En enero de este 2016, Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, ex dirigente nacional del PRI, fue detenido en Madrid, España, por la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Siendo mexicano el indiciado, que se encontraba en aquellas tierras asegún cursando una maestría, le fue negado el derecho a fianza para seguir su proceso en libertad. El Juez sospechaba, de manera fundada, que si Moreira no era encarcelado, abandonaría España para trasladarse a México, donde ha sido beneficiario del sistema político y gubernamental, que suelen ser las cabezas de los órganos de procuración de justicia.
Días después se comprobó la actitud favorecedora de un gobierno para con un ciudadano. El Gobierno Federal de la República Mexicana que encabeza Enrique Peña Nieto, utilizó el poder del Estado para interceder por Moreira. Aun cuando no de manera abierta y oficial, reporteros investigadores del diario El País, de España, dieron cuenta cómo el servicio diplomático de la Embajada Mexicana en aquel país se puso a disposición del hombre señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y blanqueo de capitales. Incluso recogieron los periodistas los testimonios de empleados de la Fiscalía Anticorrupción, que aseveraban como fuentes de calidad y confianza, cómo desde la Procuraduría General de la República en México, la Procuradora Arely Gómez, se comunicó hasta aquella instancia para conocer de viva voz los pormenores del caso que se le seguía a Humberto Moreira. Serían las presiones, el ejercicio de la Ley, o las bondades jurídicas, pero a los pocos días, Moreira recuperó su libertad, y en efecto, después de soltar algunas lágrimas, salió directo al aeropuerto para trasladarse a este País.
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Por entonces las voces críticas de México, escritores, analistas, politólogos, estudiosos, investigadores, columnistas y periodistas independientes, alzaron la voz y pusieron en duda la honestidad de Moreira. Ya la Fiscalía española presumía la comisión de delitos, y lo había detenido, hecho que se sumaba a la lista de sospechas que en cortes de los Estados Unidos se cernían sobre la administración de Moreira cuando fue Gobernador, y en cuyas causas, ex colaboradores del priista han sido detenidos o están bajo investigación.
Relacionar la palabra corrupción al apellido Moreira pues, no era algo que se antojaba imposible, impensable o improbable. El hombre había sido detenido y las investigaciones en España y en los Estados Unidos, seguían su curso.
El caso Moreira se sumaba, además, a los que han sido señalados en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La adquisición de la Casa Blanca por parte de la familia presidencial y la adquisición de una casa por parte del secretario de Hacienda, en ambos casos a filiales de la compañía constructora más favorecida por el Gobierno de la República. El clima de corrupción e impunidad que se vivía y vive en el Veracruz del priista Javier Duarte, la utilización de un helicóptero oficial para fines personales del director de la CONAGUA, y otros más, que, en el contexto de la aprehensión del ex Gobernador en tierras ibéricas, fueron recordados y metidos en el mismo costal que llevaba por membrete corrupción e impunidad.
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Fueron muchos pues, quienes asociaron la corrupción y la impunidad al nombre de Humberto Moreira. Uno de ellos, el investigador del Colegio de México, analista y periodista, Don Sergio Aguayo. En aquel entonces en una de sus columnas periodísticas, el intelectual refirió, a propósito de la aprehensión en España, que la carrera pública de Humberto Moreira olía a corrupción y que era un ejemplo de impunidad. Seis meses después de ello, con Moreira ya instalado en el País, cobrando una pensión como maestro comisionado por los últimos 30 años, de 37 mil pesos al mes según le fue aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el político que vive en el ostracismo, decidió demandar a Sergio Aguayo. Lo hizo en la Ciudad de México y por daño moral. Exige una reparación del daño que le causó la publicación de Aguayo, en dos sentidos. Una disculpa pública, y una indemnización de 10 millones de pesos.
Desde algún lugar, dado que Moreira no aparece en público desde su aprehensión y liberación en España, los abogados del ex gobernador, es la tercera ocasión que entablan procesos jurídicos contra representantes de la prensa o medios de comunicación. En mayo de este año, demandaron a una reportera y al periódico Vanguardia de Saltillo, precisamente por la nota donde hacían referencia a la pensión del priista. Exigió Moreira, reparación del daño moral.
Sergio Aguayo tiene una hipótesis para entender por qué Moreira lo demandó solo a él y seis meses después. Escribió el investigador de El Colmex: “Quiere intimidarme y desgastarme porque estoy dirigiendo, desde el Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila del 2011 (los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300)”. En ese entonces, aclara Aguayo después, Moreira era dirigente nacional del PRI. Sostiene además el columnista. “Moreira está enojado porque, en una columna que escribí en enero de este año (cuando lo detuvieron en España), opiné que su carrera pública olía a corrupción y que era un ejemplo de impunidad. Me pide una indemnización por 10 millones de pesos. Será una batalla jurídica larga y desgastante pero tengo elementos para armar una buena defensa ante los tribunales”.
Sobra decir que Humberto Moreira al cierre de edición del semanario que usted tiene en sus manos, no había dado una posición pública sobre su proceder, ni el partido al que pertenece, el PRI, una opinión al respecto. En un hecho que parece atentar contra la libertad de expresión –el caso de la reportera y el periódico Vanguardia, y ahora el de Aguayo–, las instituciones políticas y gubernamentales de este país lo están minimizando para dejarlo seguir como “un pleito entre particulares”, tal y como hicieron con el pleito MVS-Carmen Arístegui. Ésa parece ser la tónica del PRI que gobierna este país, en estos momentos: minimizar la crítica, ignorar las acciones persecutorias a la prensa libre, reducir la información a casi nada y lograr con ello, que el sentir social, la opinión pública, se distraiga con nimiedades. Así el tamaño de la manipulación de la noticia a partir del discurso siempre forzado e imaginativo o de la vil inacción oficial.
Humberto Moreira es un hombre, un político, que pertenece a un partido y al proyecto de nación del Tricolor. Fue artífice en el “triunfo” del candidato Enrique Peña Nieto en el 2012, y ha recibido cargos, presupuestos, recursos y un sistema de vida por parte del Estado Mexicano. Sus acciones no son cosa menor. Menos cuando se enfrenta a uno de los intelectuales más críticos de este País. Dejar a Sergio Aguayo solo en esta cruzada de un priista por limpiar lo que considera ser su honor, será equivalente a abrir la puerta para que esa manera que tiene el gobierno para presionar a periodistas, analistas, columnistas y críticos de este país se vuelva oficial. Y entonces sí, la libertad de expresión, de suyo en extinción en el México actual, no podrá evitar la censura, y la autocensura. ¿Será ésa la lección que busca dar el presunto maestro Moreira en el país de las atrocidades y el silencio?
