Vamos viendo. En la presente Legislatura, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, llegó con suficiente apoyo en el Congreso, la elección la ganó en alianza, así que en teoría, suyos fueron los siete diputados panistas, dos del Partido de Baja California, dos de Nueva Alianza y uno del PRD; 12 de los 25 votos totales.
Evidentemente y como se acostumbra en la política mexicana, en el camino pudo negociar con los 13 restantes, al punto que el año pasado le aprobaron el 80 por ciento de las propuestas que envió.
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Así lo informó en junio pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al presentar, con números oficiales, el “Informe Legislativo 2016”, evidenciando que los congresos de los Estados mexicanos como el de Baja California, son “de los más costosos e ineficaces” del mundo.
Con estadísticas mostraron que, en lugar de servir de contrapeso del Poder Ejecutivo, los legisladores se dedican a aprobar casi todo lo que reciben del gobernador en turno, al servirle de organismo validador.
Respecto al Congreso de Baja California reportaron que en 2015, la XXI Legislatura dio luz verde a ocho de las diez propuestas enviadas por el gabinete del licenciado Francisco Vega de Lamadrid, también trabajaron 198 propuestas de Ley, reformas y adecuaciones a la legislación federal, aunque no realizaron todas las sesiones que la Ley les obliga.
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Como ejemplo de este sometimiento ciego, recordemos la sesión del 21 de mayo de 2015, cuando de manera sorpresiva, sin incluir en el orden del día y sin contener información que justificara, presentaron y aprobaron dos dictámenes que aceptaban una deuda para el Estado por 2 mil 388 millones de pesos: mil 700 millones de pesos para refinanciamiento del “crédito japonés” para infraestructura hidráulica, y 688 millones para la implementación en la entidad de lo que faltaba del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por cierto, hace un año y casi tres meses, ZETA solicitó vía transparencia datos a detalle para aclarar la distribución, los motivos y consecuencias financieras de esta deuda, y la Secretaría de Finanzas sigue negándose a proporcionarla, sin que a la fecha el instituto responsable haya podido hacer nada efectivo al respecto.
Los legisladores tampoco han hecho nada por combatir el cobro de cuotas o “moches” a los proveedores que son favorecidos con contratos, o la entrega de apoyos del presupuesto a empresa de amigos del gobernador y su gabinete, o la auto asignación de apoyos económicos gubernamentales, entre otras acciones de corrupción solapadas.
El reporte del IMCO también indicó que nuestros diputados hacen un uso indiscriminado de los recursos para gasto social que se les asigna, los cuales de acuerdo con las normas, deben ser entregados en forma de apoyos a los ciudadanos menos favorecidos.
Adicionalmente, tras un análisis de las finanzas, el Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC) informó que estos diputados que poco han hecho por representar los intereses de los bajacalifornianos, por supervisar y reorientar finanzas, corregir y sancionar actos de corrupción, cuestan anualmente 21 millones de pesos, incluidos los millones que les asignan para entregar a los pobres como gasto social. Recurso “incluso superior al presupuesto por legislador de la Cámara de Diputados”, agregó el IMCO.
Ese es el Congreso saliente que sirvió para apuntalar los primeros tres años del gobernador Vega. Ahora, pese a la renovación y el próximo inicio de la XXIII Legislatura, los datos disponibles no muestran que esta sumisión del Poder Legislativo bajacaliforniano ante el Ejecutivo vaya a tener cambios en los próximos tres años.
Para empezar, son 12 diputados del Partido Acción Nacional, lo que significa que para concretar una votación es difícil que necesite mayoría calificada; basta con negociar con cinco de los 13 diputados restantes, integrantes de partidos que en general se han mostrado dispuestos al intercambio de favores.
De hecho ya deben estarse arreglando, es lo que creen los mal pensados, los ciudadanos que no confían ni en los partidos, ni el los diputados, que según la encuesta presentada en febrero de 2016 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en su reporte “Transparencia y Combate a la Corrupción”, son el 91 y 90 por ciento, respectivamente.
La diferencia es tal vez que por Ley, los diputados entrantes podrán intentar reelegirse, aunque aún no saben cuáles serán las condiciones, está de por medio la redistritación que se hará efectiva en la próxima elección.
Sin embargo, esto podría ser una motivación para que los integrantes de la próxima Legislatura dejen de convertirse en un “contrapeso muerto” como ha definido a las legislaturas la licenciada Edna Jaime Treviño, directora general de la Organización No Gubernamental “México Evalúa”.
La posibilidad de reelegirse podría inspirarlos a convertirse en actores relevantes, a analizar y discutir de verdad los presupuestos, a controlar el destino de los gastos, los endeudamientos, a mantener una disciplina fiscal reduciendo en lo posible los costos sociales para fomentar la inversión en el Estado y evitar que sigan creciendo los cinturones de pobreza. Pero que se vea que lo intentan.
A ver si de paso les alcanza para dignificar a una clase política cada vez más opaca y dar justa razón a la existencia de la figura de un legislador que ve cómo la credibilidad se le va de las manos.
