Todavía despachaba Alejandro Lares Valladares como secretario de Seguridad, y el General Gabriel García Rincón era Comandante de la II Zona Militar con sede en Tijuana, cuando don Carlos García, transportista especializado de la región, acudió a ellos. De esto hace poco más de un año. Al del volante le preocupaba que iba a lanzar un servicio de transporte de turistas norteamericanos, asiáticos y europeos, desde los Estados Unidos y hasta la Avenida Revolución de Tijuana. Para entonces ya había cumplido con todos los requisitos de este y del otro lado de la frontera. Su agencia se promocionaba como una línea segura en agencias turísticas de San Diego y Los Ángeles. El método es sencillo: las agencias le envían grupos de turistas, él los recoge en San Diego, los traslada a Tijuana, los deja en la Revolución y a determinada hora los espera para llevarlos de regreso a la Unión Americana. Fácil, seguro, rápido. ¿El problema que entonces denunció al secretario Lares y al General Rincón? La mafia de taxis amarillos liderados por el hijo de don Rafael Morales Vizcarra, ya fallecido. Así, durante meses del último año, García, quien tiene tres empresas de transporte de turistas, entre ellas Ticketón, alertó a las autoridades de las amenazas que le surtía Rafael Morales hijo, y nada hicieron. Hoy día suman seis denuncias por ataques a sus unidades y el daño que ha causado en el ámbito del turismo extranjero que se siente inseguro ante los ataques impunes de un colectivo de taxis que también amedrentaron a los trabajadores de Uber, y que por ninguno de los casos, ha recibido sanción por parte de las autoridades regulatorias. El Ayuntamiento de Tijuana y su Dirección de Transporte se han visto muy tibios con el gremio de taxis amarillos, incluso ha sido descubierto cómo sus camiones blancos, sin insignias y para transportar turistas, portan placas de carros, en total irregularidad y con impunidad. La pasividad o complacencia del doctor Jorge Astiazarán y de su director de Transporte, José Luis Hernández, están no solo violentando la legalidad, sino perjudicando el tránsito de turistas y el desarrollo de negocios como el de don Carlos García.
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