A meses del cambio en la atención a personas con trastornos mentales, son –confiando en los números de las instituciones involucradas– 3 mil pacientes los que no han recibido atención, y que están afiliados al Seguro Popular; además, pacientes y familiares relatan las carencias del nuevo servicio. Por su parte, las autoridades de salud aseguran una operatividad del 90 por ciento
El cambio en la subrogación del Seguro Popular para el servicio a personas con trastornos mentales se resiente en casos concretos, no solo en sus bolsillos y en los de sus familiares, también en su salud.
Pese a que la promesa fue “misma calidad y mayor cobertura”, la falta de medicamento, de un estricto seguimiento a sus padecimientos, de infraestructura y de especialistas ha orillado a quienes pueden, a pagar un servicio privado. A los que no, a dejar de atenderse.
Hace tres meses, el Gobierno del Estado, específicamente el Seguro Popular, decidió no renovar convenio con el Hospital de Salud Mental de Tijuana (HSMT) –como hasta ese día lo había hecho– para combinar la prestación de servicio con el Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC). Desde entonces, el HSMT se encarga de la hospitalización para pacientes con esquizofrenia y epilepsia, mientras que al IPBC hospitalización –en Rosarito y Mexicali sin traslado–, consultas y medicamentos.
“Es irresponsable. Nos batieron el dedo en la boca ¡A muchos papás, eh! Perjudicaron a nuestros hijos, no a nosotros. El servicio médico es fatal, no tienen el seguimiento, no tienen computadoras, no tienen expedientes, no es un doctor fijo”, manifiesta la madre de dos pacientes menores de edad sobre el servicio del IPBC.
2 mil 940 pacientes sin atención
Aunque en el Seguro Popular y en el IPBC aseguran que a partir de marzo –cuando se cambió de modelo de atención– solicitaron expedientes clínicos para conocer a los pacientes que ahora están bajo responsabilidad del IPBC, el director del HSMT, Sergio González y la directora médica, Mirna Trancoso, lo niegan.
Si acaso, explica Mirna Trancoso, tienen acceso a una base de datos en la que aparecen indicadores básicos: nombre, edad, folio y póliza.
De acuerdo a los números con los que cuenta el HSMT, son 7 mil 460 pacientes con Seguro Popular los que llevaban seguimiento clínico a finales del 2015 y principios del 2016 –equivalentes a 50 mil servicios–, mientras que Adriana Balcázar, directora del IPBC, habla de que han recibido solo 4 mil 520 expedientes. Es decir, una diferencia de 2 mil 940 casos que no habían sido vistos hasta el mes de julio, y que por lo tanto, el IPBC no conoce.
Con lo que sí coincide la cifra mencionada por Balcázar, es con las atenciones que el HSMT daba solo en un mes. En agosto del 2015 entre consultas y hospitalizaciones sumaron 4 mil 722.
Precisamente la falta de expedientes es una de las principales quejas de los pacientes, pues mencionan que al momento de la primera consulta en la clínica del IPBC –que en realidad es un centro de tratamiento de adicciones– los médicos no contaban con su expediente clínico y que basaron el inicio de la atención en las recetas que ellos mismos les proporcionaban.
También explican que dentro del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) –ubicado en el centro de Tijuana–, no se les atiende en siete consultorios, como se les prometió, sino en dos, donde las consultas duran 15 minutos. Es en la recepción, a falta de espacio, donde se les mide y se les pesa.
Ana Rodelo, madre de Luis Alfonso y Ana Karen Haro, pacientes con Asperger y Déficit de Atención de 13 y 10 años de edad, dice que además, no hay un especialista fijo para cada pacientes como en el HSMT, y que a la fecha, sus hijos son parte de una lista de espera para recibir atención psicológica.
“Yo les dije que se supone que ellos iban a tener todos los expedientes del Hospital de Salud Mental de Tijuana, pero me dijeron ‘no, apenas estamos trabajando en eso’. El primer doctor le empezó a dar antidepresivos a la niña y no ocupaba. La segunda vez al niño no lo movió y a la niña le dijo que no tenía nada. A la tercera vez, pues les tocó otro doctor”.
A Viviana Cortez de 6 años, diagnosticada con Déficit de Atención, Hiperactividad y Ansiedad desde hace 2 años, la atendió un paidopsiquiatra en el CAPA hasta dos meses después de las modificaciones en la atención. Su madre, Vivian Martín, asegura que la actitud de los médicos era tan displicente, que le preguntaban si solamente iba por el medicamento. “Y le digo que no, que también voy por la atención”.
Antes de marzo eran 2 mil niños los atendidos en el Hospital de Salud Mental de Tijuana, posterior al cambio son 200 los que ahí se quedaron mediante convenios de pago, mientras que en el IPBC se reportan mil 488 pacientes menores de edad. Es decir, otro déficit de atención de alrededor de 300 niños, que puede presumirse, no tienen atención especializada.
“No me gusta que se burlen de mí”: paciente de 60 años
María de los Ángeles Alonso de 60 años, quien padece ansiedad generalizada, ha decidido ya no ir ni por medicamento ni a consulta a las instalaciones que utiliza el IPBC, y tampoco tiene posibilidad de pagar otro servicio.
“Yo acudí al médico el 2 de abril y lo primero que me pidió (el médico) fue la receta anterior, y sobre eso empezó a escribir lo que yo necesitaba. Fui a pedir mi medicamento y resultó que no había. Que fuera en tres días, fui, no estaba, fui a los otros tres días, y así estuve yendo hasta que me dijeron que no fuera, que hablara. Empecé a hablar, pero que ya no había. Es la fecha que yo ya ni me he presentado ahí porque ni medicina me dan ni nada, y no me gusta que se burlen de mí”, relata quien tenía más de 5 años con tratamiento.
Cambios que pagan los enfermos
Además de los 200 niños –aquí mencionados– que siguen recibiendo consulta en el HSMT pagando el servicio con o sin descuento, en hospitalización el número de convenios de pago también va en aumento. La trabajadora social de dicha institución explica que desde marzo, suman 30 convenios de pago por diferentes causas: porque sus días de hospital subrogados por el Seguro Popular fueron insuficientes, porque su padecimiento no es susceptible de ser subrogado, o porque ahí prefieren atenderse aun pagando.
“Los convenios de pago no son necesariamente por esquizofrenia, hay pacientes que tienen Seguro Popular que en años anteriores les cubría hospitalización. Van alrededor de 30 convenios de pago”.
A diferencia de otros años, cuando se hospitalizaban en Tijuana no solo los casos de esquizofrenia, sino trastornos depresivos, y cada afiliado al Seguro Popular tenía derecho a 40 días de hospitalización por año, el nuevo convenio de servicios firmado por ambas instituciones (HSMT y Seguro Popular) se redujo a solo a solo 15 días. Además, a pesar de que el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) contempla hospitalización también por depresión y trastorno bipolar, en Baja California no se consideraron esas enfermedades.
Casos en controversia
“Mi hijo les dijo que sí había consumido drogas, pero que tenía tiempo que ya no. En esa declaración (por escrito) se basaron los del Seguro Popular para decir que no alcanzaba el beneficio, pero no tomaron en cuenta el criterio de los doctores, lo hicieron a un lado”, asegura Wilfredo Martínez, padre de Wilfredo Martínez Coronel, hombre de 34 años diagnosticado con esquizofrenia.
Su padecimiento es el único que contempla hospitalización en el nuevo convenio del Estado a pesar de que el catálogo oficial federal también incluye por depresión y trastorno bipolar, y ante la negativa de la institución de salud, Don Wilfredo, un contador de 66 años, se ha visto obligado a pagar alrededor de mil 300 pesos por noche (mediante convenio de pago), más otros gastos por estudios que rondan los 8 mil pesos cada uno.
Y es que, aunque que en el HSMT se haya diagnosticado el padecimiento, es necesaria una segunda valoración de médicos del IPBC para tener derecho a la atención, lo que ha afectado en casos como éste. Oficialmente son dos las controversias de este tipo.
Vamos al 90 por ciento: Seguro Popular e IPBC
Alejandro Monraz, director del Seguro Popular, menciona que en las revisiones que ha hecho la dependencia sobre el servicio que presta el IPBC a pacientes con trastornos mentales no resulta “nada de gravedad”.
“Se hacen de dos tipos, que es una validación de parte del área de gestión y servicios de salud a los expedientes para validarlos que cumplan con el Causes (Catálogo Universal de Servicios de Salud) y que el servicio se haya dado. Se toman aleatoriamente, se les habla por teléfono y se les dice que si fue hospitalizado, cuántos días, si se le otorgó el medicamento, se sube la información al sistema y procede el pago”.
Dice que los casos en los que no se han aceptado los diagnósticos del HMST son solo dos, y que corresponden a controversias médicas cuya última instancia es la Comisión de Arbitraje Médico.
Monraz menciona que en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, en los últimos tres meses se han dado 2 mil 899 atenciones a personas con esquizofrenia, entre ellas 584 hospitalizaciones, 562 en el Hospital de Salud Mental de Tijuana y 22 en el Ignacio Loyola de Popotla. Por crisis convulsivas van 156 atenciones y 92 hospitalizaciones.
—Los pacientes mencionan que los tratan médicos distintos, se le dice a la directora del IPBC, Adriana Balcázar.
“Se está tratando de que cada médico tenga sus pacientes, en alguna ocasión el paciente es visto por otro médico cuando son causas de fuerza mayor, porque llega a faltar el médico por problemas personales, o porque tiene alguna asignación fuera de la institución, entre otros”, responde la directora del IPBC.
— ¿Qué pasa con estos pacientes que se van a recibir atención privada?
“No tengo yo conocimiento, pero los invitamos a que se acerquen a la institución y si tienen seguro popular pues ya saben que se les da la atención y tratamiento”.