En el Partido Revolucionario Institucional ya no están viendo quién se las debe, sino quién, además, se las paga. Después de la aparatosa derrota del 5 de junio de 2016, la abrupta salida de Manlio Fabio Beltrones Rivera de la dirigencia nacional, y el descenso en picada en la popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto, registrada en medios como Reforma en 23 por ciento, con 55 por ciento de ciudadanos que opinan que la corrupción ha aumentado, se ve que en el PRI ya no hallan qué hacer para recuperar la credibilidad de los mexicanos.
Del mea culpa de Peña, el segundo de hecho, sobre el embrollo de conflicto de intereses y corrupción en la compra por parte de su esposa de la llamada “Casa Blanca”, pasaron de una orquestadísima entrevista que le hizo el que está en sus últimos días de conductor estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga, a la persecución de gobernadores emanados del tricolor. Nada ha funcionado. El perdón de Peña nadie lo creyó, menos la entrevista y la explicación infantil que ofreció sobre por qué un amigo de su mujer pagó el Impuesto Predial del millonario condominio que ella tiene en Miami. Falta ver si con el caso de los gobernadores, si realmente llegan a juzgarlo, el PRI, el Presidente, logran recuperar algo de lo perdido en los últimos tres años y medio.
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Hace unos días, en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, iniciaron proceso contra tres gobernadores en funciones y un ex mandatario estatal. Se trata de los Ejecutivos Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, de Chihuahua; y el ex gobernador Rodrigo Medina, de Nuevo León.
En efecto, los cuatro han sido harto señalados por actos de abuso de poder, excesos, peculado, corrupción, enriquecimiento ilícito, endeudamiento del Estado y, en el caso de Javier Duarte, de estar inmiscuido en el asesinato de periodistas en su entidad, Veracruz. Ciertamente mucho se ha dicho de esos casos y se ha escrito en indistintos medios, pero ni una foja ministerial los ha tocado, aun cuando para Rodrigo Medina hay una averiguación en proceso.
Fernando Elías Calles es el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, y fue quien aceptó la solicitud de expulsión sobre los cuatro nada honorables priistas en mención por actos de corrupción. Sin embargo, la Procuraduría General de la República poco ha hecho para investigar los muchos señalamientos que existen contra los ex mandatarios. Podría ciertamente no hacer nada ante la falta de una denuncia, pero un México presidencialista como en el que vivimos, si hubiese la intención del Presidente de la República, de sentar un precedente encarcelando a un gobernador por actos de corrupción, el abanico de Peña es grande. No solo de personajes de su partido el PRI, ahí está Guillermo Padrés, el panista de Sonora, que a pesar de las denuncias de la actual gobernadora priista y su sucesora, Claudia Pavlovich, poco han hecho más allá de investigar a quienes están alrededor del ex mandatario o confiscar bienes que, saben, algún día serán regresados.
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Si realmente Peña Nieto y su partido en el cual puso a uno de sus incondicionales, Enrique Ochoa Reza, quiere enviar un mensaje de cero tolerancia, debería instruir la investigación de los gobernadores y los ex gobernadores en las instancias legales que para ello existen y no dentro del PRI.
Supongamos que los priistas titulados por Elías Calles logran reunir los elementos para comprobar que en efecto, los cuatro señalados cometieron actos de corrupción, los expulsarían del partido y estarían obligados socialmente, a presentar las respectivas denuncias de hechos, en los Estados que son gobernados o lo fueron, por los acusados, y volvemos al círculo vicioso, del investigador que se investiga.
La impunidad política ciertamente debe acabar en este país, pero para eso, más allá de los partidos, están las instituciones. El país ya cuenta con un Sistema Nacional Anticorrupción que por estas semanas debe iniciar en el proceso de conformación de las instituciones y quienes estarán a cargo de integrarlas para buscar, primero, un castigo a los actos de corrupción en los gobiernos, y después el combate y la prevención de la corrupción política y gubernamental.
El contexto, pues, para investigar y procesar a los gobernadores y ex gobernadores corruptos se está dando, la intención del PRI de investigarlos ahí está, lo único que hace falta es el compromiso del Gobierno Federal de ir a fondo en el tema y no entorpecer investigaciones, comprometerse a respetar a las instituciones y no caer en el garlito de cuando se autoinvestigó, investigó a su esposa y a su secretario de Hacienda, al revivir la Secretaría de la Función Pública y ubicar como investigador a su incondicional Virgilio Andrade.
Elementos para procesar a Duarte, Borge, Duarte, Medina y Padrés, en sus respectivas entidades federativas y cuentas públicas y privadas, hay suficientes, insisto, lo que hace falta aquí es compromiso de la autoridad acompañando al partido (digo, ni sana distancia han mantenido).
Perseguir la corrupción por el hecho de ser un acto de corrupción y por lo tanto ilegal, y no por ver quién paga en el PRI, las derrotas electorales, políticas y de popularidad presidencial, podría ser un buen principio, ¿no? A ver si se animan y van en serio, o éste será un acto más del agónico circo priista.
