La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitió una recomendación a la Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California, al acreditar en su indagatoria que el Teacher Luis, la maestra Verónica, la directora e inspectora escolar del Kinder 3 de Mayo de 1535 de Tijuana, incurrieron en abuso sexual, violencia sicológica y violaciones a los derechos de 19 niñas y niños.
En el caso de Luis Gerardo Lugo Cirelol, el maestro de inglés que en su relato las victimas lo ubican como su agresor, la CEDH a cargo de Melba Olvera, determinó que “incurrió en conductas constitutivas de abuso sexual en contra de las víctimas”.
El comunicado añade que algunos de los menores de edad fueron “sujetos a tocamientos, desnudos forzosos y/o exposición a presenciar los antedichos abusos”. Además, continúa el informe, el teacher Luis “cometió diversos actos de maltrato físico y emocional de diversa índole contra las víctimas”.
En el caso de la profesora Verónica Morales Durán, a cargo de los grupos en los que Lugo Cirelol cometió los abusos, la CEDH señala que “ejerció violencia sicológica contra las niñas y los niños al buscar intimidarlos para disuadirlos de denunciar los hechos de abuso sexual cometidos por AR1-Luis Gerardo Lugo-“.
Al mismo tiempo, la maestra violentó los derechos de las víctimas de acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, además de incumplir con la obligación de proteger la integridad y seguridad de los alumnos bajo su responsabilidad.
La directora del plantel, Minerva Álcalis Valenzuela, obstaculizó el acceso de las víctimas y las familias a denunciar los hechos, no protegió a los menores bajo su responsabilidad, hechos por los que también debe responder, determinó la Comisión.
La inspectora de la zona preescolar a la que pertenece el kínder 3 de Mayo de 1535, Erika Lugo, además de tener responsabilidad en los hechos al obstaculizar las investigaciones, está “comprometida en un conflicto de intereses por un parentesco que la une con AR1 –el Teacher Luis-“, estableció la CEDH.
De acuerdo a la investigación de la Comisión, los hechos ocurridos entre octubre de 2015 y febrero de 2016, de acuerdo al cambio de conducta que se observó en al menos 19 niñas y niños de entre cuatro y cinco años de edad, pertenecientes al preescolar.
En la recomendación 10/2016 emitida a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, a cargo de Mario Herrera Zárate, la comisión indica que para el resultado tomo en cuenta todos los peritajes sicológicos practicados, por lo que le solicitó atienda los siguientes puntos de la recomendación:
Proceda a la reparación del daño integral de las víctimas, lo que incluye medidas de rehabilitación, además de establecer un programa integral de rehabilitación a favor de los grupos Segundo B para el ciclo escolar 2015-2016, apoyo de becas y pedagógico, capacite al personal en materia de prevención de la violencia sexual y abuso sexual infantil escolar, e impulse una campaña de sensibilización sobre el tema a la población bajacaliforniana.
Aunque el jardín de niños 3 de Mayo de 1535 cuenta ya con cámaras de video, la CEDH recomendó la instalación de videocámaras en puntos estratégicos.
Respecto a la recomendación, la Secretaría de Educación Pública expuso que “por lo delicado del tema” emitirá una postura por escrito en las próximas horas, sin dar mayor declaración al respecto.
Posicionamiento del SEE respecto a recomendación de la CEDH
Respecto a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del caso del preescolar 3 de Mayo de 1535, el Sistema Educativo Estatal -SEE- respondió que sí ha actuado en contra de los agresores, “aplicando la reglamentación administrativa interna”, en referencia a la suspensión aplicada a los cuatro implicados.
Además, refirió la dependencia a cargo de Mario Herrera, se han “seguido las instrucciones de la Contraloría General del Estado y se ha coadyuvado con el Ministerio Público”.
Muestra de ello, destacó que con la información recibida, la PGJE ha logrado integrar un expediente de 19 denuncias a las que actualmente da seguimiento.
“Por su parte, la contraloría General del Estado ha determinado medidas cautelares y sanciones administrativas de los servidores públicos relacionados en la investigación”, aunque no detalló cuales han sido estas.
También dio cuenta de los programas de prevención llevados a cabo para evitar situaciones de violencia y abuso sexual en los planteles educativos desde 2015, logrando detectar y atender 188 casos en Tijuana, 159 en Mexicali, 188 en Ensenada y San Quintín, 5 en Playas de Rosarito y 5 en Tecate.
Respecto a la solicitud de la CEDH de que se de atención de rehabilitación a los menores afectados, tanto directamente como a los que integraban el grupo de preescolar en el que se desarrollaron los hechos, el SEE no determinó acción alguna, como tampoco respondió a la recomendación de ofrecer apoyo de becas a los afectados.
No obstante, expuso que la dependencia “se encuentra realizando una exhaustiva revisión del expediente completo de la recomendación 10/2016”, recibida el 7 de septiembre de 2016, cuya respuesta emitirá en los próximos días.
