Juan Carlos Arreygue Núñez, alcalde de Álvaro Obregón, Michoacán, es el nuevo caso de un presidente municipal ligado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), presuntamente involucrado en un multihomicidio. Según dirigentes, los perredistas solicitaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Procuraduría General de la República (PGR), les proporcionara información de todos sus candidatos.
Los datos sugerían que el alcalde michoacano mantenía vínculos con Los Caballeros Templarios, por lo que le fue retirada su candidatura. Sin embargo, fue postulado por el Partido del Trabajo (PT) y ganó la contienda.
A esto se sumó Carlos Torres, dirigente del PRD michoacano, quien aseguró que informó al PT sobre los presuntos vínculos de Arreygue con el crimen organizado. No obstante, el petista respondió que el partido del Sol Azteca debió haber entregado el expediente a la PGR para evitar que el edil fuera respaldado por su partido político.
Antes, el 26 de septiembre de 2014, José Luis Abarca Velázquez, entonces alcalde de Iguala, Guerrero, saltó a los titulares de los medios de comunicación internacionales después de darse a conocer su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, crimen aún no resuelto, pero por el que actualmente se encuentra preso y en espera de una condena. Este caso tumbó de su cargo al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y desató una grave crisis política nacional que persiste.
En la semana que termina, un juez de control en Michoacán ordenó la prisión preventiva en contra de Arreygue Núñez y cuatro policías más, por el asesinato de 10 personas en Cuitzeo. La medida ordenada por el Juzgado fue a partir de las pruebas que la Procuraduría General de Justicia (PGJEM) presentó en contra de los cinco servidores públicos. El juez ordenó prisión preventiva en contra del edil y los elementos de seguridad, al ser considerado el delito de homicidio como grave en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El expediente menciona que Arreygue Núñez ordenó a sus elementos detener a las 10 víctimas la noche del 29 de julio, por lo que a bordo de una camioneta Toyota Tacoma sin placas, las personas fueron llevadas a un paraje del municipio de Álvaro Obregón. En el lugar, el alcalde entregó armas a los policías para que supuestamente cometieran el crimen.
Después, los cuerpos fueron trasladados a Cuitzeo, donde fueron calcinados. Así los encontraron el sábado por la mañana.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, comentó que las investigaciones indican que las personas asesinadas tenían supuestos problemas con familiares del presidente municipal por la venta de droga. El mandatario aseguró, además, que estas personas buscaban ampliar la venta de narcóticos al menudeo en Álvaro Obregón, situación a la que se opuso el edil.
El miércoles 3 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán asumió las labores de seguridad en Álvaro Obregón, en tanto más de 35 policías locales son sometidos a un proceso de capacitación y evaluación.
Los cuerpos de las 10 víctimas que aparecieron calcinadas el fin de semana ya fueron identificados y entregados a sus familiares el miércoles por la Procuraduría michoacana. Las autoridades locales indicaron que siete de los fallecidos eran del municipio de Indaparapeo y dos de Álvaro Obregón. El décimo fue trasladado a Ciudad de México.
“Se determinó establecer el reconocimiento de Ricardo G., Sergio B., Braulio Santiago P., Gustavo L., Kevin Jaime H., Juan de Dios Ch., César Omar M., Miguel R. y Luis Alberto L., de 42, 18, 30, 16, 19, 20, 22, 29 y 36, años de edad, respectivamente, cuya correspondencia de perfil genético fue comparada con muestras recabadas a personas que comparecieron ante la institución para reportar a sus familiares desaparecidos. Una décima persona de nombre Erick G., de 22, fue identificado y reclamado previamente ante la Fiscalía”, señaló la dependencia.
El de Huehuetlán, Puebla: tercer alcalde asesinado en 10 días
Huehuetlán el Grande es uno de los 217 municipios de Puebla. Allí, la noche del lunes 1 de agosto fue emboscado y asesinado el alcalde José Santamaría Zavala, de al menos seis disparos de arma calibre nueve milímetros, cuando volvía de su casa, acompañado de su secretaria particular. El mismo funcionario fue víctima de un asalto el año pasado.
La situación para los alcaldes mexicanos se agrava luego de que Santamaría Zavala fuera el tercer presidente municipal ejecutado en tan solo 10 días. Antes, fue asesinado el primer edil de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, la mañana del 23 de julio; y el segundo fue el de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, ultimado ese mismo día.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que, según la secretaria del alcalde, la cual sobrevivió al ataque, el móvil del homicidio podría haber sido el robo de la nómina del ayuntamiento, aunque no se perpetró porque el edil no llevaba dinero consigo.
Ante la inseguridad selectiva que viven los ediles, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) solicitó por escrito una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para presentar su propuesta de protocolo para la seguridad de los presidentes municipales del país, ya que hasta el momento, 80 de ellos han sido acribillados.
