En diversas ocasiones, ZETA ha evidenciado casos en que las personas son abusadas en sus derechos humanos o, peor aún, han sido víctimas del delito de trata de personas sin siquiera saberlo, como jornaleros agrícolas del municipio de Comondú, donde aparte de vivir en condiciones precarias, son explotados por míseros sueldos y sin transportación adecuada. En abril de este año, la Delegación Federal del Trabajo se vio obligada a realizar una inspección, en la cual se constató físicamente que esos vehículos “… no cuentan con ninguna seguridad para la transportación de los jornaleros agrícolas, cabe hacer mención que no cuentan siquiera con asientos y usan los baldes de recolección del producto para poderse sentar dentro del transporte durante el trayecto, sin dispositivos de seguridad, sin la acreditación de la capacitación de los operadores”, informó la dependencia.
Tal fue una de tantas observaciones. En Vizcaíno, municipio de Mulegé, el año pasado se detectaron irregularidades en campos agrícolas como “El Piloto”, y en 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró a un grupo de jovencitas que estaban siendo explotadas sexualmente en Los Cabos y, se sabe, en Cabo San Lucas, niños y niñas utilizados para diversas actividades en la zona turística; hasta el momento no se ha logrado detener a responsables de esos delitos.
Precisamente en el marco de la clausura del segundo simposio “Protección, Denuncia y Prevención Social del Delito de la Trata de Personas”, llevado a cabo en La Paz, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llamó a los funcionarios públicos a estar alertas contra el delito de la trata de personas.
“Ustedes tienen un papel muy relevante en la detección de víctimas de trata de personas, especialmente en el ámbito de la explotación de los trabajos o servicios forzados y esclavitud; su visión, su intervención oportuna puede ser una de las herramientas más útiles y eficaces para combatir la trata de personas”, lanzó.
En Baja California Sur, en particular Los Cabos, Comondú y Mulegé, se ha presentado el abuso de jornaleros agrícolas y en algunos casos de menores, con sanciones que han sido mínimas, por ello también se necesita un fuerte trabajo de legislación que le ha fallado al Congreso local, ya que incluso algunos de los diputados prefieren aprovechar para organizar eventos sociales, deportivos y de precampaña, a mejorar su labor.
Aunque es un delito considerado como grave, la Delegación Federal del Trabajo ha evidenciado que se necesitan sanciones más fuertes a quienes ejerzan la trata de personas, “a pesar de que nosotros aplicamos las multas menores, porque encontramos muchas irregularidades, la cuantía se eleva, en este año sin darte números exactos, ya hemos aplicado multas que van de los 600 (mil pesos) al millón de pesos. Desde 250 veces el salario mínimo a cinco mil, dependiendo del grado que exista en la sanción y el tipo de empresa”, argumentó Ernesto Álvarez Gámez, delegado del Trabajo en BCS.
Por su parte, el gobernador Carlos Mendoza Davis anunció la instalación de la comisión que atenderá estos casos, con el fin de que “la comisión interinstitucional para prevenir, erradicar y sancionar el delito de trata de personas, y esta comisión, va a coordinar los trabajos interinstitucionales dentro de los tres niveles de gobierno para poder enfrentar de la mejor manera”, y así no ser negligentes en la atención a los delitos contra la libertad de las personas.
Precisamente la CNDH emitió recomendaciones por abuso en contra de jornaleros agrícolas por las condiciones en que mantenían al personal, y aunque no sea una dependencia que pueda sancionar directamente y sí de manera indirecta con las recomendaciones a otras dependencias de procuración, advirtió que serán rigurosos en esta clase de abusos.
“La Comisión Nacional ahora en la etapa que sigue será muy objetiva, será rigurosa en el seguimiento de la misma para que se cumpla la recomendación en los términos que así se plantearon”, señaló el ombudsman.
