Fernando Oceguera, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, comentó que el operativo de búsqueda de restos agendado para el martes 30 de agosto no se suspendió solo por la peligrosidad de la zona como en su momento se dijo a los familiares, sino porque la Procuraduría General de la República (PGR) no estuvo de acuerdo con la presencia de medios de comunicación.
Ese día, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), del Ejército Mexicano y familiares de los desaparecidos, se trasladaron a una zona despoblada al Sur del municipio de Tijuana, más allá del bulevar 2000 a la altura del rancho Casián.
Al sitio acudieron medios de comunicación –incluido ZETA– a invitación del secretario de la asociación, José Ortigoza.
Según informó el propio Ortigoza, en la zona había probabilidad de encontrar restos de las víctimas de desaparición forzada o a manos de criminales porque así resultó en investigaciones de la fiscalía federal. Sin embargo, cuando la caravana ya había recorrido varios kilómetros de terracería, las autoridades dijeron a los familiares que el operativo se suspendería, despertando su molestia.
Algunos familiares declararon que los agentes de la SEIDO cancelaron porque la zona estaba “muy caliente”, haciendo referencia al peligro. Otros mencionaron que las características del terreno hacían imposible el ingreso con los vehículos que llevaban.
No obstante, Fernando Oceguera, consultado por separado, sostuvo que además de las dos anteriores, la razón fue la presencia de los medios de comunicación, cuya participación no se había autorizado.
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Agregó que a pesar del incidente, la participación de la asociación en próximos operativos de búsqueda es inminente porque así lo estípula la Ley General de Víctimas.
Dijo que actualmente, la SEIDO tiene por lo menos cinco ubicaciones en las que hay posibilidad de encontrar restos de personas desaparecidas. Previamente, el secretario de la asociación José Ortigoza, declaró que desde el año 2013 se han realizado 30 operativos de búsqueda, en los que se han encontrado 9 osamentas, tres de ellas de casos que lleva la asociación.
Fernando Oceguera aprovechó para volver a exigir al Gobierno del Estado una participación más activa en las investigaciones de búsqueda. Dijo que desde el año 2006 hay mil 275 personas desaparecidas en Baja California, con lo que la entidad ocupa el séptimo lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación.