Que los regidores de Tijuana no hayan actualizado todavía los Reglamentos de Urbanización, Edificación y Condominios, afecta económicamente al sector inmobiliario, que sólo en 2016 perderá la capacidad de construir 2 mil viviendas menos, lo que redunda en la pérdida de alrededor de 20 mil empleos y 2 mil millones de pesos de inversión, declaró José Manuel Padilla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadevi) en Tijuana.
José Manuel Padilla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadevi) en Tijuana.
Dichas declaraciones fueron vertidas durante el Foro Inmobiliario 2016, llevado a cabo la mañana de hoy jueves 18 de agosto, y a la que reunieron las 33 empresas inmobiliarias incluidas en el padrón de Canadevi Baja California.
Los Reglamentos actuales exigen a los desarrolladores la construcción de áreas verdes adicionales a las que contempla la Ley Estatal; casas más amplias, vialidades más anchas, así como el 10 por ciento de la extensión de los fraccionamientos como donación al Ayuntamiento, y más cajones de estacionamiento.
A decir de Padilla, esa limitación de los espacios implica desarrollar 2 mil viviendas menos, además de que aumenta hasta en un 25 por ciento el costo de los hogares, debido a los estímulos que los compradores deberán pagar, lo que daña la economía de los que menos tienen, que son los que radican en fraccionamientos “de interés social”.
El precio por vivienda derivado de las peticiones municipales, no está acorde a la capacidad crediticia de las entidades financieras, principalmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que aleja a personas de bajos recursos de la posibilidad de adquirir una lugar dónde vivir, por lo que exigen a los ediles de la ciudad a agilizar los procedimientos legislativos del Cabildo para dejar de afectar al sector inmobiliario, fundamentalmente por los empleos que crea.
Al respecto, el regidor Héctor Riveros Moreno, afirmó a ZETA que la actualización de los reglamentos municipales para armonizarlos con la política nacional en materia de vivienda deberá realizarse antes de que culmine la presente administración, el próximo 30 de noviembre.
