Entre junio de 1996 y diciembre de 1997, asesinaron a 36 jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, la ciudad más importante en el Estado norteño de Chihuahua. Unas eran empleadas de maquiladoras. Otras, prostitutas. La diferencia en su quehacer era unida por tres factores a la hora del crimen: Violación, abandono y primitivo entierro del cuerpo en despoblado. Hasta el momento, nadie sabe quién las mató ni cuál fue o fueron los motivos. Por eso, el primero de diciembre del 97 se inició un expediente de queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Así fue como se armó un grupo de investigadores que viajó desde la Ciudad de México y permaneció en la de Juárez durante cinco meses y medio. Vieron al detalle tan delicado y horroroso asunto. Naturalmente, a los comisionados no les corresponde legalmente ni perseguir o capturar. Pero encontraron suficientes razones para determinar que los derechos humanos de las mujeres asesinadas fueron atropellados por la autoridad.
Por eso entre mayo y junio de 1998 el Gobierno del Estado de Chihuahua recibió la recomendación 44/98 de la CNDH: Debía formar un equipo especial para aclarar los crímenes. Luego, investigar a los integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por haber caído en “omisiones y acciones negligentes” durante las averiguaciones. E investigar en particular a los funcionarios que dedicaron calificativos públicos, discriminatorios y francamente racistas a las víctimas. A unas por su condición de empleadas en maquiladoras y a otras por ejercer la prostitución. “Con eso la Procuraduría pretendió justificar su inactividad en los homicidios”, según me dijo un testigo.
Aparte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió otra recomendación al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, refiriéndole con hechos cómo, cuándo, dónde y por qué sus funcionarios fallaron estrepitosamente. A pesar de tantos y continuos asesinatos, la policía municipal no estableció la vigilancia preventiva necesaria. De hecho, estuvieron como un poste a la orilla de la carretera: Sin moverse ante el paso de los vehículos.
Supe que este par de recomendaciones causaron urticaria a los gobiernos entonces panistas y también a su partido. Después alegarían unos y otro que esas llamadas de atención fueron determinantes para perder las elecciones.
Cuando me informaron de esta situación vinieron a mi memoria otros tres gobernadores panistas y todos de Baja California. Primero, Ernesto Ruffo Appel. Siendo presidente de la CNDH el Doctor Jorge Carpizo envió una recomendación para reabrir el caso del periodista Héctor Félix, asesinado por dos guardaespaldas del ingeniero Jorge Hank Rhon en 1988. Fue preciso comisionar a un visitador para entregar de mano el aviso. Lo recibió el Procurador de Justicia, Licenciado Juan Francisco Franco. Se trataba de investigar la autoría intelectual. Cuando la advertencia de Carpizo se publicó, el profesor Carlos Hank González hizo dos cosas: Promovió un amparo federal para su hijo y le llamó telefónicamente a Ruffo. Supe de primera mano que utilizando el viejo lenguaje político, simplemente le dio las gracias y le colgó. Eso fue suficiente. El Gobernador panista entendió perfectamente el mensaje. Tal vez le temblaron las piernas. Y definitivamente no atendió la recomendación de la Comisión. Por eso pasado algún tiempo le pedí a su Secretario General de Gobierno una copia del documento enviado por el Doctor Carpizo y su respuesta fue: Por más lucha que hizo no lo encontró. Luego cambiaron de Procurador. Hice un nuevo intento antes de terminar el sexenio ruffista y volví a fracasar. Entonces me dijeron que no localizaron la recomendación por ningún lado. Que a lo mejor se traspapeló. Que seguramente fue culpa de alguna secretaria.
Al siguiente Gobernador también panista, Héctor Terán Terán, tampoco le importó la recomendación. Mientras el Procurador dijo que no había elementos para la investigación, el Subprocurador, de mayor edad y experiencia, dijo que el caso no podía cerrarse hasta no aclararlo. Pero Terán murió a la mitad de sexenio.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se interesó especialmente en el caso y con fundamento lo planteó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta organización a su vez hizo otra recomendación ahora al Gobernador Sustituto, Licenciado Alejandro González Alcocer, también panista, que respondió con un acto tan prepotente como violatorio: Ordenó archivar el caso. No me quedó más remedio y pensé que donde manda Hank González no gobierna el PAN.
Pero eso no fue todo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Gobernador González Alcocer una investigación penal y administrativa al Licenciado José Luis Anaya Bautista, Procurador que fue con su antecesor y un tiempo con él. Según investigación que no promoví, sino que la CNDH hizo por su iniciativa, el fiscal estatal violó mis derechos humanos al retirar la escolta que él mismo dispuso para protegerme. Lo hizo con evidente premeditación dejándome desamparado para que diez sicarios del narcotráfico nos emboscaran, matando a mi compañero Luis Valero Elizaldi e hiriéndome. El Gobernador turnó la recomendación a la Procuraduría y a la Contraloría, ahora rebautizada pomposamente. Pero no ha caminado la indagación. Estoy seguro que una investigación seria sobre el retiro de los agentes estatales, pondría al descubierto la relación de ciertos agentes judiciales con el narcotráfico. Es como la punta de la madeja. Naturalmente, el caso está congelado.
Recuerdo todo esto ahora que me enteré de la insistencia panista en el Senado de la República para retirar a la licenciada Mirella Rocatti de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Preguntando me encontré con un par de versiones.
1.- Todavía le duele al Partido Acción Nacional la recomendación que electoralmente les afectó en Chihuahua.
2.- Curiosamente uno de los candidatos para suplir a Rocatti es Manuel Sarré. Este caballero estuvo antes en la CNDH durante la época del Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar. Cuando a este señor lo nombraron Procurador, don Manuel pretendió quedarse en su lugar y no pudo. Ahora es ampliamente sabido que asesora al grupo legislativo panista.
Este intento de los senadores panistas por retirar a la señora Rocatti encuadra perfectamente en la vieja conseja popular, de ver la paja en el ojo ajeno, cuando se tiene una viga en el propio. Por lo menos, así lo demuestran los hechos en los cuatro gobiernos panistas de Chihuahua y Baja California.
Iniciamos estas líneas anotando que de junio del 96 a diciembre del 97 hubo 36 asesinatos de jovencitas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues nada más en Tijuana y también con gobiernos panistas, en 309 días de este año, 349 personas fueron ejecutadas. Unas a mediodía en céntricas avenidas. Otras en fraccionamientos distinguidos. Muchos en las orillas de la ciudad. Pero todos, indudablemente por órdenes de la mafia y sus muy variadas ramificaciones. El Gobernador para acabar con el problema, tuvo ese conocido arrebato “del orgullo de mi nepotismo” y nombró a su concuño Procurador de Justicia del Estado. Desde que el pariente asumió el cargo sucedieron 119 ejecuciones. En promedio, más de una diaria. Naturalmente, a veces detienen o giran orden de aprehensión contra los amateurs del narcotráfico. A los ligamayoristas no los tocan. A Rocatti sí.
Escrito tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas, publicado el 1 de julio de 2011.
