Contraviniendo a una cláusula establecida en la donación que le hiciera el Gobierno del Estado de un terreno donde se ubica la lanzadera de camiones de transporte masivo de la 5 y 10, el gobierno de Jorge Astiazarán Orcí vendió una fracción a la empresa de autotransporte Altisa.
De acuerdo a la cláusula segunda del acuerdo de donación signado entre el Gobierno del Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana en 2010, el cual fue aprobado por la XIX Legislatura, el inmueble de una superficie de 118 mil 476 metros cuadrados se entregó al municipio “para que sea destinado en su totalidad al funcionamiento de instalaciones relacionadas con la seguridad pública y actividades deportivas”.
El polígono se ubica en medio del libramiento Salvador Rosas Magallón y en una parte del mismo se construyó la comandancia Margarito Saldaña, en otra se edificó la Unidad Deportiva Santos Meza. No obstante una amplia superficie quedó sin ser utilizada por el municipio.
En forma irregular, el gobierno de Carlos Bustamante acordó con Calfia –empresa de autotransporte de Juan Manuel Barreto y de la que es socio Arturo Aguirre– arrendar, sin contrato de por medio, informó el propio Arturo “Napo” Aguirre, una porción del polígono para ser utilizada como lanzadera de camiones. Para ello se pagaba 20 pesos por unidad.
El acuerdo verbal lo respetó el XXI Ayuntamiento hasta el jueves 1 de septiembre de 2016, fecha en que Jorge Astiazarán decidió desplegar un operativo de desalojo con elementos de Seguridad pública Municipal e inspectores de oficialía Mayor y de la Dirección de Vialidad y Transporte Municipal, incluido el titular de esta última dependencia.
Previo a la expulsión de la empresa Calfia, el 22 de febrero de 2016 el gobierno de Astiazarán autorizó un dictamen para desincorporar del dominio público al privado una fracción de 2 mil 849 metros cuadrados del predio ubicado en Andador Oriente del referido polígono.
El 15 de julio signó un contrato de compraventa del lote desincorporado con Orlando Chávez Sevilla, apoderado de Altisa, por un monto de 4 millones 077 mil pesos.
Previo a la venta, Oficialía Mayor del Ayuntamiento, a cargo de Marco Antonio Dueñas, giró un oficio al Gobierno del Estado informando sobre la limitación del dominio existente.
Sin respuesta del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y sin considerar al Congreso del Estado, Astiazarán realizó la transacción.
A sus irregulares inquilinos tampoco les informó, por lo que fueron sorprendidos por un desalojo del que buscan defenderse por la vía legal, tomando como base la antigüedad generada por el uso del terreno, aunque éste estuviera determinado oficialmente para dominio público y no privado.
