Los acusados de ser los secuestradores de Oliver estarán en prisión preventiva durante cinco meses, tiempo en que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deberá reunir elementos para presentar en juicio. Entre ellos, el análisis de las llamadas telefónicas de negociación entre los delincuentes y el padre de la víctima
Del viernes 12 de agosto al miércoles 17, Oliver pendió de las negociaciones entre su padre Manuel, y las cinco personas que lo mantenían en cautiverio. Pedían 1 millón de pesos, de no recibirlos, amenazaban con rociarlo con gasolina y prenderle fuego.
Manuel escuchó esa amenaza desde que empezó a comunicarse con los delincuentes, apenas unas horas después que se llevaron a su hijo de la ferretería de la familia ubicada en la colonia El Pípila, al este de Tijuana.
Posterior a su liberación, ejecutada según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) luego de una llamada anónima al teléfono de la Unidad Antisecuestros, Oliver logró reconocer a por lo menos 2 de las cinco personas detenidas en la casa de seguridad.
De acuerdo a la declaración de él, presentada en audiencia por la PGJE como elemento contra los imputados, el viernes 12 Erika Cruz ingresó a la ferretería preguntando por el precio de un saco de cemento, dijo que iría a consultarlo con su esposo y minutos después regresó con Marco Antonio Herrera. Hicieron la compra y le pidieron ayuda para subirlo a la camioneta marca GMC, color blanco, modelo 1999.
Cuando le abrieron la puerta trasera del lado derecho se dio cuenta de que tres personas más –dos hombres y una mujer– estaban arriba, y que instantes después uno de los hombres le apuntaba en la cabeza con un revólver. “Súbete, cabrón. Súbete, hijo de tu puta madre, si no aquí te voy a quebrar. No la hagas de pedo”, le ordenaron.
La vivienda está ubicada en la calle Los Pinos del Ejido Javier Rojo Gómez.
Lo acostaron en la parte trasera de la camioneta y lo taparon con una cobija. Por lo que escuchó, entendió que sus captores se comunicaron con “el patrón” y que luego uno de ellos le dijo a la conductora que siguiera a otra camioneta. Le quitaron su celular pero no servía, así que le pidieron el número telefónico de su papá.
Minutos después transitaban por calles de terracería, habían recorrido aproximadamente 9 kilómetros desde la colonia El Pípila hasta la calle Los Pinos del Ejido Javier Rojo Gómez, donde está el domicilio que usaron como casa de seguridad, y que hasta hace un mes, se encontraba deshabitado.
Es una vivienda construida de madera al fondo de la calle, con desniveles hechos de llanta y piedra, y que a decir por el letrero que cuelga en la puerta del patio está a la venta. En la vialidad, desde hace tres semanas empleados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) trabajan en la instalación del drenaje.
“No lo bajen todavía, hay mucha gente trabajando enfrente”, seguía escuchando Oliver.
“Les vas a decir que te tienen unas personas y que se arreglen conmigo, que no vayan con la placa porque ya no te vuelve a ver”, le dijeron antes de bajarlo. Dentro de la casa lo tiraron en una cama, y a lado le pusieron una cubeta para que hiciera del baño.
UN MILLÓN DE PESOS
Casi a las dos de la tarde, Manuel el padre de Oliver, recibió la primera llamada de uno de los secuestradores, al que le identificó un acento sinaloense según su declaración. Luego escuchó a su hijo, quien le pidió que cooperara con sus plagiarios. Media hora más tarde recibió otra llamada, ahora de una persona con acento chilango, dijo a las autoridades.
“Que le dijo que ellos tenían a su hijo, que estaba bien y que ya sabía de qué se trataba. Que querían un millón de pesos. Que si no le daban el dinero que lo iban a rociar con gasolina y prender fuego”, expuso la fiscalía durante la audiencia del miércoles 24 de agosto.
Los días posteriores las llamadas continuaron, y para el 17 de agosto, Manuel había conseguido poco más de 70 a mil pesos. Los delincuentes decidieron bajar el rescate a 200 mil pesos.
Según lo que declaró Oliver, el mismo miércoles escuchó que un hombre advirtió que si “el patrón” no lo sacaba, él lo iba entregar. Para entonces, dijo, días anteriores, habían entrado niños a la casa, por lo menos otro hombre y una mujer a la que Erika llamaba mamá.
La PGJE informó que ese día fue cuando la Unidad Antisecuestros recibió una llamada anónima que denunciaba el secuestro, por lo que se dirigieron a la dirección señalada. Aseguran que tocaron la puerta, que se identificaron como policías ministeriales y que escucharon gritos de auxilio que desde adentro. Cuando ingresaron, además de detener a Erika Cruz y Edgar de la Rosa, aprehendieron a Gerardo Monterrubio, originario del Estado de México, a Marco Antonio Herrera y Johana Altamirano.
RECLAMAN DETENCIONES INDEBIDAS
Durante la audiencia de vinculación a proceso, los imputados decidieron responder las preguntas de su defensa a manera de declaración; mas no las de los fiscales del Ministerio Público. Johana y Edgar, quienes se identificaron como esposos, sostienen que junto a sus dos hijos y a Gerardo Monterrubio fueron detenidos por hombres armados y luego subidos a camionetas blancas pero a kilómetros de distancia, sobre el bulevar Francisco Blake Mora, cerca de la colonia El Pípila. Johana reclamó que no ha podido ver a sus hijos menores de edad, que nunca fueron mencionados por la fiscalía, y que actualmente se encuentran en el DIF.
Por otra parte, Erika Cruz y Marco Antonio Herrera, también pareja, aseguraron haber conocido al resto de los imputados hasta que fueron llevados a la Unidad Antisecuestros.
Sin embargo, el juez de control Fidel García Villanueva los vinculó a proceso y estableció 5 meses para que la fiscalía siga reuniendo pruebas, entre ellas: más testigos, pruebas de balística, de dactiloscopia y el análisis de las llamadas telefónicas que logró grabar el padre de la víctima.
