En las diversas corporaciones de seguridad pública ha habido comentarios –muy discretos y hasta temerosos– de la rigurosidad e inflexibilidad de los exámenes de Control y Confianza que se aplican en el C3, instancia que depende directamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Tan solo en los años 2014 y 2015 “reprobaron” cerca de 486 elementos que se presentaron a dicho y obligado examen. Hasta el 8 de julio de este año suman 61 los elementos que no aprobaron la evaluación.
Ramírez Cardozo y Jaime Díaz
Hay quienes consideran que se utilizan criterios muy subjetivos con algunas preguntas sumamente capciosas, de las que se derivan análisis y supuestos que solo sirven para tachar como mala la respuesta y al final significa el no-pasar.
Argumentan, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Nacional de Control y Confianza: “el resultado de las evaluaciones es único e integral, por lo que la emisión del resultado de evaluación se deriva del análisis y revisión de la totalidad del expediente que se conforma derivado de la aplicación que integran cada una de las fases evaluación de control de confianza: psicología, poligrafía, investigación socioeconómica y médico-toxicológica.”, según parte de la respuesta otorgada a una petición por transparencia.
Pero resulta que no en todos los casos se tasan con la misma medida, según consideran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, dado que en las filas de esa dependencia labora Paola Ramírez Castrejón, quien está asignada al área médica de los programas de reinserción social.
Ella es hija del General José Ramírez Cardozo, quien fue designado en diciembre del 2013 titular de Seguridad Pública por el alcalde Jaime Díaz Ochoa, pero que semanas después hubo de renunciar al trascender que tenía un pasado que había tratado de ocultar: hostigamiento sexual, delito por el cual estuvo encarcelado.
De entrada ahí falló el Examen de Control y Confianza –si es que se aplicó– y el General tuvo que dejar el cargo.
Pero ahora resulta que su hija labora en la Secretaría y obvio que hay recelo en cuanto a si también pasó por los mencionados exámenes, sobre todo en la parte que tiene que ver con el entorno y la familia, ya que –así han comentado– ha habido varios casos donde el resultado negativo para los elementos de seguridad en ese examen tienen que ver precisamente con dicho entorno.
Ella entró hace cerca de dos años con un programa federal, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, pero hace unas semanas le otorgaron una plaza de confianza como Coordinadora Dental –la cual no existía–, y ahora sus cercanos se quejan de prepotencia y arrogancia, bajo la premisa que es recomendada del propio Secretario Daniel de la Rosa.
Radio fórmula
El próximo 31 de agosto deberán salir todos los comunicadores que tenían programa en Radio Fórmula en Mexicali, y sí que son bastantes: Rubén Gómez, Colilá Eguía, Ricardo Gómez, Enrique Telleache, Carlos Valencia, Felipe Camargo, Carlos Delgado, Manuel Rojas, Martha Eugenia Dávila y otros más.
Jaime Bonilla, Morena
Todo esto debido al pleito entre los concesionarios de la Ciudad de México y quien había rentado la estación desde fines del 2015 a través de PSN, Jaime Bonilla, actual dirigente estatal del partido lópez-obradorista, Morena. Y es que, pese a tener un contrato de renta por dos año –por 150 mil pesos mensuales– los concesionarios desde marzo intentaron recuperar –parece que a la mala– la estación, hicieron un escándalo desde la Ciudad de México acusando que grupos de choque habían invadido la radio y las instalaciones donde se encuentra la antena, en la colonia Abasolo.
Todo fue parte de bluf –en plena temporada preelectoral– que derivó en un acuerdo para que a fines del mes de agosto entreguen la instalaciones de la estación que aquí encabezaba como gerente Miguel Ángel Torres, quien a la vez se queja de la morosidad en el pago de varios de los comunicadores que en los últimos meses brillaron ante la ausencia de su mensualidad, y fueron varios, de los cuales hay apellidos como Gómez, Telleache, Chávez.
Mala suerte la de Radio fórmula, pues no es la primera vez que rentan, la encargan y no les pagan.
Forzados
Donde tuvo que intervenir la justicia federal fue en el caso del Seguro Popular y el intento de sindicalización por parte de un grupo de empleados que encabeza el militante panista Amado Armenta, proceso que ya está por cumplir un año.
Amado Armenta
En ese tiempo y al darse cuenta desde la dirección de la paraestatal descentralizada del intento de sindicalización de manera independiente, Armenta fue despedido y ya en la banca resultó que la Junta de Conciliación y Arbitraje sí le otorgó el registro como nuevo gremio. Luego vino el relevo en el Seguro Popular, Carlos Torres fue por la candidatura a Diputado, y lo suplió Alejandro Monraz.
Después de obtener el registro sindical, el grupo de Armenta insistió en dar el siguiente paso: obtener el contrato colectivo. La ley establece que se debe efectuar un recuento, dado que de la nada surgió un sindicato externo con quien la patronal firmó de inmediato contrato colectivo.
A esos gremios que surgen en apoyo a los patrones se les conoce como sindicatos blancos, que firman contratos precisamente para proteger a las empresas ante el “riesgo” que surja un sindicato independiente. El caso es que ante la cerrazón, el grupo de Armenta tramitó un amparo, el cual salió a su favor por lo que ahora la Junta de Conciliación deberá llamar al recuento de manera obligada, ahora falta ver cuándo.
Poder Judicial
La noche del miércoles 17, fue hospitalizado de urgencia el titular del área de Comunicación Social del Poder Judicial, Mario Fibela. De inicio se mencionó la posibilidad de un problema cardíaco, aunque con el paso de horas y días se aclaró que se trataba más bien de una situación del sistema digestivo, pero igual, fueron varios días los que no salió de terapia intensiva. Finalmente parece que el comunicólogo y experimentado funcionario va en franca recuperación.
