La popularidad entre las nuevas generaciones le da un agregado para confrontar a quienes aplican los reglamentos locales de transporte, así como a intereses personales por parte de funcionarios públicos inmersos en el negocio del traslado de personas
Sin un reglamento firme, la autoridad municipal de Ensenada intenta enfrentar al gigante mundial Uber y otras empresas en camino a Baja California (aún no identificadas) que forman parte de una economía compartida que ha revolucionado los negocios tradicionales.
Basados en el Artículo 237 del Reglamento de Tránsito Municipal, policías de Tránsito iniciaron una persecución contra estos empresarios del volante que funciona desde diciembre de 2015. El pasado fin de semana infraccionaron a 55 choferes por no tener autorización, y no sólo eso, sino que sin tener facultades remolcaron las unidades al yonque, además de que otro ensenadense fue agredido físicamente cuando prestaba un servicio en Playas de Rosarito.
La trampa iniciaba cuando los conductores recibían una llamada para contratarlos, al llegar al lugar los esperaba el operativo conformado por la Unidad Municipal de Transporte (UMT) y Tránsito Municipal, relataron.
Los choferes de UBER son civiles que con tener un vehículo de modelo reciente (2008-2016) al corriente en impuestos y en buenas condiciones, aprobar un examen psicométrico, tener licencia vigente, seguro a terceros, un teléfono celular, estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y poder recibir ingresos a través de tarjeta de crédito, es como están calificados para prestar el servicio de traslado a través de una aplicación por internet.
El director de la UMT, Felipe Romero Guzmán, hijo de Santana Romero Maya, quien es dirigente vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que agrupa a transportistas, redireccionó las quejas de los conductores hacia la Secretaría General del Ayuntamiento, cuyo titular es Jesús Jaime González Agúndez.
“A mí sólo me corresponde regular y realizar operativos para que los prestadoras de servicio de alquiler o concesiones trabajen en el marco de lo que dice su concesión permitida por el Ayuntamiento. Yo siento que estás personas de Uber (están confundidas) porque no es conmigo con quien deben dirigirse, sino a la Secretaría, porque de ellos recibimos la instrucción”, se deslindó.
Aclaró que desconoce cómo funciona el servicio internacional Uber, a la vez de advertir que mientras no reciba una instrucción distinta por parte de su jefe inmediato, Jorge Herrera, subsecretario del Ayuntamiento, seguirán con la persecución.
Rematan con queja en Sindicatura
El mismo día los inconformes visitaron al síndico procurador, Iván Barbosa Ochoa, quien los recibió en su oficina, donde sugirió a los choferes elaborar una queja formal con testimonios, videos y fotografías de los hechos, a fin de iniciar una investigación.
Les dijo que su responsabilidad es vigilar que los funcionarios públicos, incluyendo policías, hayan actuado conforme a lo que marca el reglamento, de lo contrario se buscará una sanción para quienes hayan incumplido. La denuncia está en trámite.
Según el reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno (Artículo 24), es obligación de la Policía Municipal cooperar con otras corporaciones policiacas en operativos o cuando una autoridad jurisdiccional lo requiera, llámese Ministerio Público, juez o actuario, pero en el caso de los operativos no están facultados para intervenir.
“Sus funciones son: vigilancia, defensa social y prevención de los delitos, mediante la aplicación de medidas ordenada y concretas para proteger los derechos de las personas, el desenvolvimiento normal de las instituciones y la seguridad pública del Municipio, impidiendo cualquier acto que perturbe o ponga en peligro o altere la paz y tranquilidad social”, refiere el reglamento.
De igual menara, en el Artículo 35 se señala que sólo obedecerán a mandos legítimos.
“Todos están en la irregularidad”: Columba Domínguez
La regidora Columba Domínguez Delgadillo, ha expresado abiertamente que quienes prestan servicio de Uber están fuera de la legalidad porque no tienen autorización.
“Está demostrado que mientras no tengas un permiso en el municipio de Ensenada todos están en la irregularidad, porque todo carro que esté prestando un servicio público tienen que estar regulado por la UMT”, sostuvo la regidora.
Concesionaria de una línea de transporte público local y coordinadora de la Comisión de Seguridad Tránsito y Transporte, Domínguez insistió en que por el solo hecho de ir a un domicilio por una persona se cataloga como público.
“Todo el mundo se puede adaptar siempre y cuando esté en medio de la legalidad, imagínate si todo mundo quisiera traer su carrito y brindar el servicio público, ¿a dónde vamos a ir a parar?”, planteó.
Acorde con la regidora, el sector del transporte ha cambiado desde que ella está al frente de la comisión donde los choferes han sido sometidos a exámenes antidopaje, además de capacitados y no exceden los límites de velocidad.
Además, se quejó de los medios de comunicación, que deben estar mejor informados y con más documentos, y aunque tiene varios meses argumentando su desacuerdo por la operación de Uber, tampoco ha comprobado la legalidad de los taxistas, incluso de ciertos microbuses que se operan con choferes sin licencia, placas sin renovar, no expiden facturas al cliente ni tampoco tienen tarifas fijas para evitar abusos.
Privados vs. públicos
“Nosotros no somos servicio público porque no nos paramos en cualquier esquina o punto de la ciudad, porque quien ocupa de nosotros, solicita nuestros servicios a través de una plataforma de internet”, aseveró Rodrigo Ramírez vocero de la agrupación de Uber en Ensenada.
Aseguró que no se no se niegan a pagar las multas, sino que tienen dudas del por qué se llevan los automóviles al corralón.
“Si ellos nos quieren multar no hay problema, les pagamos lo que nos digan y les entregamos nuestras licencias, pero no es justo que remolquen las unidades, no es legal”, fue el alegato general de los afectados.
Molesto, el representante indicó que si la autoridad municipal dice desconocer cómo funciona este servicio, cómo es que castigan lo que ignoran, “como cualquier otro servicio privado de limusinas que paga sus impuestos”.
La agrupación está segura de que el pueblo pide a gritos un trato digno, de calidad que el gobierno municipal es incapaz de proporcionar, “por el que nosotros cobramos mucho más barato que un taxi”, expuso.
“Me ha tocado ver taxis sin bolsas de aire, con asientos enteipados, sin placas para circular y con modelos ochenteros, yo por ejemplo conduzco un vehículo 2016 que tiene dos aseguranzas (sic) con cobertura amplia, la de particular y una extensión por tres millones de pesos que cubre a mi usuario y terceros”, destacó Ramírez.
Por último, mencionó que en el caso del puerto no han tenido hasta el momento un incidente con un ciudadano en donde se les haya robado algo, maltratado, secuestrado o asaltado. “La gente misma está expresando su deseo de que el servicio continúe”.
El negocio “sí deja”
Los conductores lamentaron que con las ganancias que alcanzan los transportistas de Ensenada, éstos sigan prestando un servicio precario porque “de que deja, deja, tan es así que aquí estamos todos queriendo trabajar dignamente, no decimos que nos vamos a hacer millonarios, sino que estamos convencidos de que podemos dar un trato decoroso a nuestros clientes”.
Desde julio del 2015 que comenzaron a trabajar, los conductores de Uber buscan que les autoricen, pero requieren de una reforma al reglamento de Transporte.
Los vehículos que usan son último modelo y las cuotas de traslado son de 70 pesos en adelante, dependiendo la ruta dentro y fuera de la ciudad.
Infracciones no son de hoy: UMT
El director de la UMT, Romero Guzmán, se deslindó de la situación y advirtió que ellos reciben instrucciones de la Secretaría del Ayuntamiento.
“Eventualmente, no todos los días hacemos los operativos cuando recibimos quejas de los transportistas de alquiler. Nosotros hemos hecho hincapié a ellos que no están regulados ni normados bajo un permiso, busquen la estancia, que busquen un permiso”, declaró.
El Ayuntamiento es el único facultado para regular, pero al no conocer el modus operandi de las empresas internacionales, no tiene una solución en puerta.
Guzmán dijo que seguirán con la persecución hasta que le den una instrucción diferente.
Lesionan en Rosarito a operador UBER
El acoso por parte de la DSPM y la UTM alcanzó su cuota de violencia durante la noche del sábado 9 de julio en Playas de Rosarito.
Un chofer que prestaba un servicio de Ensenada a Playas de Rosarito denunció que fue interceptado a las seis de la tarde, cuando un oficial municipal le advirtió que infringía el reglamento al prestar un servicio sin autorización.
A versión del afectado, quien pidió anonimato, cuatro horas después lo volvió a detener la misma patrulla, lo que da a entender que lo anduvieron siguiendo, pero en esa ocasión usaron la fuerza pública.
“Me esposaron, me subieron a la patrulla y el conductor (policía) me dio un codazo en la boca, me pisoteó la cabeza, me pateó yo estando esposado”, narró.
Su unidad no fue remolcada a los patios municipales, sino que el agente policiaco tomó las llaves y la trasladó sin entregar alguna papeleta de multa o comprobante de que el carro fue detenido.
El afectado quedó en libertad a las cinco de la mañana del domingo 10, mientras la compañía aseguradora se hizo cargo de la investigación.
Lo que dice
la Ley
ARTÍCULO 35.-La Policía Municipal actuará como auxiliar del Ministerio Público, de la Policía y del Poder Judicial, obedeciendo sólo mandatos legítimos en la investigación, persecución, detención o aprehensión de delincuentes, y ejecutará las órdenes de suspensión de obras que se realicen sin licencia o sean peligrosas.
El reglamento
de Tránsito
ARTÍCULO 237.- Los elementos de Policía y Tránsito están facultados para impedir que circulen vehículos en los siguientes casos:
V.- Cuando se trate de un vehículo que se dedique a prestar un servicio público y no se tenga la concesión o permiso para prestarlo.