenas cuatro legisladores- sería la segunda bancada en importancia y ya nacionalmente el líder tricolor Enrique Ochoa Reza recién designó al ensenadense y ex delegado del INFONAVIT en la entidad, Alejandro Arregui, como líder de la bancada. Hasta el momento el PAN no ha dado señales claras, el resto serían “bancadas” de un solo integrante, quizá con alguna salvedad.
Cualquiera que sea el caso, en este período, los futuros diputados deberían estar ya delineando sus agendas y temas prioritarios -se supone que todos deberían presentar una propuesta mínima de ejes de acción-, la designación del titular del ORFIS será una de las primeras decisiones, además de definir quiénes encabezarán los llamados órganos técnicos, base del control al interior del Legislativo.
Aparte, hay un plan que traen algunos legisladores para eliminar institutos y recortar empleados. Situación que choca con el hecho de que cada uno de los nuevos diputados, llegará con mínimo ocho o diez nuevos empleados de confianza a designar como secretarios técnicos, en módulos y personal básico de apoyo. De entrada, esta gente de confianza suma cerca de 250 espacios laborales para el erario.
En la alcaldía
Gustavo Sánchez Vázquez tomará protesta como nuevo alcalde de Mexicali en diciembre, actualmente es senador suplente de Víctor Hermosillo y diputado local con licencia, todo un chapulín, eso mismo que los panistas combatieron con toda furia en la elección de José Guadalupe Osuna Millán cuando compitió por la gubernatura de Baja California con el polémico empresario Jorge Hank Rhon.
Sin embargo, Gustavo Sánchez desaprovechó sus tres años como legislador, ya que prefirió hacer campaña política desde la curul para buscar la alcaldía de Mexicali, por ello acudía cada semana a las colonias de su distrito, sin recursos, sin avances legislativos, solo para hacer presencia en miras de su proyecto político.
Para muchos, ser el alcalde de la capital de Baja California es todo un honor, sin embargo, hay panistas que aseguran que para Sánchez es solo un paso para buscar la gubernatura de dos años.
Quienes lo conocen, señalan que el suplente a senador-diputado-alcalde ya empezó a invitar a colaboradores con miras al proyecto político electoral para ser el candidato del Partido Acción Nacional a la grande.
Parece que Sánchez no entiende que la presidencia municipal de Mexicali podría ser la “rifa del tigre” y, en lugar de salir como próspero candidato a gobernador, puede ver morir su carrera política como el actual mandatario municipal, Jaime Díaz Ochoa, quien hasta antes de perder la candidatura panista a la gubernatura era apreciado en las filas de Acción Nacional.
Por cierto, tanto Jaime Díaz como Gustavo Sánchez salvaron el juicio político en su contra, uno por el tema de los jugosos contratos del despacho familiar con la alcaldía de Mexicali, el segundo por el tema del transporte; en ambos casos, los proyectos no tenían ni pies ni cabeza, indicó una fuente cercana a la comisión jurisdiccional. (Con información de Cristian Torres)
