Para evitar la demolición de una capilla católica en el fraccionamiento Real de San Francisco en la zona Este de Tijuana, residentes y feligreses conformaron un comité y recolectaron cientos de firmas con la finalidad que el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, reconozca el sentido comunitario del templo y dé la orden de que éste no sea destruido.
Según testimonios de los vecinos, hace una década la empresa inmobiliaria Ara destinó el predio, localizado en el lote 21 de la manzana 608 en la calle Real de Ensenada, para que fuera usado como un área comunal, por lo que un año después se comenzó a impartir catecismo en el sitio, y dos años más tarde edificaron la capilla del Espíritu Santo.
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Posteriormente Ara “entregó” el fraccionamiento a la administración municipal, incluyendo el terreno en cuestión.
En una reunión convocada el miércoles 17 de agosto, los residentes señalaron que desde hace dos semanas, personal de la delegación La Presa, particularmente el jefe de Obras Públicas, Jaime Gutiérrez, ha ido a la capilla exigiendo que la desalojen para demolerla, porque no cuentan con un permiso municipal para operar un templo religioso.
Aunado a ello, las empresas Oxxo y Bancomer han comenzado obras de rehabilitación del predio, que también cuenta con un parque infantil, así como el desarrollo de una cancha de futbol rápido, para lo que cercaron todo el perímetro.
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Karina Valdez, vocal del comité, refirió que es necesaria la unidad de la comunidad católica, en lo que consideran un agravio al patrimonio de la comunidad. María Pereyra, vicepresidenta de la organización, lamentó la existencia de “intereses oscuros” alrededor del lugar, argumentando que las compañías tienen intereses lucrativos en sus acciones.
Por su parte, Carlos Muñoz, representante legal de los feligreses, aseveró: “se sospecha de intereses oscuros, no tenemos certeza”, aunque señaló que la principal especulación reside en la construcción de canchas de fútbol con fines lucrativos, lo que va en contra –dijo– de la esencia original del terreno.
El abogado agregó que si se mantiene el interés de la Delegación por destruir el templo, se ampararán ante las autoridades judiciales, y denunciarán al Ayuntamiento por “abuso de autoridad” y “daños a la comunidad”; además de iniciar un juicio de prescripción positiva del terreno para favorecer al comité y se puedan seguir las actividades litúrgicas de manera regular.
La encargada de despacho de la demarcación, Cynthia Lorena Sierra Morales, reafirmó que los feligreses “están invadiendo” un terreno que pertenece a la municipalidad, ya que no obra en los expedientes delegacionales algún permiso para una construcción religiosa.
Declaró que tanto Oxxo como Bancomer “son empresas socialmente responsables” que apoyan en el mantenimiento del terreno, sin costo para el Ayuntamiento, por lo que negó la existencia de “intereses oscuros y lucrativos”.
Desde la Delegación, fue enviado un oficio a la Oficialía Mayor –dependencia que administra los bienes municipales– para que investigue y confirme que no existe una autorización gubernamental para rendir culto en ese lugar.
