El 21 de septiembre, el Juzgado Séptimo de lo Penal dictó auto de formal prisión en contra de Luis Gerardo Lugo Cirelol por los delitos de abuso sexual y violencia familiar equiparada.
Lugo Cirelol fue detenido la semana pasada en Puebla y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por su probable responsabilidad en el abuso sexual a 19 menores de edad, sus alumnos de inglés en el kínder 3 de mayo de 1535.
Padres de familia se manifestaron el viernes 16 de septiembre frente a los juzgados penales de Tijuana, exigiendo también un castigo contra el resto de los involucrados en dicho suceso.
“Nuestro propósito es que se le dé una pena máxima, porque no fue nada más un niño, fueron más de 20 niños…tanto para el (Luis Gerardo Lugo Cirelol), como para la directora y la maestra, porque fueron cómplices y eso simplemente no tienen calidad moral ellos como profesores”, declaró Mercedes Márquez, madre de uno de los menores abusados.
Si bien la profesora Verónica Morales, la directora Minerva Álcalis y la inspectora Erika Lugo –esta última familiar del agresor– fueron suspendidas de sus labores docentes mientras se realizaba la investigación pertinente, la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) de Baja California ya se les asignaron otras escuelas.
“Queremos que nos reparen los daños, queremos que nos paguen psicólogos, si queremos que sigan tratando a nuestros hijos, claro, como dicen que queremos las becas, sí las queremos. Yo a mi hija no la estoy llevando a la escuela porque creo que le robaron parte de su infancia, creo que la tiene que recuperar”, comentó Alma González, otra madre.
Sobre el tema, Mario Herrera Zárate, secretario de educación, aseguró que la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se aceptó y se está cumpliendo.
Comentó que incluso antes del hecho, Gobierno del Estado inició un programa que permitiera la denuncia inmediata de situaciones que vulneraran los derechos de los alumnos, comenzando un proceso administrativo de sanción a los docentes que no den a conocer los hechos ante las autoridades correspondientes en un periodo de 24 horas tras enterarse.
Dentro de los protocolos se encuentra la suspensión provisional de los docentes involucrados en esta clase de conductas, si bien se dejan a salvo sus derechos laborales, en respeto a los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Señaló que contra los demás involucrados en el tema del kínder 3 de mayo de 1535 aún se mantienen expedientes abiertos.
Desde la entrada en vigor de dicho programa en diciembre de 2014 a la fecha, se han recibido 545 quejas en nivel básico por presuntas violaciones a los derechos de los alumnos, sin poderse comprobar los hechos en la mayoría de estos casos, sostuvo Herrera.
