La propuesta considera sanciones para quienes no respeten las indicaciones de la dirección estatal, dedicada a proteger la vida humana y asignar responsabilidad a las corporaciones municipales, así como de voluntarios que coadyuvan en el trabajo de búsqueda, rescate y activación de alarma en caso de desastres naturales o químicos
Las corporaciones de búsqueda y rescate en Baja California carecen de una legislación conforme a las necesidades naturales de la región. Y es que a pesar que existe una propuesta para anular la norma existente y dar paso a la nueva Ley de Protección Civil del Estado, los legisladores del Congreso del Estado la mantienen en el archivo.
El viernes 22 de julio, un grupo de 17 personas de una iglesia Adventista de Tijuana llegó a la Sierra de Juárez, por el Parque Constitución de 1857, para realizar una serie de actividades, entre éstas, adentrarse en un área agreste para realizar un rally que acabó en tragedia, al fallecer dos personas que no llevaban lo mínimo necesario para sobrevivir a altas temperaturas.
“Si esta tragedia no detona un cambio drástico obligado, para bien, qué más podemos hacer”, cuestionó acongojado el director de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas Navarro, para referir la urgente necesidad de que el Congreso actualice la actividad de los rescatistas.
Por mencionar otros dos casos recientes en Ensenada, un hombre de 60 años de edad se extravió en el Valle de la Trinidad, a unos 120 kilómetros por la carretera hacia San Felipe, cuando al parecer salió a cazar a caballo y no regresó. El aviso lo emitió la familia el martes 26 de julio -cuatro días después-. El miércoles 3 de agosto fue localizado sin vida en un cerro, a 47 kilómetros de su domicilio.
Y el mismo miércoles, en la playa privada El Faro, tres jóvenes entraron al mar por la tarde en una balsa inflable que volcó, debido a una corriente de retorno que se formó en una zona considerada de alto riesgo para el personal de Bomberos, que con banderines, tiene delimitados los sitios públicos permitidos; uno de los ocupantes, que se aferró a la lancha, murió porque no sabía nadar.
Aunque la mayoría de los casos se consideran accidentes, la nueva legislación contempla sanciones para los ciudadanos que violen las advertencias que emiten las autoridades.
Que sí, pero no cuándo
Para la legisladora presidenta del Congreso, Mónica Bedoya, es un tema prioritario dada la situación de emergencia que se presentó el viernes 22 de julio. La Ley se encuentra en la Comisión de Gobernación con un proyecto de dictamen para que se vote a favor o en contra.
Analizó que éste como otros temas relacionados con seguridad, tienen que salir en esta legislatura, a la que solo le restan cuatro meses.
“Depende del trabajo de la Comisión, van a tener que desahogar el tema de los magistrados aspirantes que son más de 25, además, para designar a cada uno hay que entrevistarlos, así que propiamente decirte una fecha no lo puedo hacer”, argumentó.
A nivel nacional, las leyes no están armonizadas, ya que en el Congreso de la Unión se han incorporado en el espíritu del articulado de la nueva Ley General de Protección Civil.
Efectivo y civiles en la indefensión
Rosquillas Navarro, quien redactó la mayor parte de la propuesta, dijo que se modifica el 90 por ciento de los artículos sin descuidar la esencia de la corporación, que es salvaguardar la vida humana.
Agregó que si bien es cierto, la ciudadanía no puede permanecer encerrada en sus hogares, también es un hecho que no deben entrar en terrenos privados, cercados o con extremo peligro, y mientras éstos no estén legalmente delimitados cualquiera puede invadir, expresó Antonio Rosquillas Navarro.
“Hasta el mejor escalador puede caerse y el mejor alpinista derrapar, el motociclista accidentarse, una puede avioneta caer, pero siempre hay la necesidad de activar un grupo de rescate bien elaborado, equipado y a la orden del día”, indicó el funcionario estatal.
Lo importante es que haya una legislación que obligue a las instituciones a informar sobre los diferentes riesgos, que gestione recursos económicos de programas federales para optimizar acciones o prohibir ingreso a lugares y prevenir situaciones de peligro para los ciudadanos.
En países como Estados Unidos, Suiza, Alemania o Australia, ejemplificó el director de Protección Civil en Baja California, tienen diversas áreas naturales que son atractivas para la aventura, están protegidas y a pesar que algunas son propiedad privada, están consideradas como bosques nacionales o reservas con protocolos de actuación para internarse en ellas.
Se reconocen por tener un control de guardabosques, policías rurales que ayudan a vigilar quién entra, sale o cómo son las capacidades físicas de cada persona, dando la información amplia de lo que pueden y no encontrar dentro de las zonas.
La metodología, idiosincrasia, economía, forma de trabajar es diferente, “lo que tenemos que hacer es informar, y nosotros como Protección Civil, en los cinco municipios como Tecate, Ensenada y parte de Mexicali, necesitamos tener un sistema de monitoreo para darle seguimiento a los grupos con respuesta inmediata”, comentó Rosquillas. “Estamos tratando de definir responsabilidades del sistema estatal de protección civil que no se va a aprobar hasta que no esté la nueva Ley, ahí vienen definidas las responsabilidades de cada grupo que actúa en casos de contingencia”.
Para eso se creó el “grupo estatal de rescate agreste”, el cual es “toda una estrategia para que podamos tener personal equipado para realizar operativos y que cuenten con seguro médico. No se les puede prohibir, pero sí se les condiciona que si no tienen un seguro o se metieron a una zona como un parque nacional, o bosque, sin haber informado que van a estar ahí el rescate se les cobra”, reiteró.
El costo de las ecoaventuras
Ensenada es el municipio con más territorio a nivel nacional y, por lo tanto, los atractivos para quienes gozan del llamado ecoturismo. Desde playas, sierras, cañones, valles y desiertos.
Para el director de Protección Civil de Ensenada, Arturo Granados González, uno de los factores que más influye en el rescate de personas en áreas peligrosas, es la inmediatez o el tiempo de reacción con que actúan los grupos organizados.
El jueves 28 de julio, una familia de cinco integrantes caminó rumbo al ex Ejido Ruiz Cortínez, hasta que cayó la noche; no llevaban ropa, alimentos o equipo para pasarla en medio de la nada. Para esa y otras emergencias, fue necesario activar protocolos de búsqueda y rescate, generando fuertes movilizaciones de unidades, elementos y personal médico.
Granados destacó la importancia de que quienes participan en las actividades tengan en claro los protocolos de seguimiento desde el momento de la activación hasta su culminación, asimismo, refirió la conformación de los comités delegacionales que operan a través de subdelegados que, en caso de una situación crítica, logran avanzar ampliando la efectividad con formatos prediseñados tan simples como iniciar con un cuestionario de preguntas asertivas a familiares y testigos del caso.
“Es básico que todos los municipios estemos homologados en cuanto a los protocolos y que las personas sigan el procedimiento acertado en el sentido de no perder mucho tiempo”, planteó.
La regulación de grupos voluntarios, así como comités delegaciones, será clave para la rápida actuación.
De todo como en botica
Jaime Nieto de María y Campos, director de Bomberos de Ensenada, urgió a la aprobación de la Ley porque en el caso de Ensenada sus elementos realizan actividades como la de cuidar las playas, entre otras, sin que forme parte de sus funciones porque no está estipulado en ninguna legislación.
“Lo hacemos porque es nuestra obligación moral, no legal, porque la gente viene a las playas de Ensenada y tenemos que protegerlos”, respondió.
Además de sofocar fuegos, acuden a rescates de personas en zonas de riesgo, auxilian en derrames de residuos peligrosos, inspeccionan negocios, implementan los operativos de verano y, tras un convenio con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), combaten incendios forestales.
El funcionario sostuvo que desde la implementación del operativo vacacional en la presente administración municipal, el número de decesos por ahogamiento en playas turísticas bajó de 18 casos en un año a cero, a pesar de las limitaciones económicas que enfrentan.
“Playa que es concurrida y si no se vigila, habrá muertos”, sentenció Nieto.
Asimismo, exhortó que a través de una legislación se puedan bajar recursos económicos federales para el equipamiento de personal, ya que todos los utensilios y uniformes están cotizados en dólares. Trajes de neopreno y boyas hasta en 500 dólares, equipo de rescate en mil dólares, a lo cual hay que sumar el combustible, reparación de unidades, salarios y alimentos. Todo con presupuesto municipal.
Funcionaria “chapulín”
De encabezar la propuesta de Ley, la ex diputada local Nereida Fuentes, se brincó a la candidatura por la alcaldía de Tecate y abandonó el proyecto.
En su exposición de motivos redactó que entre los riesgos que existen en Baja California están los sismos, inundaciones, nevadas y deslizamiento de laderas, que con frecuencia ocurren y pueden afectar gravemente a aquellos asentamientos humanos que por su ubicación, así como su elevado grado de vulnerabilidad física o social, se encuentran mayormente expuestos a una condición de desastre.
“Por esta razón la coordinación y funcionamiento de los sistemas estatales y municipales de protección civil es vital para garantizar la seguridad de las personas, de sus bienes y del entorno natural en el que viven”, dictó.
Esta legislación estatal no contempla circunstancias que deben ser definidas y reguladas de acuerdo con la nueva dinámica de crecimiento de la población y la presencia de los fenómenos antes mencionados, ya que muchos de ellos ni siquiera están previstos en la Ley.
Lo anterior obliga a su actualización, pero además, a regular los asentamientos humanos, establecer un mayor control en las medidas de seguridad de las construcciones en proceso y de las actividades antropogénicas en general.
“Requiere de una clasificación más específica de los giros comerciales y de servicios, así como de regular la asesoría y capacitación certificada en materia de gestión integral de riesgos y de protección civil, con lo que se prevé una mayor participación de los distintos sectores de la sociedad civil a largo plazo”, indicó Fuentes en la propuesta.
Desde 1998, año en que se aprobó la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California, ésta ha tenido modificaciones y adecuaciones en su articulado.
Propuesta de Ley de Protección Civil de Baja California
Quiénes son los grupos voluntarios.- Personas morales o personas físicas que se han acreditado ante las autoridades competentes, y que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en acciones de protección civil.
Artículo 164.- Será responsabilidad directa de la autoridad municipal, estatal o federal, la ocurrencia de cualquier emergencia o incidente por no acatar la recomendación de la Coordinación Estatal.
Operativo de Playas 2016 en Semana Santa en Ensenada
- Promedio de personas en playa por día: 8 mil
- Rescates en corrientes peligrosas: 10
- Prevenciones a personas en corrientes de retorno: 2 mil 100
- Niños extraviados: 9
- Personas ahogadas: 0
Recursos humanos y materiales utilizados
- 29 elementos
- 7 cuatrimotos
- 4 vehículos
Se modifica el 90% de los artículos
Entre los cambios destacan:
* Redefinición del Consejo Estatal de Protección Civil
* Responsabilidades y obligaciones de cada corporación participante, Protección Civil y sus autoridades
* Coordinación entre municipio y Federación
* Obligaciones de los departamentos de Bomberos
* Definir giros de comercio, empresas, estancias infantiles e industria
* Definir conceptos de emergencias
* Derechos de quienes apoyan en operativos de emergencia
* Emergencias químicas.
