El Tribunal Estatal Electoral validó el resultado de la elección de alcalde de Tijuana, en una sesión de tres horas realizada la tarde de hoy lunes 5 de septiembre; con ello se ratifica el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Manuel Gastélum Buenrostro. La votación entre los magistrados resultó dos contra uno.
Fue Martín Ríos Garay, ex funcionario panista del Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, y presidente del Tribunal, el encargado de presentar el proyecto de sentencia, que desestima todos los medios de prueba presentados los Partidos Peninsular de las Californias (PPC), Encuentro Social (PES) y Revolucionario Institucional.
En el caso del PES, el magistrado opinó que la mayoría de los elementos que integran su recurso de revisión – el RR142/2016 – son “meras afirmaciones genéricas” que no presentan pruebas, ni se realizaron las menciones de las casillas específicas en las que aseguran hubo irregularidades. Lo mismo para el PPC, aunque hizo referencia a más deficiencias a la hora de elaborar su impugnación.
Sobre el PRI –RR141/2016-, que según él sólo se centró en las anomalías a los procedimientos en el Distrito 11, apuntó que sus solicitudes son infundadas e inoperantes; ya que no fue capaz de demostrar el descuido de los paquetes electorales de parte del Consejo Distrital, además de no explicar las circunstancias de “tiempo, modo y lugar” en que sucedieron muchas de las irregularidades, como la interrupción de la videograbación de todo el cómputo, a la que están obligados como autoridad electoral.
Negó categóricamente que se violente el principio de máxima publicidad, ya que aunque no se grabó todo como marca la Ley, dicho criterio contiene otros elementos de difusión del quehacer electoral, que desde su punto de vista sí se realizó.
Lo relevante llegó con la participación del magistrado Leobardo Loaiza Cervantes, quien se manifestó a favor de anular la victoria de Gastélum Buenrostro, y de ordenar al Instituto Estatal Electoral (IEE) a que convoque a una nueva elección que sea más transparente y en la que no se presenten las irregularidades, deficiencias y sospechas alrededor del Órgano Electoral.
El susodicho hizo una explicación de casi dos horas de su posicionamiento en cuanto a las pruebas presentadas, para después afirmar que “hay elementos de prueba para acreditar irregularidades graves que vulneran principios de máxima publicidad, legalidad cometidas durante el procedimiento de cómputo distrital”.
Para él, esas irregularidades pudieran “no reflejar la voluntad de los ciudadanos” al acudir a las urnas el 5 de junio.
Loaiza Cervantes enlistó varias de las deficiencias de los procesos de cómputo distrital, como la presencia de paquetes electorales fuera de la bodega donde se resguardan los paquetes en el Distrito 11, por lo que hay elementos suficientes para dar por hecho que las autoridades del consejo distrital los descuidaron. Hasta habla de un video que Ríos Garay omitió mencionar, en el que queda de manifiesto la presencia de esos paquetes fuera de donde debían estar, quedando sin certeza jurídica alguna.
Ese distrito tuvo tres actas, porque después de las acusaciones de fraude de PES y PRI se optó por renovar a la mesa directiva con el fin de agilizar la sesión de cómputo.
Y de eso habló el magistrado, enfatizando que ese acto del Consejo General es prueba suficiente para dar por sentado que el Órgano Electoral acepta las faltas en que incurrieron los cuatro funcionarios suspendidos y sustituidos – incluyendo al presidente, Antonio Pérez García -.
También puso en duda la legitimidad de las actas del Distrito 11, ya que entre las tres hay diferencias en las firmas, a pesar de ser de los mismos miembros del consejo distrital.
No se salvaron los resultados computados en las sábanas de los consejos distritales correspondientes a Tijuana, ya que hizo referencia a los escritos de protesta generalizados en todos los distritos de la ciudad, en los se quejan de que los resultados capturados no son los mismos que se integraban en las actas, además de que en el Distrito 11 se computaron sin que miraran los representantes de los partidos políticos en disputa:
“Este Tribunal tiene elementos de prueba para analizar las irregularidades”, consideró difiriendo con el magistrado presidente. Asimismo criticó la existencia de actas duplicadas.
Para Loaiza el IEE sí fue opaco, al no videograbar todo, tal y como estaba obligado. Tampoco hubo certeza jurídica porque el sistema de captura que el IEE destinó falló en varias ocasiones, cambiando inclusive los números y obligando a los funcionarios de varios distritos a utilizar hojas de cálculo del programa informático Excel para capturar, sistema en el que es completamente modificable.
Lo anterior ya ha sido explicado en varias ocasiones por ZOOM POLÍTICO, a lo que el magistrado hizo referencia.
No conforme con ello, calificó de sospechoso que en Tijuana hubo más de mil 600 votos más para Presidente Municipal que para diputado, poniendo en entre dicho la legalidad con que actúo el IEE, presidido por Javier Garay Sánchez:
“No existe certeza en cuanto a la forma en que se obtuvieron los mencionados resultados”, anotó de manera definitiva a su participación.
Una vez que terminó de hablar, Ríos Garay lo criticó por no haber externado sus posiciones en las sesiones privadas celebradas, y guardarlas para lo público, y reafirmó su decisión de no anular, ya que hacer investigación sobre las pruebas presentadas no le corresponde al Tribunal por no ser Ministerio Público, sino un organismo deliberativo.
Por último, la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo dijo no conocer la propuesta de Loaiza Cervantes, y reafirmó que “solamente conocía la del magistrado presidente”, por lo que luego de hacer una apología de los elementos con que cuenta la Ley para dar certeza a los procesos electorales, se manifestó en contra de anular la elección, sumándose a Ríos Garay.
De acuerdo a la vocera de la campaña del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, Mónica Vega, el caso será remitido a la Sala Regional del T ribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Jalisco, que una vez que reciba el caso, tiene hasta el 30 de noviembre para resolver.
