Por “desprovisto de cuidado y por no obrar con diligencia en su vida social”, Juan Flores y Suzanne Marie Flores, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio por culpa como dueños de los cuatro perros que el 9 de agosto asesinaron al menor Rafael Salvador, en el Ejido Lázaro Cárdenas de Tijuana.
El juez de control Fidel García Villanueva, consideró diversos elementos para señalarlos como probables responsables del actuar de sus mascotas, proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos relacionados con omisiones. En primer lugar, por permitir que los animales se desarrollaran con libertad en el exterior, y porque el cerco de la casa en que viven, no cumple con las condiciones para mantenerlos encerrados, como es su responsabilidad.
Además, el juzgador consideró los testimonios de la madre del menor y de su tía, quienes lo acompañaban al momento de ser atacado. En resumen, cuando caminaban a metros de la casa de Juan y Suzanne Marie, los perros se abalanzaron sobre el niño, que de acuerdo con dictámenes especializados, sí perdió la vida por mordeduras en diversas partes del cuerpo.
También, vecinos declararon que en diversas ocasiones las mascotas referidas mostraron agresividad, lo que ha sido reportado en la delegación San Antonio de los Buenos y al número de Emergencia 066, sin que las autoridades ni los dueños hayan actuado.
Previo a la determinación del juez, celebrada el miércoles 17 de agosto, la defensa de los imputados intentó demostrar la inocencia únicamente de Suzanne Marie, de origen estadounidense, y no de Juan Flores -aunque se mantiene el principio de inocencia-, argumentando que reside en el Estado de Florida, negando así que los perros sean de su propiedad.
García Villanueva fijó un plazo de cuatro meses -que termina el próximo 17 de diciembre-, para que tanto la PGJE como la defensa, se alleguen de más pruebas para continuar con el juicio por homicidio culposo.
El Código Penal de Baja California contempla una punibilidad de tres días a cinco años de prisión y multa de hasta 300 días de salario mínimo. La gravedad del homicidio por culpa será determinada por el juez, conforme a diversos criterios marcados en la Ley.
