De la acusación de tortura y violación por parte de una mujer sobre seis policías estatales preventivos, las versiones son varias. La señora refiere cómo la aislaron en una habitación para molestarla. Los agentes declararon que no lo hicieron, y posteriormente se documentaron y refieren, extraoficialmente, que sí acudieron a la casa, cuando un traficante de drogas señaló a la dama como distribuidora
En el caso de los seis policías estatales preventivos suspendidos, cinco hombres y una mujer, señalados por una fémina de tortura y violación impropia, hay tres versiones de los hechos.
Mientras la presunta afectada refiere una forma en que los oficiales llegaron a su hogar, se introdujeron, la separaron del grupo con el que se encontraba para molestarla y torturarla, ellos declararon ante Asuntos Internos de la corporación que no estuvieron en el domicilio y que no realizaron los actos vejatorios de los que son acusados. Sin embargo, de manera extraoficial, los agentes relataron a sus abogados que en efecto llegaron a la vivienda de la señora, hasta donde fueron guiados por un hombre detenido con 35 kilos de marihuana que la señaló como distribuidora de la droga.
En efecto, en la investigación administrativa de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, el parte de novedades de los seis elementos estatales indica que estuvieron en la zona de la colonia Altabrisa haciendo intervenciones, justo por las calles en las cuales reside la denunciante.
Ni en Asuntos Internos ni en la Subprocuraduría proporcionaron los nombres de los implicados, pero elementos de la PEP informaron que el acusado de violación impropia, es Johnny López Ruiz, quien con otros cinco compañeros, protagonizó la recomendación 27/13 presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por otra incursión violenta sin orden judicial ocurrida en septiembre de 2012, en una casa en Playas de Tijuana.
López también encabeza por lo menos dos averiguaciones previas más, de las 27 abiertas en la Procuraduría General de Justicia del Estado contra elementos de la PEP entre el 1 de enero y el 22 de julio de 2016, todas por irrupciones ilegales en casas de Tijuana.
La investigación judicial
El subprocurador de Zona Tijuana, Jorge Álvarez, se muestra cauto en sus declaraciones, solo confirma: “Existe una denuncia de parte de la ofendida por el delito de abuso de autoridad, lesiones, violación, en contra de personas que se introducen a su domicilio. Personas uniformadas, algunas de ellas encapuchadas, de alguna corporación. Es una averiguación previa en etapa de integración desde el mes de abril, y se denunció oportunamente”.
La denuncia fue presentada el 18 de abril en la agencia de Delitos Sexuales, y el presunto acto ocurrió el 15 de abril. “Estamos haciendo exámenes ginecológicos y psicológicos (el psicológico se hace en diferentes etapas, puede durar hasta seis meses), que son los más importantes”. Los exámenes médicos reportan que la mujer presentaba moretes en brazos y pechos.
A través de redes sociales, “Sonia”, la denunciante, hizo público que dos de sus presuntos atacantes aparecían en un video grabado el 16 de mayo de 2016 en la tienda Sam’s de la Zona Río Tijuana. En el mismo mes presentó denuncia a la CEDH, donde la apoyaron para que el 13 de julio iniciara un procedimiento administrativo ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
“La señora lo manifestó en prensa que había reconocido a algunas de las personas que participaron en el evento que refiere. Esa parte está en este momento en integración, a ver si hay algún reconocimiento”, comentó Álvarez, porque fue hasta el miércoles 27 de julio cuando la víctima se presentó a la PGJE a ponerle nombre y apellido a sus agresores.
— Los investigadores hablaron con vecinos, ¿refirieron presencia de los agentes dentro de la casa, como indica la denunciante?
“Eso está confirmado, tenemos muchas testimoniales. Incluso el reporte de un policía municipal”, y hubo agentes de la PEP en el lugar.
La PGJE aún no cita a declarar a los seis policías estatales, porque hasta esta semana que concluye, no estaban señalados directamente.
Asuntos Internos: suspensión administrativa
Humberto Moreno, responsable de Asuntos Internos de la SSPE, explicó que el 13 de julio la CEDH les solicitó acudir a las oficinas de Zona Río para que recibieran una queja, ahí hablaron con la mujer, quien detalló que el 15 de abril se habían metido a su domicilio cinco hombres y una mujer, y los habían agredido a ella y a su familia, a su hijo y a un amigo de ellos, que no supo que eran agentes porque iban de civil.
Explicó que el lunes 18 presentó una denuncia contra quien resulte responsable y después su hija y ella los identificaron por un video.
“Presenta su denuncia y narra las cuestiones, que había sido violada y aparte golpeada, nosotros iniciamos investigación y radicamos, ella no traía las personas, fue hasta el 18 de julio que se presentó el resto de los quejosos, la hija, el hijo y el amigo de ellos, ahí identificaron a los presuntos agresores”, informó Moreno.
“Ella declara que se desmayó, que fue torturada y perdió el conocimiento, y en una de esas ocasiones vio a su hija, que sufre del corazón y toma medicamentos. Explica que la esposaron, que le ponen un plástico en su cara, eso refiere como tortura”, complementó.
Los policías
El titular de Asuntos Internos de Seguridad Pública Estatal refirió que la declaración oficial de los uniformados implicados ante su oficina, fue remitirse al parte de novedades que menciona las áreas donde ellos estuvieron dando vueltas en las colonias, las casas que revisaron. Y negaron oficialmente haber cometido los hechos que refiere la mujer, incluso que entraran a su vivienda.
Los oficiales fueron declarados el 19 de julio y suspendidos el 20 de julio. Falta uno por declarar, y el policía municipal que estuvo en la zona también ya fue declarado.
Una fuente cercana a los abogados que llevan el caso de los agentes de la PEP expuso a este Semanario que en efecto negaron los hechos en la declaración ante Asuntos Internos, “porque desconocían de qué se trataba”, y una vez libres de la encomienda, revisaron los casos y encontraron que se trataba de una mujer que había sido señalada por un traficante de droga, y a cuya casa, en efecto, acudieron.
ZETA conoció así que la mujer sí era sujeto de interés del Grupo de Investigación de la PEP, con relación al parte informativo ROS-235/16, del 7 de abril de 2016, cuando detuvieron en la calle Isla Mujeres de la colonia Lomas del Coronado en Rosarito a Juventino Parra Hernández “El Topo”, con tres paquetes conteniendo 10 kilos de marihuana y la leyenda “Limón”; el indiciado les informó que su proveedora era Sonia González Rubio y/o Sonia Rivera Rubio alias “La Doña”, precisamente la mujer que acusa a los estatales preventivos.
